Nuevos antecedentes indican eventual uso indebido de recursos asignados al parlamentario
Las platas políticas que complican al senador Eugenio Tuma
El vicepresidente del Senado está siendo objeto de una investigación desde el Ministerio Público, que tiene carácter secreto y se originó a partir de la denuncia de una ex colaboradora que habría entregado datos en torno al pago de actividades de campaña con dineros que el legislador recibe para apoyar su trabajo en el Congreso.
Cuando un equipo de la PDI incautó computadores y documentos desde la oficina en Temuco del senador Eugenio Tuma, hace dos semanas, el parlamentario inmediatamente salió a explicar que el hecho era parte de una “vendetta” organizada por una funcionaria ligada a su equipo que fue despedida y quiere afectar su imagen pública. El vicepresidente del Senado aseguró que, luego de la investigación, “no va a salir absolutamente ningún indicio de participación en irregularidad alguna”, afirmó.
Días después, el Ministerio Público informaba que la investigación en adelante sería secreta y bajo ese rótulo los involucrados se negaron a hablar para el reportaje publicado este viernes por La Segunda. De acuerdo a estos antecedentes, se intenta aclarar los pagos por asesorías con plata del Senado a tres personas: José Francisco Montalva, ex candidato a diputado y actual gobernador de Cautín; Ana María Llao, quien es consejera de la Conadi; y Magaly Coronado.
La indagatoria busca establecer si estas personas trabajaron para Tuma o si el dinero se usó para apoyar las campañas de Montalva, así como de la hija del senador, Romina Tuma, a través de pagos a Magaly Coronado, y a apoyar la elección de Ana María Llao en la Conadi. Esta versión es la que habría sostenido la ex colaboradora que denunció los hechos.
En abril de 2013, José Francisco Montalva fue proclamado como candidato a diputado y al mismo tiempo comenzó a recibir mensualmente, hasta diciembre del año pasado, $1.500.000 como asesor jurídico de Tuma. Sin embargo, la testigo clave habría declarado que ese trabajo lo siguió haciendo otro abogado que ha trabajado por años con el parlamentario, Marcelo Jara Rojas, quien según los datos del Congreso recibía $1.396.454 por esta labor.
El abogado de Tuma, Gonzalo Cruz, descartó cualquier pago irregular, asegurando que “Montalva fue contratado para prestar sus servicios y cumplió con lo señalado por el contrato”.
Paralelamente se investiga si se ocuparon recursos fiscales asignados a Tuma para pagar, entre mayo y junio, la suma de $350 mil a Magaly Coronado, quien trabajó oficialmente en “labores de oficina” del senador, pero según la denunciante se le pagó para instalar y repartir propaganda de Romina Tuma, quien perdió la elección a diputada y es actualmente la Seremi de Vivienda de la IX Región.
Otro frente de entrega de recursos eventualmente irregular que está siendo investigado, es en torno a la campaña de Ana María Llao, quien fue electa consejera de la Conadi hace tres años. Los dineros, según la denunciante, habrían provenido de los ítems “Difusión” y “Gastos Operacionales”. Ana María Llao aparece en los registros de la corporación como asesora a honorarios de Tuma hasta abril de este año.
Por último, otra arista tiene que ver con el uso irregular de una sede parlamentaria, hecho que, de acuerdo a la denunciante, habría sido advertido por la Contraloría interna del Congreso, lo que de ser cierto complicaría a la corporación.
