Analista dice que “en la derecha se habla en voz baja del carácter escandaloso” de las donaciones al gremialismo
«Pero la verdadera esperanza de este sector es que caigan en el paquete de receptores de dinero por vías ilegales el ex precandidato presidencial de Fuerza Pública, Andrés Velasco, y el candidato a senador y actual ministro DC Alberto Undurraga, como si la repartición de culpas constituyera algún tipo de liberación. El supuesto implícito es de orden mafioso: todos somos cómplices, nos une la ley de la omertà», explica.
El analista y periodista Ascanio Cavallo asegura que las grabaciones sostenidas entre ejecutivos del grupo Penta, Hugo Bravo y Carlos Eugenio Lavín, revelan lo que era un secreto a voces en la derecha y el carácter escandaloso de las donaciones al gremialismo y se pregunta si «¿alguien cree que la UDI podría salir indemne de este vendaval?».
En su columna en La Tercera, Cavallo asegura que lo ocurrido en el denominado caso Pentagate «hizo público lo que hace varias semanas era un secreto a voces en el mundo de la derecha: que por detrás de las investigaciones sobre fraude al Fisco en contra de los controladores de Penta, vendrían revelaciones feroces sobre figuras públicas de primera magnitud».
El periodista expone que «si la caracterización fuese puramente dramatúrgica, Bravo aparecería como un hombre acorralado, que se defiende y se hunde sin permitir que no se hundan con él quienes fueron sus mandantes. Los jefes presentarían ese tono poco astuto de los aficionados, los que se declaran sorprendidos por la conducta de una persona que después de todo fue uno de sus hombres de confianza por casi 30 años. Son los que no vieron las películas ni leyeron los libros apropiados y quizás no confiasen en otra cosa que la fuerza de sus bienes. Y los beneficiarios políticos, los mencionados en la grabación de Bravo, adoptan todas las variantes de la crispación política, desde el silencio huidizo hasta las explicaciones especiosas».
Y a renglón seguido se hace la siguiente pregunta: «¿O alguien cree que la UDI podrá salir indemne de este vendaval?».
«En las primeras líneas aparecen, en calidad de repartidores, pero no de beneficiarios personales, Pablo Longueira y Jovino Novoa, controladores sucesivos del partido. Más sombrío es el caso de Laurence Golborne, fallido candidato presidencial y senatorial que, según el detallista Bravo, recoge los aportes en sociedades personales situadas fuera de Chile. Luego están Evelyn Matthei, Pablo Zalaquett, Ena von Baer, Iván Moreira e incluso el actual presidente del partido, Ernesto Silva», expone.
Asegura que en la derecha se «admite en voz baja el carácter escandaloso y desprolijo de las gruesas donaciones a los candidatos de la UDI, mientras se guarda un prudente silencio público por si las investigaciones las confirman. Pero la verdadera esperanza de este sector es que caigan en el paquete de receptores de dinero por vías ilegales el ex precandidato presidencial de Fuerza Pública, Andrés Velasco, y el candidato a senador y actual ministro DC Alberto Undurraga, como si la repartición de culpas constituyera algún tipo de liberación. El supuesto implícito es de orden mafioso: todos somos cómplices, nos une la ley de la omertà. Pero si Bravo tiene una imaginación calenturienta –como dicen sus impugnadores–, esa imaginación no ha alcanzado a tocar ni a Velasco ni a Undurraga».
Cavallo también señala que dentro del Pentagate está el problema de los montos, afirmando que «cien, 200, 400 millones, puestos en boletas, facturas, incluso sociedades fuera de Chile, todos en candidatos apoyados por la UDI. ¿Este sesgo masivo y salvaje se le ocurrió a Hugo Bravo por sí solo, no tiene relación alguna con las bien conocidas inclinaciones de los controladores del grupo y no se conecta en nada con la angustiosa carrera electoral de la UDI en el 2013, que de todos modos culminó en un desastre? Aun en el supuesto de que Bravo esté obsesionado con destruir a sus ex jefes, habría que atribuirle una condición de estratega político para llegar a su tan delicada selección. Dado el tamaño de la generosidad, ¿cuál sería el tamaño de la reciprocidad requerida a esos receptores en caso de que resultasen elegidos? ¿Cómo ejercería un candidato elegido con montos tan decisivos otorgados por un grupo en particular?».
Otro punto que explica el analista y periodista es lo que denomina el problema de fondo, el sistema electoral, en donde precisa que «en el sistema binominal los candidatos de la Alianza del 2013 debían enfrentar a sus rivales abiertos –los de la Nueva Mayoría–, pero también, y a veces sobre todo, a los de sus socios, RN e independientes. ¿Será indiferente para el elegido senador Manuel José Ossandón que tres de sus principales contendores dentro del pacto (Von Baer, Moreira y, al final, Golborne) hayan sido tan generosamente financiados como dice Bravo? ¿Cuál será la conclusión de Andrés Allamand al ver las cifras asignadas a sus contendores presidenciales primero, Golborne y Longueira, y luego al senatorial Zalaquett?».
Asegura que «Ossandón y Allamand, como otros candidatos de RN con más elecciones en el cuerpo, tendrán por descontado que este tipo de maniobras forma parte de las asperezas de la política. Pero la revelación pública de los montos y las vías usadas para favorecer a sus competidores parece un poco más de lo que la lealtad opositora puede soportar».
«Hay decenas de abogados dedicados en estos días a la defensa de las figuras de la UDI, pero la mayoría de ellos sólo está concentrada en el control de daños. Si sus esfuerzos parecen limitados de antemano, es porque la lucha de fondo se libra sólo parcialmente en tribunales –sobre todo, en la dimensión del fraude al Fisco– y principalmente en la exposición pública de la intervención del dinero en la política. Es un terremoto en ciernes, que hasta ahora sólo ha liberado el enjambre telúrico que lo precede», concluye.
