“Como profesores de Camilo exigimos una investigación a fondo sobre los hechos ocurridos, teniendo especial consideración por la versión del estudiante en la que además de consignar su total inocencia, ha sido avalada tanto por sus compañeros que estuvieron con él durante la marcha, como por los antecedentes recogidos que hacen pensar en la existencia de un montaje”, señalan en la carta que también lleva la firma de otros 20 académicos.
Los destacados historiadores Sergio Grez y Gabriel Salazar firmaron una carta pública en solidaridad con Camilo Díaz, estudiante de Historia de la Universidad de Chile que permanece encarcelado tras ser acusado de portar un artefacto explosivo.
El joven participó en la manifestación estudiantil del pasado 8 de mayo, cuando fue arrestado. Aunque inicialmente se decretó arresto domiciliario nocturno, el pasado jueves la Corte de Apelaciones decretó su prisión preventiva por 90 días en el Penal Santiago 1 (ex Penitenciaría).
Según un artículo publicado en la página del Programa de Educación Continua para el Magisterio (PEC) de la U. de Chile, Grez, Salazar y otros 20 miembros del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la casa de estudios, piden que Díaz “pueda ejercer su derecho a la justa defensa, respetándose el principio de presunción de inocencia y ordenándose de inmediato su liberación”.
“Como profesores de Camilo exigimos una investigación a fondo sobre los hechos ocurridos, teniendo especial consideración por la versión del estudiante en la que además de consignar su total inocencia, ha sido avalada tanto por sus compañeros que estuvieron con él durante la marcha, como por los antecedentes recogidos que hacen pensar en la existencia de un montaje”, señala la carta.
Los firmantes además hicieron un llamado a las autoridades policiales y judiciales para que dispongan las medidas que garanticen un debido proceso.
“El recurso del montaje y de la fabricación de pruebas no constituye hechos aislados y ha sido castigado cuando los tribunales se han propuesto ir al fondo de sus investigaciones. Estas prácticas ponen un gran signo de preguntas sobre la forma en cómo se llevan a cabo las investigaciones de los policías y de la justicia, del rol que deben jugar las fuerzas de orden y seguridad pública en Democracia y manifiestamente son una fuente de debilitamiento de nuestro Estado de Derecho”, indica el texto.
“Condenamos este tipo de conductas que afectan nuestra convivencia y empañan el legítimo derecho a manifestarse y protestar. Nuestro país no puede convertirse en un lugar donde quienes demandan cambios en nuestro sistema educacional y se movilizan por ello, sean víctimas de actos de amedrentamiento y persecución”, cierra el documento, firmado también por la vicedecana de Facultad de Filosofía y Humanidades, María Eugenia Horwitz, y el director de la Escuela de Pregrado, Ulises Cárcamo, entre otros.
