«La preocupación por mantener los antecedentes a debido recaudo siempre estuvo», recalcó el fiscal. Asimismo, enumeró los esfuerzos llevados a cabo para conservar el mayor hermetismo de los antecedentes, en la que es la investigación del polémico bombazo en Metro Escuela Militar que ha llevado al gobierno a fortalecer su agenda en materia de seguridad.
El jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Gúzman, se refirió a una serie de filtraciones que han marcado la búsqueda y pesquisa de los supuestos autores de la detonación del artefacto explosivo que dejó un saldo de 14 heridos el pasado 8 de septiembre en el Metro Escuela Militar. Si bien negó que las filtraciones salieran de su equipo, sí sostuvo que «yo puedo decir que de aquí en adelante las filtraciones no van a salir por la Fiscalía, no van a salir por Carabineros».
El miércoles 17 de septiembre, apenas unas horas antes de que se llevara a cabo el operativo policial para detener a los presuntos implicados, salieron a la luz antecedentes sobre cuándo actuaría la policía y, posteriormente, el fin de semana que siguió a la detención, la prensa publicó abundantes detalles sobre los hechos y las pruebas del caso. En La Moneda, estas filtraciones no fueron vistas con buenos ojos, pese a los esfuerzos realizados para contener la información. En el Palacio firman que todas las sospechas recaen en la Fiscalía Metropolitana Sur.
El fiscal hizo hincapié en los esfuerzos desplegados por el Ministerio Público para mantener los antecedentes relativos a la investigación con el máximo hermetismo. «Yo por escrito tomé contacto con el equipo investigativo, les señalé que cualquier contacto con la prensa tenía que ser o a través del vocero o a través de los jefes de los equipos investigativos», afirmó en entrevista con CNN Chile y Radio Bío Bío, recalcando que «la preocupación por mantener los antecedentes a debido recaudo siempre estuvo».
Finalmente, aunque advirtió sobre el peligro que puede implicar este tipo de hechos en investigaciones relevantes, Guzmán intentó zanjar el tema asegurando que «aquí el foco de estos hechos es esclarecer estos delitos y la investigación en sí, y no desviarlo a filtraciones que hasta la fecha no han tenido repercusión en la investigación».
En tanto, el fiscal a cargo de las indagaciones abordó también la situación en que se encuentra la actual Ley Antiterrorista, cuyos alcances incluso han sido cuestionados por el propio gobierno. Si bien reconoció que «probablemente sea necesario actualizar la ley de conducta terrorista», enfatizó también que por el momento «trabajamos con la legislación que tenemos vigente».
«Todos los países la tienen, en un cuerpo especial, en el Código Penal, o si hay que establecer ciertas conductas particularmente violentas dentro del Código Penal, es una discusión que hay que dar e implementar», afirmó.
«La calificación del hecho hoy día es una calificación de delito terrorista que ni siquiera fue cuestionada por la defensa. Fue aceptada por el Tribunal», agregó, sosteniendo que «si el Tribunal estima que aquí no existe delito terrorista sino que existe otro delito, o que este hecho es atípico, es una decisión del Tribunal»
«Nuestra labor es aportar los mejores antecedentes que podamos reunir durante la etapa investigativa como medios de prueba y tratar de ilustrar al Tribunal y aportar los antecedentes de mejor calidad para que la decisión que pueda adoptar también sea lo suficientemente fundada. Si el Tribunal estima que no hay delito, es una decisión del Tribunal», añadió el fiscal.