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Farías (PPD) defiende proyecto de medios digitales y niega que atente contra la «libertad de expresión»

Farías (PPD) defiende proyecto de medios digitales y niega que atente contra la «libertad de expresión»

«Se ha prestado para malinterpretaciones porque la gente cree que si publica en su Facebook más de cuatro veces será automáticamente considerado diario», dijo el parlamentario después de la batahola que causó en las redes sociales una columna de la ONG Derechos Digitales que disparó contra varios aspectos de la iniciativa.


Una columna publicada por la abogada Rayén Campusano, encargada de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, encendió el lunes último las redes sociales después de acusar al proyecto de ley de Medios Digitales de «atentar contra la libertad de expresión», por el hecho -aseguró- de terminar con el anonimato en la red y obligar a los autores de distintos blogs a iniciar actividades y a realizar un pago legal a la Biblioteca Nacional si actualizaban o posteban en su página más de cuatro veces a la semana.

«Si estos proyectos son aprobados, se entenderá por diario todo periódico impreso o en papel o publicado vía digital o electrónica que se publique a lo menos cuatro días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley», escribió Campusano. Y advirtió que «el corte de ‘cuatro publicaciones semanales’ para ser considerado un periódico, haría extensiva la aplicación de la ley a una publicación en Facebook, un blog de uso personal, un tuiteo o una página web con ‘memes’, con tal que se haga cuatro veces a la semana».

Asimismo, planteó que si se aprueba la ley, quienes cuenten con una web o un perfil en alguna red social tendrán que cumplir una serie de requisitos, «como tener domicilio en Chile, informar la iniciación de actividades a la Gobernación Provincial o Regional, acreditar la inscripción en el Registro de Dominio.cl NIC Chile e informar la frecuencia de actualizaciones, indicar el nombre y domicilio del propietario o concesionario, o representante legal en la página en un lugar destacado y hacer un depósito legal mixto en la Biblioteca Nacional».

«De su sola lectura, es posible concluir que son cargas extremadamente onerosas, desproporcionadas e injustificadas, que conllevan el riesgo de sobrerregular la publicación de contenidos en línea, creando un escenario de incertidumbre legal tanto para el público (¿Será ilegal mi blog? ¿Por qué habría que registrar un punto cl en NIC Chile? ¿Qué es lo que tengo que depositar en la Biblioteca Nacional?) como para diversas clases de emprendimientos en Internet, lo que resulta contraproducente para el desarrollo económico y cultural del país», indicó la autora de la columna. Y respecto al fin del anonimato escribió que se trata de «un asunto de gran conveniencia para autoridades públicas cuando Internet se ha transformado en una plataforma de crítica, sátira e información de los usuarios hacia el resto de la población respecto a su labor».

El planteamiento de la representante de la ONG no pasó inadvertido en las redes sociales, donde el proyecto fue el blanco de una lluvia de críticas que obligaron a los impulsores de la iniciativa a salir a calmar las aguas. Es el caso del diputado del PPD Ramón Farías, quien aseguró que en ningún caso el objetivo es coartar la libertad de expresión, sino que por el contrario, persigue «entregar mayor regulación a los diarios electrónicos».

Farías sostuvo que se trata de una iniciativa que durante 2014 fue largamente discutida en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara. «Quiero señalar mi profundo malestar ante la inexactitud de varios aspectos (…), como por ejemplo que las personas deberán pagar por usar redes sociales o por mantener un blog. Creo que detrás de esas afirmaciones existe la motivación de desinformar y alarmar, de otra forma no comprendo tamaño error», dijo sobre el articulado que modifica la Ley 19733 de Libertad de Expresión y apunta a que los medios diarios electrónicos que deseen tener las condiciones de los medios escritos, derechos y deberes, podrán inscribirse en un registro voluntario, donde deberán cumplir con los requisitos que la ley ya existente establece para ello.

El proyecto establece que si esos diarios (con las condiciones exigidas por la ley) publican y renuevan edición más de cuatro veces a la semana, serán considerados diarios electrónicos.

“En las informaciones que han aparecido se ha publicitado el artículo único que establece esta mínima condición de publicación, lo que obviamente se ha prestado para malinterpretaciones porque la gente cree que si publica en su Facebook más de cuatro veces será automáticamente considerado diario, pero lo que no se ha dicho es que la ley hoy ya establece una serie de condiciones para que un medio pueda ser considerado diario y como esos artículos ya están contenidos en la ley es que el proyecto no los lleva” explicó el parlamentario.

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«El corte de ‘cuatro publicaciones semanales’ para ser considerado un periódico, haría extensiva la aplicación de la ley a una publicación en Facebook, un blog de uso personal, un tuiteo o una página web con ‘memes’, con tal que se haga cuatro veces a la semana», escribió la abogada Rayén Campusano, dando inicio a la polémica.

Agregó que también se ha querido hacer creer que se deberá pagar por tener un medio independiente o un blog, “y en nuestro proyecto eso no se establece, sólo se consideran multas a quienes no cumplan con los deberes de un diario, en el caso que hayan decidido inscribirse en el registro”.

Uno de los aspectos que el legislador destaca es la obligación de un depósito legal con los contenidos publicados en el diario electrónico. “Hoy los diarios impresos dejan copia de sus ediciones, las que posteriormente pueden ser utilizadas para estudio o simplemente quedan como archivo histórico. Cuando la información que corre diariamente por internet se torna cada vez  más importante para las personas, me parece que es un aporte que se deje un registro de lo aparecido en un diario digital, tanto para la historia del país como para fines académicos”.

El legislador lamentó los ataques recibidos, «porque se basan en la opinión de alguien sobre el proyecto, no necesariamente en la información total y real. Nosotros buscamos un objetivo regulador, recibimos a representantes de la prensa y nunca nos acusaron de coartar la libertad de expresión. Es verdad que podemos tener diferencias, pero estas deben discutirse en el marco del respeto, pero sobre todo, basado en datos reales, en información completa, no en extractos que lógicamente generan incertidumbre».

Finalmente, Farías también fustigó a quienes «con discursos de libertad de expresión me han atacado deliberadamente, incluso intentando hackear mi sitio web y mis cuentas en redes sociales, ¿es eso libertad de expresión?».

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