Juan Ignacio Piña dijo a la comisión investigadora ad hoc que no se actuó en relación a los delitos tributarios involucrados, sino a la existencia de posibles delitos de cohecho. Y dejó en suspenso la posibilidad de intervenir en otras aristas, como la del caso SQM.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, quien participó como querellante en las audiencias de formalización del caso Penta la semana pasada, recalcó ante la instancia investigadora de la Cámara que el organismo que encabeza sólo actúa de acuerdo a lo establecido en su ley orgánica.
«Nosotros intervenimos constreñidos por nuestra ley orgánica. Ahí donde hay funcionarios públicos involucrados en la comisión de delitos o donde en la comisión de delitos se encuentra un cierto perjuicio fiscal», puntualizó el personero, citado este lunes en un comunicado de la Cámara de Diputados.
En ese sentido, indicó que no actúó en relación a los delitos tributarios involucrados sino a la existencia de posibles delitos de cohecho; y en esa línea dijo que no le es posible adelantar opinión sobre si el Consejo decidirá intervenir en otras aristas de esta investigación judicial, como el financiamiento de las campañas electorales o el caso SQM.
Consultado sobre el carácter de funcionarios públicos o no de los parlamentarios, el presidente del Consejo enfáticamente aseguró que «sí son funcionarios públicos».
Además, requerido sobre la opción de modificar y aumentar las sanciones para los delitos tributarios o los vinculados a los casos de corrupción, Piña sostuvo que las sanciones consideradas para delitos de cohecho o corrupción son bajas en nuestro país y que no cree que sea posible aumentar las penas «sin antes aumentar la capacidad fiscalizadora para tener una mayor posibilidad de detección de los delitos».
El presidente de la Comisión Investigadora, diputado Fidel Espinoza (PS), sostuvo que la exposición del titular del CDE es una «de las más contundentes que hemos tenido y grafica una vez más las graves falencias que tiene nuestro país para combatir la corrupción, porque las herramientas son bajas».
«Una persona puede ser condenada por actos de corrupción ejerciendo el cargo de alcalde y puede presentarse a parlamentario y sale elegido como ya ha ocurrido. Esas cosas son las que tenemos que cambiar en nuestro país también; esas simples situaciones que uno las ve desde lejos pero cuando se materializan en hechos, generan vergüenza y rechazo ciudadano», ejemplificó el diputado Espinoza.
El legislador también criticó que ex parlamentarios que fueron invitados a la sesión de este lunes «no enviaran ni una excusa para su no participación, a pesar de que estuvieron en este Parlamento por largos años. Eso es cero respeto a la institucionalidad del país», aseveró.
Por su parte, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) destacó que se abordaran con Juan Ignacio Piña las bajas penalidades que existen para los delitos de cohecho y soborno, así como la necesidad de una mayor fiscalización y que son un aporte para mejorar la legislación.
Coincidió con que el CDE no puede tener facultades investigativas como el Ministerio Público, pero sí debe existir mayor fiscalización antes que los hechos se produzcan, a través de servicios como Impuestos Internos.
«Pero también tenemos una penalidad baja y todos sabemos que las penas ayudan a disuadir, porque cuando el funcionario sabe que se puede ir preso 15 años y no 541 días, yo creo que lo piensa dos veces si realiza un acto que está en la lógica del soborno o el cohecho», planteó el diputado RN.
Sobre las próximas sesiones, el diputado Fidel Espinoza informó que se acordó invitar a la sesión de este miércoles 11 de marzo a los parlamentarios en ejercicio, senadores Iván Moreira y Ena Von Baer y diputados Felipe de Mussy, Javier Macaya y Ernesto Silva.
Asimismo, para la próxima semana se encuentran citados los ministros del Interior, Secretaría General de Gobierno, Obras Públicas, Relaciones Exteriores y Servicio Nacional de la Mujer.
La comisón también debatió la posibilidad de ampliar su ámbito de investigación e incluir otros hechos, como el caso Soquimich, frente a lo cual tanto el diputado Espinoza como Fuenzalida sostienen que «es lo lógico», porque la comisión se estableció no solo para el caso Penta sino también para revisar el financiamiento de las campañas.
