«El gobierno y el Congreso han dado un portazo a levantar un cambio estructural», sostuvo el presidente de la Feusach, Takuri Tapia.
Los estudiantes volverán a ocupar las calles descontentos porque no fueron tomados en cuenta ni por el Ejecutivo y el Congreso en la discusión de la Reforma Educacional, uno de los proyectos emblemas de la presidenta Michelle Bachelet, informaron hoy sus dirigentes.
«Íbamos con el espíritu de incidir, buscamos la forma de participar, pero hoy vemos que se nos cierran las puertas. El gobierno y el Congreso han dado un portazo a levantar un cambio estructural», señaló el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Takuri Tapia.
En rueda de prensa afirmó que los legisladores declararon inadmisibles la mayoría de las indicaciones que presentaron los estudiantes al proyecto de ley, sin siquiera discutirlas antes.
El proyecto de ley en discusión legislativa no satisface las aspiraciones de los estudiantes, que han levantado la consigna de que la verdadera reforma «se hace en las calles y no entre cuatro paredes».
En tanto, la portavoz de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Lorenza Soto, señaló que «la voluntad de que participáramos fue sólo eso, no hay incidencia ciudadana en la reforma, fue una pérdida de tiempo para los que creyeron ser parte».
Aseguró que el gobierno no quiere realmente crear una reforma y hacer cambios estructurales en educación «sino que maquillarlos para sostener este sistema mercantil».
Dijo que por todo ello, unas 25 organizaciones anunciaron la realización del «Congreso por la educación para los pueblos» este 27 y 28 de septiembre en la sede de la Universidad Central y, además, convocaron a una nueva marcha para el 9 de octubre, que deberá ser ratificada por los universitarios el 4 de octubre en su sesión plenaria.
En tanto, Takuri Tapia afirmó que la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) que agrupa a las universidades tradicionales, «debe asumir una postura concreta, ponerse en una posición ofensiva con la movilización del 9 y con los actores del mundo social, para exigir las instancias necesarias».
El gobierno de Bachelet impulsa una reforma que permita avanzar hacia una enseñanza gratuita, de calidad y sin lucro, condiciones que los propios estudiantes han demandado desde el año 2011 y que se financiará con una subida de impuestos ya aprobada en el Congreso, que aumenta la recaudación tributaria en 8.300 millones de dólares anuales.
Hasta ahora el Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de ley que elimina el lucro, el copago y la selección de alumnos.
