En una decisión que generó divisiones en la compañía
Ponce Lerou impone su criterio y directorio de SQM decide no entregar información contable solicitada por la Fiscalía
El controlador de la minera junto a otros integrantes del gobierno corporativo está en contra de entregar voluntariamente al Ministerio Público los datos que puedan conducir a platas políticas irregulares, a pesar de que los directores de los socios canadienses estuvieron a favor. Con esta decisión las opciones de seguir indagando están en una autodenuncia o que los fiscales pidan un allanamiento.
Tras semanas sin dar una respuesta clara a la solicitud realizada por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, el 6 de marzo pasado, esta tarde el directorio de SQM decidió no entregar la información que pidió el Ministerio Público.
Esta jugada significa que la única opción de la Fiscalía es acudir a un tribunal para obtener una orden de allanamiento y de esta manera incautar la documentación necesaria para la investigación dirigida por Sabas Chahuán.
El recorrido fue largo, pero la mano de uno de los directores de la empresa no metálica, Julio Ponce Lerou, marcó el camino. El quiebre en el directorio se hizo evidente desde que los tres representantes de Potash Corporation, Alejandro Montero, el abogado José María Eyzaguirre Baeza y Wayne Brownlee, segundos mayores accionistas de SQM, establecieron la postura de entregar la información de manera voluntaria.
La primera jugada fue una solicitud realizada por Patricio Contesse -gerente general de Soquimich, nombrado por Ponce Lerou-, al Octavo Juzgado de Garantía, que pretendía ver la legalidad de la petición de la Fiscalía, la que fue denegada. Ése mismo día, en una sesión extraordinaria de directorio, SQM no dio respuesta a la solicitud del Ministerio Público y optó por pedir un informe independiente que analice la situación y agendar una reunión para hoy, lunes 16.
El viernes pasado, Contesse, por medio de su abogado, siguiendo la línea de lo denominado como una «operación bloqueo», en contra de la Fiscalía, acudió al Tribunal Constitucional, para nuevamente revisar la legalidad del accionar de Sabas Chahuán, todos indicios de una búsqueda por dilatar una respuesta clara, la que finalmente llegó.
La negativa del directorio dejó en evidencia la supremacía del poder de Julio Ponce Lerou, quien revocó la apuesta inicial de los representantes de Potash Corporation e hizo valer su posición, apoyada por los próceres de la UDI en el directorio, Juan Antonio Guzmán y Hernán Büchi, así también el mismo hijo de Contesse.
Cabe recordar que la solicitud de la Fiscalía tiene como principal objetivo obtener los antecedentes contables de SQM, entre 2009 y 2014, que permitan dar con el paradero de diversas boletas para financiar campañas políticas de candidatos de la UDI, RN y la Nueva Mayoría, por lo que la respuesta de Soquimich retrasa la investigación que se abrió en el margen del caso Penta.
Según información entregada por otros medios de comunicación, la negativa de SQM se basa en otro accionar, que sería la auto-denuncia al Servicio de Impuestos Internos, lo que bloquearía el actuar de la Fiscalía, ya que la minera no metálica sería beneficiada por el «perdonazo» que anunció el SII la semana pasada.
