Gremio recalca falta de recursos y de personal al interior de la institución
«No entendemos por qué el gobierno privilegia esta reforma», afirmaron desde de la Asociación Nacional de Fiscales, argumentando que este tipo de delitos «representan una ínfima fracción». Esto después de que este lunes el ministro Elizalde diera a conocer la agenda legislativa que impulsará el Ejecutivo en respuesta al atentado terrorista en Metro Escuela Militar.
Este lunes, el vocero del gobierno, Álvaro Elizalde, dio a conocer la agenda legislativa que impulsará de aquí a fin de año el Ejecutivo para fortalecer la seguridad pública y reaccionar ante el atentado explosivo ocurrido hace algunas semanas en el Metro Escuela Militar. Mientras los tres imputados por el hecho esperan a ser formalizados este martes, hoy tras el comité político en La Moneda el gobierno informó que enviarán varios proyectos de ley: el primero apunta a modificar la Ley Antiterrorista; el segundo, regula las conductas de carácter terrorista; otro, entrega nuevas facultades a la ANI; y un cuarto apunta a crear fiscalías especializadas en delitos de alta complejidad.
Este último anuncio fue el que precisamente desató la preocupación de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, quienes alertaron una vez más sobre la falta de recursos que atraviesa la institución. «Sin perjuicio de valorar el interés del Ejecutivo de dotar a la Fiscalía de mejores instrumentos para hacer persecución penal, a los fiscales nos preocupa sobremanera que se están privilegiando herramientas que no solucionan la grave crisis que afecta hoy a la Fiscalía”, sostuvieron a través de un comunicado.
Entre los principales problemas que aquejan a la institución mencionaron «la falta de fiscales, las renuncias masivas de colegas, las necesarias mejoras en la gestión», entre otros.
Esta no es la primera vez que el gremio da la alarma sobre la precaria situación que atraviesa. A comienzos de septiembre, tras ocurrido el bombazo en el Metro Escuela Militar, los funcionarios de la institución que quedó a cargo de dar con los autores del evento denunciaron la falta de recursos.
En ese contexto, los funcionarios aseguraron que las causas de alta complejidad son las menos y «representan una ínfima fracción, inferior al 0.1 por ciento de todas las investigaciones. En ese sentido, no entendemos por qué el Gobierno privilegia esta reforma». Esto teniendo en cuenta que “recién a fin de año se abordarán otras medidas que son urgentes y que afectan a la inmensa mayoría de las víctimas de delitos de este país”.
En ese sentido, se mostraron preocupados también sobre las características de la institución que el gobierno pretende crear. «Nos preocupa enormemente que se esté pensando en un modelo de Fiscalía de Alta Complejidad burocrático y centralizado en Santiago, que se relacione con las regiones simplemente a través de delegar sus labores en los mismos fiscales de siempre. De esa manera, no se conseguirá un avance sustantivo, y sólo se sobrecargará aún más de trabajo a los persecutores de las fiscalías locales”, recalcaron.
