Fue senadora designada por el dictador
Dentro del consejo asesor que busca fórmulas para regular conflictos de intereses, corrupción y tráfico de influencias en medio de los escándalos del Pentagate y el Caso Caval, la figura de la ex senadora designada y actual presidenta del Colegio de Abogados, marca una mirada en las antípodas.
Entre los 15 miembros del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de intereses, el tráfico de influencias y la corrupción anunciado por la Mandataria Michelle Bachelet, se cuenta la ex senadora designada y actual presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú.
Cercana a Augusto Pinochet, a quien defendió en 1998 cuando diputados DC presentaron una acusación constitucional en su contra, la abogada criticó duramente la labor de la Fiscalía en el Caso Penta, luego que se decretara la prisión preventiva para los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y otros formalizados en el Pentagate.
“Antes de la Reforma Procesal Penal ocurría que los procesos penales eran muy demorosos y había una especie de sanción anticipada, pero con los cambios dejó de ser así y se tiene que esperar el resultado del juicio. Pero creo que hemos vuelto al pasado, con una exposición pública de la investigación indebida. Se ha transformado esto en una audiencia en la plaza pública”. A ello, agregó que las intervenciones de los fiscales “no debieran ser tan apasionadas, porque el acusador es una autoridad pública que debe exponer de manera adecuada lo que está planteando en su acusación. No se puede hacer una representación ante las cámaras. Todo lo que son adjetivos y decir que es el delito más terrible no va con el acusador público”, señalaba a La Tercera.
No es la primera vez que Feliú causa polémica por sus dichos. En septiembre del año pasado, el Gobierno decidió dar suma urgencia al proyecto que anula el decreto Ley de Amnistía, medida que la abogada calificó como una “noticia insólita”, argumentando que no era el mejor momento en vista de la crisis económica y el ataque con explosivos en el Metro Escuela Militar. Según la ex parlamentaria “la verdad se ha conocido siempre y el tema que está dado no es un tema de prueba», además de que «no va a cambiar» el hecho de que aún se desconozca el paradero de detenidos desaparecidos. «Han pasado 40 años», remarcó.
Cuando Rubén Ballesteros asumió como presidente de la Corte Suprema en 2011, recibió fuertes críticas desde distintos actores por sus fallos en materia de Derechos Humanos, que favorecían la Amnistía. Pero la abogada defendió su labor e hizo un llamado a no encasillar a un magistrado sobre la base de su votación en cada causa, señalando que “no está bien que los jueces se empiecen a clasificar según su voto, porque tienen independencia para fallar las causas en que les corresponde, y eso se manifiesta en los votos. Fallos que recaen en causas precisas y determinadas, que tienen antecedentes de hecho bajo los cuales los jueces juzgan”.
Sobre su cercanía con Pinochet, Feliú señala que “lo conocí después de haber sido nominada senadora. Nunca jamás trabajé con él”.
A Feliú se la vincula como parte de una “red de protección” de Colonia Dignidad. Entre 1980 y 1990 la abogada presidenta del gremio asesoró a Villa Baviera. Al respecto, ha precisado que laboró «en un estudio que trabajó determinadas materias con Colonia Dignidad. No tenía una vinculación especial y solo teníamos materias civiles, no penales”.
Feliú precisa que “no es efectivo que haya participado en diversas adopciones. Fui abogado de una adopción que solicitó al tribunal Hartmut Hopp, y hasta donde entiendo no ha sido cuestionada ni dejada sin efecto por el tribunal”.
En 1991, luego de un año en el cargo de senadora designada –al que llegó como parte de una lista de senadores designados que fue escogida por Augusto Pinochet– estuvo entre los 17 parlamentarios UDI y RN que recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) para alegar la inconstitucionalidad del decreto impulsado por el entonces Presidente Patricio Aylwin para cancelar la personalidad jurídica del enclave de Paul Schäffer. También firmaron Jaime Guzmán y Sergio Onofre Jarpa.
