Opinión
La pregunta es hasta qué punto es factible pensar que el sistema de justicia venezolano, muy cuestionado por la OEA y otros organismos internacionales por su subordinación al Ejecutivo, tiene la capacidad o la voluntad de abrir contra Machado un proceso que efectivamente pueda considerarse ajustado a derecho.
En sus más de 200 años como nación independiente, Venezuela registra un solo caso de magnicidio: el del presidente de la Junta Militar Carlos Román Delgado Chalbaud, asesinado el 13 de noviembre de 1950.
En los 15 años de vida de la revolución bolivariana, sin embargo, autoridades del Gobierno y actores afines a su proyecto político han denunciado ¡más de medio centenar! de conspiraciones para matar a Hugo Chávez y, más recientemente, a Nicolás Maduro. Todas ellas han sido profusamente difundidas por la extensa red estatal de comunicación, condenadas por el oficialismo y negadas por la oposición. En los hechos, ninguno de esos planes ha podido ser comprobado, y exceptuando el extraño caso de dos presuntos sicarios colombianos encarcelados hace un año por su parte en un proyecto magnicida aún no esclarecido, ninguno ha resultado en causas judiciales.
Por regla general, las acusaciones de magnicidio tienden a concentrarse en la antesala de los procesos electorales o en períodos políticamente complejos para el chavismo, cuando su popularidad desciende por problemas coyunturales que generan descontento, como la escasez de productos básicos, la agudización del racionamiento eléctrico o la publicación de estadísticas perjudiciales para el Palacio de Miraflores (inflación disparada, devaluación de la moneda, delincuencia en alza, escándalos de corrupción), entre otros.
[cita]Aceptar las premisas de Miraflores implicaría llegar a dos convicciones ineludibles. Primero, la vocación decididamente golpista –aunque 100% inepta– de una oposición que habría escogido apostar por la violencia como única manera de forzar una alternancia en el poder, para lo cual no existe evidencia más allá de la que ofrece la retórica encendida de la revolución y sus aliados. Segundo, la extraordinaria habilidad (o buena fortuna) del régimen para desbaratar las decenas de complots que habrían urdido sus detractores en contra de Chávez y Maduro a lo largo de 15 años, virtualmente el único ámbito de acción en que el Estado bolivariano –asediado por una multitud de problemas mayormente autoprovocados– podría alegar eficacia.[/cita]
En la mayoría de los casos el libreto es muy parecido: un funcionario, parlamentario o periodista da a conocer presuntos correos electrónicos privados o grabaciones de audio más o menos ininteligibles en que figuras de la oposición intercambian opiniones –entre sí y con diversos representantes del “fascismo” nacional e internacional (los diplomáticos norteamericanos suelen ser sindicados como cómplices de estas conspiraciones)– en torno a la necesidad de “acabar” con el chavismo o de “aniquilar” a sus líderes, pero sin que nunca se aclare la autenticidad de esas comunicaciones ni tampoco la forma en que los denunciantes accedieron a ellas.
La acusación de magnicidio que actualmente afecta a la ex diputada opositora María Corina Machado –despojada de su investidura parlamentaria por la Asamblea Nacional en un proceso por completo irregular– reúne todas esas características, con la diferencia de que el asunto ha llegado a la justicia y arriesga hasta 30 años de cárcel. Así, una cadena de presuntos correos entre Machado y figuras ligadas a la oposición dentro y fuera de Venezuela constituye hasta ahora la única evidencia esgrimida en su contra. Nuevamente se da por descontada la veracidad de esos mensajes como prueba irrefutable de intención criminal y nuevamente se omite explicar cómo llegaron a conocimiento del Gobierno los mails confidenciales de un opositor.
Aceptar las premisas de Miraflores implicaría llegar a dos convicciones ineludibles. Primero, la vocación decididamente golpista –aunque 100% inepta– de una oposición que habría escogido apostar por la violencia como única manera de forzar una alternancia en el poder, para lo cual no existe evidencia más allá de la que ofrece la retórica encendida de la revolución y sus aliados. Segundo, la extraordinaria habilidad (o buena fortuna) del régimen para desbaratar las decenas de complots que habrían urdido sus detractores en contra de Chávez y Maduro a lo largo de 15 años, virtualmente el único ámbito de acción en que el Estado bolivariano –asediado por una multitud de problemas mayormente autoprovocados– podría alegar eficacia.
La pregunta es hasta qué punto es factible pensar que el sistema de justicia venezolano, muy cuestionado por la OEA y otros organismos internacionales por su subordinación al Ejecutivo, tiene la capacidad o la voluntad de abrir contra Machado un proceso que efectivamente pueda considerarse ajustado a derecho.
Dos ejemplos sirven para ilustrar el poco auspicioso escenario que enfrenta la ex diputada en su legítima aspiración de que un Poder Judicial políticamente neutro le garantice un juicio imparcial. En 2006, durante la ceremonia de apertura del año judicial, los jueces aclamaron el discurso del entonces Mandatario coreando de pie “¡Uh, ah, Chávez no se va!”, una muestra de adhesión que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la época interpretó como señal “del ambiente de gran alegría que reinaba” entre los magistrados. Y no olvidemos que el dirigente opositor Leopoldo López lleva actualmente nueve meses de prisión preventiva, con prohibición de recibir visitas, acusado de incitar a un golpe de Estado a principios de año, pese a que el grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU recomendó liberarlo hace varias semanas.
Con tribunales como ésos no cuesta mucho anticipar el veredicto que puede esperar Machado. Con o sin planes de magnicidio.
Marcel Oppliger es periodista y autor del libro La revolución fallida: Un viaje a la Venezuela de Hugo Chávez)
