La Coordinadora Marítima y Portuaria denunció que el intendente, Ricardo Bravo, habría tratado de «imponer al margen de la Ley y sin contar con facultades para ello el denominado Servicio de Cargas Limpias», en la importación de mercaderías por el Puerto de Valparaíso.
La Contraloría General de la República, acogió el requerimiento de impugnación contra el Intendente de la Región de Valparaíso, Ricardo Bravo, luego que este fuera acusado por dirigentes de la Coordinadora Marítima y Portuaria «de imponer al margen de la Ley y sin contar con facultades para ello el denominado Servicio de Cargas Limpias», en la importación de mercaderías por el Puerto de Valparaíso.
Según lo denunciado por los representantes de la Coordinadora, el Intendente habría transgredido los arts. 6, 7, 19, 22 y 112 de la Constitución Política del Estado; arts. 2 y 24 de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto fue fijado por el D.F.L. Nº 1, de 8.08.2005, y otras disposiciones legales, lo que supone la invalidez de lo ejecutado por esta Autoridad Regional.
“Para nosotros como representantes de la Coordinadora es un gran avance que la Contraloría haya aceptado nuestro requerimiento contra el Intendente. Desde un comienzo nosotros dijimos que íbamos a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr que las cargas sean aforadas en el puerto, defender nuestros turnos y trabajo. El señor Bravo se tomó atribuciones que no le correspondían, por lo tanto la decisión de la Contraloría es acertada y un gran paso para nosotros», dijo Sergio Baeza, vocero de la Coordinadora Marítima Portuaria y Presidente de COTRAPORCHI.
Finalmente, agregó que “ahora esperamos que el Gobierno haga algo al respecto y que ‘EPV’ no continúe impidiendo el desarrollo de nuestro puerto”.
