Mientras los sostenedores se declararon en alerta y amenazaron con recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que prospere la medida, la Cones considera que es necesaria, por cuanto se trata de recursos «de todo el país». El ministro Nicolás Eyzaguirre le restó dramatismo al tema y afirmó que sería una situación extrema.
Opiniones divididas generó la posibilidad de que la Reforma Educacional incorpore una norma específica que sancione con cárcel el lucro.
La propuesta, que es vista con buenos ojos por parte de algunos legisladores de la Nueva Mayoría e independientes como Giorgio Jackson, sacó roncha este miércoles entre los representantes de los sostenedores de colegios particulares subvencionados, algunos de los cuales plantearon la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que forme parte del articulado que se despache a ley.
“No estamos de acuerdo en absoluto. Se causa un daño enorme a la educación chilena con esta disposición y, por lo tanto, cualquier medida que impida que esto se concrete la vamos a poner en juego. Incluso, una medida que lleve el tema al Tribunal Constitucional”, dijo Guido Crino, primer vicepresidente de Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) y que agrupa a colegios de congregaciones de la Iglesia Católica.
Asimismo reparó en que “el fin al lucro en la educación roza un aspecto que está contemplado en la Ley General de Educación (LGE) y entiendo que el tribunal en sí, sin la intervención de terceros, tiene el deber de examinar esa disposición que alteraría lo contenido en un artículo de la LGE”.
Por su parte, el presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares y Particulares Subvencionados (Conacep), Hernán Herrera, dijo que se encontraban “en alerta” y a la espera que en la discusión sobre esta materia prime “el buen juicio”.
“Vamos a consultar a nuestros abogados qué tan constitucional pueden ser estas medidas y no descartamos recurrir al Tribunal Constitucional si es necesario. Me parece una vergüenza que el gobierno haya aceptado siquiera la posibilidad de discutir esa idea”, dijo el dirigente.
Agregó que lo que se requiere en este momento es apelar “al buen juicio de la mayoría del los parlamentarios para que no se dejen llevar por estas medidas populistas que suenan muy rimbombantes, pero que no tienen sentido ni hoy ni a futuro”.
Diametralmente opuesta fue la opinión del vocero de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Cones), Ricardo Paredes, quien valoró la apertura del gobierno a incorporar en el proyecto sanciones de cárcel para aquellos sostenedores que lucren.
«Sentimos que nuestros esfuerzos para incidir en el debate han sido relevantes a la hora de darle la gravedad que corresponde al lucro, cuestión que nos deja contentos», afirmó el dirigente secundario, quien enfatizó que “estamos hablando de recursos de todo el país que deben ser invertidos en educación, no en las vacaciones de algún sostenedor».
Más cauto sobre este tema fue el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, quien el martes último, al culminar la primera sesión de la comisión del ramo en la Cámara de Diputados abocada a la votación en particular de la reforma, manifestó que el fondo del asunto es dejar establecido que el deber de un sostenedor es no lucrar con los recursos públicos destinados a la educación.
«No me gustaría dar la sensación de que aquí hay lucro con cárcel, lo que hay es el deber del sostenedor de dedicar los recursos públicos a los fines educativos. Se pueden producir malos entendidos, desórdenes administrativos», indicó.
El secretario de Estado explicó que “en la medida en que aquello ocurra simplemente hay multas, cuestiones propias de fallas administrativas. Ahora, cuando el problema sea de mucho mayor carácter, hay un debido proceso porque tiene que entrar la Superintendencia, después el Ministerio Público y después un juez de la República, debidamente fundamentado con todas las instancias de apelación, donde hay un delito realmente grave, como en cualquier otra área de la sociedad, puede llegar en última instancia a la privación de libertad, pero esto no es privativo de una figura eventual de malversación en el caso de la Educación».
