Entre las 24 indicaciones que el Mineduc ingresó al Congreso para modificar el proyecto que termina con el lucro, el copago y la selección en la educación escolar, se incluye la iniciativa que permite que los sostenedores de colegios reciban un sueldo por su labor. Esa remuneración será fijada por la propia Corporación Educacional y no tendrá un límite máximo establecido por la autoridad. Giorgio, Camila y el movimiento estudiantil se enojaron.
Era una de las demandas de los sostenedores de colegios particulares subvencionados. El tener un sueldo –o “justa retribución”, como dicen ellos–, por su labor al frente de establecimientos educacionales. Cuando el proyecto que termina con el lucro, el copago y la selección en los colegios ingresó al Congreso en mayo, señalaron que ellos no estaban para ser “meros administradores de fondos fiscales”, y que se debía asegurar un pago.
Sofocar el enojo de los sostenedores fue uno de los objetivos de la presentación de nuevas indicaciones al proyecto. Además de permitir el arriendo de los inmuebles donde funcionan los colegios, y de acercar el proceso de selección de alumnos a los mismos establecimientos, se fijó una remuneración para el sostenedor que ejerza la administración superior de los mismos. Esa remuneración será fijada por la misma Corporación Educacional, y el proyecto no establece mayores restricciones en cuanto a un límite máximo o a criterios para determinar de cuánto será el monto que obtendrán los sostenedores.
En concreto, el documento presentado por el Mineduc indica: “Pago de una adecuada remuneración a las personas naturales que ejerzan, de forma permanente y efectiva, funciones de administración superior en la entidad sostenedora respecto de el o los establecimientos educacionales de su dependencia. Las funciones anteriores no podrán ser delegadas, en todo o en parte, a personas jurídicas”.
En Educación aseguran que así se asegurará que el sostenedor efectivamente trabaje en los colegios, y que con esto se busca remunerar el trabajo y no “el capital de socios pasivos”, lo que podría asimilarse al retiro de utilidades que hoy ocurre en numerosos colegios particulares subvencionados.
Además, la indicación presentada por el gobierno señala: “Tratándose de las remuneraciones señaladas en el numeral i) del inciso segundo, estás deberán ser razonablemente proporcionadas en consideración al tamaño y complejidad del o los establecimientos educacionales, y a las remuneraciones que normalmente se paguen en contratos de similar naturaleza”.
La encargada de supervisar este proceso será la Superintendencia de Educación, aunque no se explicita si es que existirán normativas específicas al respecto, ni tampoco cuál será la escala de comparación para establecer cuándo un sueldo será “razonablemente proporcionado”.
[cita] Una postura similar asumió la diputada del PC, y ex presidenta de la FECh, Camila Vallejo, quien asegura sentirse preocupada: “Me preocupa que sea la Fundación la que fije el monto total de la remuneración, porque se puede prestar para abusos. Que bajo el proyecto educativo, o frente a lo riesgoso que pueda ser operar en un lugar vulnerable, pase que los sostenedores se paguen más de lo que se paga un directivo en una DAEM (sostenedoras de educación municipal)”, plantea la parlamentaria. [/cita]
Desde el interior del Mineduc afirman que sabían que este tema podía generar polémica, pero que prefirieron simplificar la discusión: “El ministro dijo simplifiquemos, si hacemos una fórmula es complicar algo que no hay por qué complicar. Esto es pago al trabajo y no al capital. Si este pago es desproporcionado, hay formas de medirlo a través de la Superintendencia”, señalan. Suman que en Chile es muy difícil fijar sueldos, y que como referente miraron lo que ocurre en las fundaciones, donde el directorio fija la remuneración del personal administrativo.
Agregan que durante la elaboración de las indicaciones se escuchó a quienes proponían que la remuneración se fijará como un porcentaje de las utilidades del colegio, pero que esa opción se desechó porque terminaría transformándose en un retiro de utilidades. Cuentan que también abortaron la opción de fijar un límite máximo de sueldo, porque eso iba a significar que los sostenedores se aferraran a ese límite, más allá de las particularidades de cada establecimiento.
Frente a la complicación del tema, indican que la opción fue no casarse con una fórmula ahora, que sabían que “siempre vamos a quedar mal con alguien”, y que buscarán ir viendo cómo se desarrolla este tema en el tiempo, realizando los ajustes que sean necesarios, como un eventual instructivo que podría emanar de la Superintendencia para delimitar la fijación de los sueldos. Además, plantean que el proyecto incluye una indicación nueva que busca implementar la transparencia activa de los gastos en que incurran los sostenedores, para así asegurar que la ciudadanía tenga acceso a esa información y pueda colaborar en la fiscalización de cómo se utilizan los recursos públicos.
La inquietud por las indicaciones se reflejó en el almuerzo que sostuvo ayer el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, con los diputados de la Nueva Mayoría que componen la Comisión de Educación de la Cámara. Quienes conocieron el contenido de la conversación, comentan que el sueldo de los sostenedores fue un tema, pero que el secretario de Estado defendió con fuerza su propuesta.
Quien no participó de ese encuentro, el diputado de Revolución Democrática, y también miembro de la Comisión de Educación, Giorgio Jackson, afirma que la norma deberá ajustarse e incluir mayores exigencias para los sostenedores.
“Es sumamente importante dejar establecido que el trabajo será de dedicación exclusiva, con contrato de trabajo y por una jornada completa. De lo contrario, podríamos llegar al absurdo de tener sostenedores que se contrataran por una hora a la semana por $10 millones al mes”, dice Jackson.
Una postura similar asumió la diputada del PC, y ex presidenta de la FECh, Camila Vallejo, quien asegura sentirse preocupada: “Me preocupa que sea la Fundación la que fije el monto total de la remuneración, porque se puede prestar para abusos. Que bajo el proyecto educativo, o frente a lo riesgoso que pueda ser operar en un lugar vulnerable, pase que los sostenedores se paguen más de lo que se paga un directivo en una DAEM (sostenedoras de educación municipal)”, plantea la parlamentaria.
Vallejo dice además que es necesario que exista un rango. “En las DAEM, teniendo varios colegios a cargo, pueden ganar sueldos de hasta 3 millones, pero hay un límite”. Por lo mismo, la diputada argumenta que deben hacerse precisiones: “Creo que es importante asegurar que el sostenedor trabaje, y trabaje lo que está estipulado en el contrato”.
En el movimiento estudiantil recibieron las indicaciones con distancia. La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Lorenza Soto, plantea que, de aprobarse estas indicaciones, existirá un lucro encubierto en el sistema: “En primer lugar se dijo que se debía remunerar de manera justa a los sostenedores, se ha dicho que se va a poder arrendar colegios y vemos cómo el proyecto de fin al lucro va quedando muy desplazado. Vemos en las universidades que, aunque esté prohibido el lucro, este igual se hace. Y con estas indicaciones se viene a reafirmar el lucro encubierto. Es un lucro encubierto que al sostenedor se le pague un sueldo sin definir en qué va a trabajar ni qué límite va a tener”.
“Nos parece que los sueldos no son algo que deba quedar al azar. No nos parece positivo que haya chipe libre en la asignación de los sueldos, y creemos que debiera haber una escala de referencia –o un máximo de sueldo–, desde la cual, cuando este implementada la política pública, la Superintendencia pueda fiscalizar, porque nos podemos perder en una mala fiscalización”, plantea el Coordinador Nacional de la Cones, Tomás Leighton, sumándose a los cuestionamientos.
Entre los sostenedores tampoco están satisfechos, pero por otros motivos. El presidente de la Conacep –que agrupa a cientos de colegios particulares subvencionados–, Hernán Herrera, reclama porque la remuneración estará enfocada solo en personas naturales: “El gobierno ha dicho que la solución es crear estas Corporaciones que van a controlar varios colegios, pero se les impide a los sostenedores tener una sola plataforma para administrar estos colegios. Creemos que así no se permite que exista una sinergia en la administración de los colegios”.
Herrera les manda un mensaje a quienes piden mayores restricciones para fijar los futuros sueldos de los sostenedores, argumentando que era básico que se les pagara por su labor: “Quienes creyeron que los sostenedores iban a seguir cumpliendo una gestión al interior del establecimiento sin remuneración, es porque no entienden nada de cómo funciona esto”.
A Jaime Bellolio, diputado de la UDI en la Comisión de Educación, le parece que la regulación que se establece en las indicaciones es suficiente, pero señala que el foco del Mineduc está equivocado: “Lo que pasa es que esta fórmula pierde el foco. La regulación que hay dice que el sueldo tiene que ser razonable y que queda a discreción de la Superintendencia meterse o no. Pero lo relevante aquí es la calidad, y al gobierno solo le importa el Rut del sostenedor”.
El parlamentario de la Alianza propone que cuando un colegio funciona bien en los indicadores, se lo debe dejar “trabajar tranquilo”, pero que cuando los resultados son malos, se debe intervenir para asegurar la calidad.
Hoy la Comisión de Educación comenzará la votación en particular del proyecto que elimina el lucro, el copago y la selección. La Nueva Mayoría tiene la mayor cantidad de votos, pero estará por verse qué pasará con las indicaciones que presentó el Ejecutivo –como la que permite que los propios sostenedores se fijen su sueldo–, y qué ocurrirá con las propuestas lanzadas por los diputados: que el lucro se tipifique como delito –presentado por Jackson y Vallejo–, o la que prohíbe que las ATE tengan fines de lucro, propuesta defendida por la diputada DC Yasna Provoste.
La discusión seguirá en los próximos días, pues los parlamentarios oficialistas ya preparan nuevas indicaciones para perfeccionar la norma sobre la fijación del sueldo de los sostenedores.