Yasna Provoste logró que su iniciativa para regularlas fuera aprobada en la Cámara
Estas agencias se habían mantenido al margen de la discusión de la reforma hasta ahora, en que una indicación clave para sus intereses, de ser aprobada, las obligaría a reorganizarse, pero en el proceso muchas cuyos vínculos alcanzan al mundo político estarían obligadas a desaparecer.
Desde 2008 la ley permite la existencia de agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE), instituciones privadas que asesoran a escuelas municipales y subvencionadas para utilizar de manera eficiente los millonarios recursos que entrega la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), destinada a colegios con alumnos vulnerables. Con el tiempo se han transformado en una industria con vínculos transversales que alcanzan al mundo político. Sin ir más lejos, Claudia Peirano, nombrada subsecretaria de Educación, se vio obligada a renunciar antes de asumir por el conflicto de interés que implicaba su participación en una de estas agencias, que además había prestado servicios a los colegios que sostiene su ex pareja, el empresario democratacristiano Walter Oliva.
A raíz del terreno fértil para el conflicto de interés en torno a este negocio, debido a que, entre otras prácticas irregulares, algunas asesoraban a los colegios de sus propietarios o cobraban sobreprecios, la diputada Yasna Provoste (ministra de Educación cuando se promulgó la ley que las rige) presentó una indicación dentro de los proyectos de fin a la selección, el lucro y el copago, que prohíbe a estas agencias funcionar con fines de lucro, obligándolas a reformularse para reinvertir y no retirar sus utilidades. La iniciativa fue aprobada y ahora se discutirá en el Senado.
Según revela La Segunda, las agencias mandaron una carta al Senado, como parte del lobby que iniciaron para evitar que la nueva medida se apruebe tal como está planteada. «Lamentamos las generalizaciones sobre las que se está dialogando, ya que al igual que en cualquier industria, sólo una adecuada regulación y fiscalización permitirá que no exista aprovechamiento de ese porcentaje de ciudadanos que independiente de la naturaleza jurídica desde la que trabajen, se aprovechan del sistema para su propio beneficio», dice la carta.
Los firmantes, cerca de 68 agencias, afirman que están «totalmente de acuerdo con que no debe ser posible que un sostenedor dueño de un establecimiento utilice fondos de la SEP para contratar servicios o productos de una empresa que es de su propiedad», pero advierten que «restringir el lucro a las ATEs, junto con ser una injusticia cuyo sustento técnico y jurídico se desconoce, pone en riesgo la realidad de muchas de estas empresas que hacen bien su trabajo y serían obligadas a desaparecer».
