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Senado cierra filas por niños haitianos y pide a Kast encabezar un plan nacional de búsqueda
La Cámara Alta aprobó por unanimidad solicitar al Presidente un plan para localizar a los menores ingresados por reunificación familiar cuyo paradero se desconoce. Además, anunció cambios legales para endurecer controles y apuntó a fallas de coordinación entre organismos del Estado. [ACTUALIZADA]
La desaparición del radar estatal de decenas de niños haitianos que ingresaron a Chile mediante reunificación familiar escaló este miércoles al Congreso. Tras una sesión especial marcada por duras críticas a las fallas del sistema migratorio y de protección de la infancia, el Senado aprobó por unanimidad un acuerdo para solicitar al Presidente José Antonio Kast que encabece un plan nacional urgente destinado a ubicar a los menores cuyo paradero hoy se desconoce.
La resolución fue adoptada luego de una sesión extraordinaria convocada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien suspendió la tabla ordinaria para abordar exclusivamente el caso. En la instancia participaron representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Defensoría de la Niñez, mientras el Gobierno mantenía en paralelo una reunión interministerial de emergencia en La Moneda para coordinar la respuesta del Ejecutivo.
En el proyecto de acuerdo aprobado, la Cámara Alta solicita al Mandatario liderar “un esfuerzo nacional conjunto con los diferentes poderes del Estado” y disponer “con carácter urgente un plan de búsqueda y localización de los niños, niñas y adolescentes haitianos ingresados al país”.
Además, los senadores Paulina Núñez (RN), Danisa Astudillo (PS), Ximena Órdenes (Independiente del comité PS, PPD y PL), Rodolfo Carter (Independiente del comité Partido Republicano) y Esteban Velásquez (FRVS) ingresaron un proyecto de ley que modifica la Ley de Migración y Extranjería para endurecer los procedimientos de reunificación familiar cuando involucren a menores de edad.
Críticas a una “falla sistémica”
Durante el debate, parlamentarios de distintos sectores coincidieron en que el caso revela una grave falla de coordinación entre los organismos del Estado. Las intervenciones apuntaron a la falta de respuesta frente a las alertas emitidas desde el Congreso y otros servicios públicos, la escasa fiscalización posterior al ingreso de los menores, la debilidad de los mecanismos de trazabilidad y protocolos considerados demasiado flexibles.
Los senadores advirtieron que el Estado ni siquiera conoce con certeza cuántos menores podrían encontrarse en esta situación, debido a las deficiencias de los sistemas de seguimiento. “Detrás de los oficios hay niños y no se ha respondido quiénes son y dónde están”, fue una de las frases que marcó la discusión.
También se planteó la necesidad de fortalecer los controles migratorios, modernizar los sistemas tecnológicos de fiscalización y revisar el sostenido aumento de visas otorgadas a menores de edad. Varios legisladores calificaron el caso como una eventual de las más graves vulneraciones a los derechos de la infancia registradas en los últimos años.
DGAC y PDI explican sus roles
Ante el Senado, el director general de Aeronáutica Civil, Humberto Fernández, explicó que la DGAC no controla el listado de pasajeros ni la documentación migratoria, ya que su función se limita a la seguridad operacional de los vuelos.
Por su parte, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Ricardo Gatica, sostuvo que los menores ingresaron con permisos de residencia temporal por reunificación familiar otorgados por el Servicio Nacional de Migraciones y que la policía verificó que la documentación cumpliera con los requisitos legales. Agregó que se levantó un acta por cada niño y que, pese a que los ingresos cumplían formalmente con la normativa, la institución emitió alertas e impulsó investigaciones que hoy permanecen abiertas.
Gobierno activa comité de emergencia
Mientras se desarrollaba la sesión especial, La Moneda reunió de urgencia a los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad Pública, Justicia y Desarrollo Social, además del Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y Carabineros, en una cita denominada “Esclarecimiento y Protección de Niños Haitianos”.
La convocatoria se produjo después de que el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, informara que entre 2022 y 2025 se autorizaron 16.498 reunificaciones familiares y que, en una muestra de 105 menores revisada por la Contraloría, 64 no pudieron ser ubicados en los domicilios registrados. Paralelamente, la Fiscalía mantiene investigaciones por tráfico de migrantes, eventuales irregularidades en la entrega de visados y otros hechos vinculados al ingreso de menores desde Haití.
En paralelo, los diputados UDI Natalia Romero y Mario Olavarría solicitaron que la Fiscalía cite al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, en calidad de “sujeto de interés”, argumentando que las decisiones u omisiones durante su administración podrían haber incidido en los hechos que hoy son investigados.
