El complejo escenario que instaló divulgación de datos clave del caso por bombazos
No solo fue la filtración del miércoles 17 de septiembre en la tarde sobre el operativo policial para detener a los presuntos implicados en los bombazos del Metro Los Dominicos (13 de julio) y Escuela Militar (8 de septiembre), que obligó a adelantar la diligencia para evitar que fracasara, sino también la información excesivamente detallada que el domingo 21 apareció en la prensa, con minuciosos antecedentes de pasos y pruebas –ADN, videos de seguridad, tarjeta Bip!– recopiladas por la investigación los diez días previos a la detención de Juan Flores, Nataly Casanova y Guillermo Durán.
Obviamente nadie se hace cargo y todos los actores involucrados se declaran preocupados, pero lo concreto es que efectivamente ha habido no una, sino varias filtraciones de información clave en el caso de los bombazos en el Metro. Hay versiones cruzadas y el hecho ha implicado llamados públicos al orden en este ámbito, considerando el impacto que puede tener en la viabilidad del proceso judicial, pero en medio de todo este ambiente, las miradas desde La Moneda –y también en Carabineros– apuntan unánimemente a la Fiscalía Metropolitana Sur y todo el equipo a cargo de la investigación, especialmente a su máxima autoridad, Raúl Guzmán.
No solo fue la filtración del miércoles 17 de septiembre en la tarde sobre el operativo policial para detener a los presuntos implicados en los bombazos del metro Los Dominicos (13 de julio) y Escuela Militar (8 de septiembre), que obligó a adelantar la diligencia para evitar que fracasara, sino también la información excesivamente detallada que el domingo 21 apareció en ‘Reportajes’ de La Tercera, con minuciosos antecedentes de pasos y pruebas –ADN, videos de seguridad, tarjeta Bip!– recopiladas por la investigación los diez días previos a la detención de Juan Flores, Nataly Casanova y Guillermo Durán.
Eso llevó a que este lunes 22, a primera hora, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy –durante una entrevista en el programa ‘Tu mañana’ de TVN–, advirtiera públicamente que “cualquier rumor o filtración inadecuada puede echar abajo cualquier investigación”. Desde Interior precisaron que la frase de la autoridad no tenía ningún destinatario puntual y que el objetivo era llamar a que “las instituciones funcionen de manera adecuada”. Reconocen, eso sí, el alto grado de preocupación que hay por el tenor de las filtraciones, porque hace que no sea menor el riesgo de que el caso completo “se caiga”, al “contaminarse” el proceso.
Pero la verdad es que en La Moneda afirman que todas las sospechas recaen en la Fiscalía Metropolitana Sur, reconocen que la advertencia sí iba dirigida al Ministerio Público y que el tema de las filtraciones es un asunto que se estaba tratando de contener antes incluso del operativo. El martes 16 de septiembre a las 18:00 horas fueron citados a La Moneda todos los directores de medios de comunicación, ocasión en que se les planteó la importancia de la responsabilidad con que se debía actuar en este caso y que no se hicieran cargo de las filtraciones de la investigación.
[cita]Desde el Ministerio Público se defienden y aseguran que el fiscal Guzmán “está muy molesto” con las filtraciones, que son a los que menos “les conviene” y “los mayores perjudicados” de que se divulguen por la prensa aspectos de la investigación que pueden impactar negativamente en el desarrollo del caso, al tiempo que desmienten que la intención de suceder a Chahuán se haya planteado formalmente hasta ahora.[/cita]
El tema de las filtraciones no es menor, sobre todo lo relacionado con las pruebas, porque tal como ya advirtió el lunes el abogado Rodrigo Román –defensor de los sobreseídos del Caso Bombas– “develar los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa constituye un delito, conforme lo señala la actual Ley 18.314”. Y agregó que “lo conveniente es que los casos se ventilen en papel-proceso y no en papel de diario. Me parece sorprendente, increíble que la prensa esté filtrando información que es parte de la carpeta investigativa, que es secreta; a la que ni siquiera tiene acceso la defensa”.
En La Moneda no sólo se apunta a la Fiscalía Sur, sino que puntualmente a la cabeza de ese equipo, Guzmán, de quien se dice –en el mundo judicial y en el gobierno– que es evidente “su interés” por querer perfilarse como el principal candidato para integrar la terna de la cual surgirá el sucesor del actual Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, cuyo mandato concluye en diciembre del próximo año.
Para muchos, este caso puede ser una plataforma no menor para el abogado de la Universidad de Chile, dicen que es “cercano al PPD” y que algunos de los vínculos que tiene con dicha colectividad le ayudaron en su momento a perfilarlo para que el 2011 lo eligieran para hacerse cargo de la Fiscalía Sur, en reemplazo del cuestionado ex fiscal Alejandro Peña, que dejó el Ministerio Público para irse a trabajar al Ministerio del Interior en la administración de Sebastián Piñera.
Fue comentario –en fuentes policiales– que el miércoles 17 Guzmán mandó al fiscal Cristián Toledo a “un operativo menor”, pese a que desde principios de agosto estaba en calidad de exclusivo para los casos de bombas y a que se sabía que el lugar relevante del despliegue esa jornada era en La Pintana, donde se arrestó a los tres sospechosos.
Para más de alguno, con eso quedó de relieve cierto interés por figurar del fiscal “preferente”, lo mismo con la audiencia de formalización de ayer, considerando que habría sido Toledo –y no Guzmán– el que ha realizado todo el trabajo fino de investigación en este caso, como revisar una a una todas las cámaras de seguridad y dar con la pista de la tarjeta Bip!
Incluso, existe la versión de que el fiscal sur habría informado del operativo primero al ministro Peñailillo y no a su jefe directo, Chahuán, tratando de hacerle un “guiño” a la autoridad política y congraciarse con ella.
Esta no es la primera vez en estos días que Guzmán está en la mira de Palacio. Cabe recordar que tuvo un cuestionado debut en este caso, considerando la molestia que había en el gobierno con él por la falta de criterio que mostró, ya que siendo el fiscal “preferente” de los casos de bombas había optado por irse al Caribe precisamente la semana del 11 de septiembre, que resultó ser –para su mala suerte– la misma del estallido en el Metro Escuela Militar.
No solo La Moneda tiene los ojos puestos en la Fiscalía Sur. En Carabineros también la señalan como responsable de las filtraciones e, incluso, en el mundo político sucede lo mismo. El ex subsecretario del Interior y hoy senador PPD, Felipe Harboe, dijo ayer en CNN Chile que “hay fiscales que para congraciarse con la prensa comienzan a filtrar información”.
Explicó que la Reforma Procesal Penal trajo muchos beneficios al sistema, como la transparencia, pero que también ha significado problemas, porque incorporó a un nuevo actor al proceso, los fiscales, de los cuales –agregó– unos hacen muy bien su trabajo y otros “empiezan a entregar información”. Luego matizó y dijo que eso también sucede con la policía uniformada y que espera que “el mando de Carabineros y el Fiscal Nacional para dilucidar de dónde están saliendo estas filtraciones, porque tal como lo dijo la autoridad de gobierno, estas filtraciones pueden generar incluso el fracaso de la investigación judicial”.
Desde el Ministerio Público se defienden y aseguran que el fiscal Guzmán “está muy molesto” con las filtraciones, que son a los que menos “les conviene” y “los mayores perjudicados” de que se divulguen por la prensa aspectos de la investigación que pueden impactar negativamente en el desarrollo del caso, al tiempo que desmienten que la intención de suceder a Chahuán se haya planteado formalmente hasta ahora.
Es más, agregan que ese 17 de septiembre comenzaron a llegar requerimientos de la prensa preguntando por el posible operativo y que precisaban que algunas autoridades de gobierno habían comentado, durante la ceremonia de inauguración oficial de las fondas, que habría detenidos en el transcurso de las 24 horas siguientes, que debido a que el “rumor” había escalado, cerca de las 22:00 horas Guzmán se habría comunicado oficialmente con La Moneda para consultar qué sucedía.
En La Moneda se tomó esa conversación como el primer indicio “oficial” de que algo sucedía, pero explican que ya a las 17:00 horas recibieron los primeros llamados telefónicos de algunos medios de comunicación –Emol, Radio Bío Bío, Mega y Canal 13– tratando de confirmar la información que circulaba a esa hora sobre las supuestas diligencias en curso.
Incluso, precisan que en las primeras horas todas las versiones que llegaban a Palacio eran confusas, se decía que ya se había hecho el procedimiento, que los sospechosos se habían arrancado y, luego, que estaba en proceso, cuando en la práctica originalmente nunca estuvo programado para esa noche. Es que lo que sí es unánime en todos los involucrados, es que la filtración del procedimiento puso en alerta a todos y provocó la decisión de “adelantar el operativo” para la madrugada del 18 de septiembre y evitar así su fracaso.
Ya como a las 3 de la mañana del 19 de septiembre comienza la ronda oficial de comunicación sobre las detenciones, el general director de Carabineros, Gustavo González Jure, informa a Aleuy y Peñailillo y es el ministro quien le cuenta la noticia a la Presidenta Michelle Bachelet.
Desde el bombazo en el Metro Los Dominicos que en La Moneda, pero especialmente en todo el Ministerio del Interior, circula el “fantasma” del polémico Caso Bombas, que después de un bullado desarrollo y un activo rol del entonces ministro del Interior de la administración piñerista, Rodrigo Hinzpeter, terminó con la absolución el 2012 de los seis acusados
Las acusaciones de “montaje”, los errores al optar por invocar la Ley Antiterrorista, las debilidades de las pruebas de la Fiscalía para sustentar la acusación, han sido revisados por el actual gobierno, al punto que la premisa es efectivamente no cometer los mismos errores que lleven a un nuevo fiasco y derrumbe de este caso.
En esa línea se inscribe el llamado de atención que hizo Aleuy el lunes, considerando que este es un proceso largo, ya se fijaron diez meses de investigación antes del juicio y las tentaciones de protagonismos ahora pueden resultar caras para todos.
En el gobierno están conscientes de la suerte de gallito que ha existido con el Ministerio Público, a pesar de los intentos por bajarle el perfil. Basta recordar que desde el mismo día del bombazo en Metro Escuela Militar, y por 48 horas, estuvo en el tapete la justificación por parte de la Fiscalía de que el Ejecutivo no había liberado los 160 millones de pesos comprometidos el 31 de julio para abocarse de lleno a la investigación.
“Siempre que no hay recursos evidentemente se dificultan las investigaciones; confiamos en que van a ser liberados prontamente para poder aplicarlos a las investigaciones”, sostuvo el martes 9 el Fiscal Nacional (s), Alberto Ayala.
La jugada cayó pésimo en Palacio y aquel día, después de la reunión del Comité Operativo de Seguridad, el ministro Peñailillo dijo que los recursos humanos y económicos estaban “autorizados”, que los decretos existían y que además en esa cita se había hablado de una inyección extra para asegurar el buen destino de la investigación.
El tema fue tratado en algunas reuniones en La Moneda esos días, enfocándose en lo “innecesario” de la crítica pública de los fiscales al tema de los recursos, en circunstancias que estos sí estaban disponibles para ser utilizados, más aún cuando, a pesar de las explicaciones públicas y las órdenes para disponer de los recursos, el miércoles 10 salió en La Tercera una información que detallaba –justificando la versión de la Fiscalía– que los decretos correspondientes a esas platas recién esa semana habían llegado. “Ahí hay una fuente muy dura que entregó esos datos”, recalcaron en Palacio, apuntando una vez más a Guzmán.
