Nueva jugada azota a la teleserie de la arista Soquimich
Mañana 20 de marzo, a primera hora de la mañana, el organismo fiscalizador traspasará la información contable de la minera no metálica al Ministerio Público. Información que fue entregada por Soquimich hace tres días, luego de que el directorio de la empresa determinara que el organismo fiscalizador era el idóneo para contar con los documentos y no la Fiscalía.
La disputa entre SQM, el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía y el recientemente sumado Tribunal Constitucional, parece tomar un nuevo rumbo, que podría poner en la cuerda floja a los políticos de la Nueva Mayoría, que han sido vinculados con financiamiento irregular para sus campañas electorales.
Mañana 20 de marzo, a primera hora de la mañana, el SII traspasará la información contable de la minera no metálica al Ministerio Público. Información que fue entregada por SQM hace tres días, luego de que el directorio de la empresa determinara que el organismo fiscalizador era el idóneo para contar con los documentos y no la Fiscalía.
Son muchos los vaivenes de esta historia que se inició el 6 de marzo, cuando el Ministerio Público le solicitó a Soquimich entregar de forma voluntaria su documentación contable desde el 2009 hasta el 2014.
Tras la petición, parte del directorio de SQM, específicamente los canadienses de Potash Corp, se mostraron dispuestos a entregarla, pero la otra parte, dominada por Julio Ponce Lerou y quien era su mano derecha al interior de la empresa, el ex gerente general, Patricio Contesse, llevaron a cabo una acción de bloqueo que terminó con dos solicitudes ante el Tribunal Constitucional para validar la legalidad de la petición de la Fiscalía, incluso con Contesse ya fuera de la empresa y con la renuncia de los directores de Potach Corp.
El mismo día en que SQM entregó los datos al SII, los que según el ente fiscalizador no estaban completos, el Tribunal Constitucional determinaba el congelamiento de la investigación del caso, hasta el 25 de marzo.
El TC respondió el requerimiento de aclaración presentado por Samuel Donoso, abogado representante de Patricio Contesse, para impedir que el Fiscal Nacional por la vía del artículo 19 del Código Penal pudiera acceder a los registros contables de la compañía, donde supuestamente hay antecedentes de aportes irregulares a campañas políticas que alcanzarían a la Nueva Mayoría. En una resolución adoptada el martes, el TC había ordenado suspender las diligencias, pero Chahuán, invocando la referida disposición para acceder a los datos, a través de un oficio, dio un plazo de 48 horas al SII.
Finalmente, el Tribunal Constitucional hoy mismo respondió “confiriendo traslado al Ministerio Público y al Servicio de Impuestos Internos por el término de dos días”, lo que significa que en el plazo de otras 48 horas el Fiscal Nacional Sabas Chahuán deberá justificar su petición de información.
Esta tarde Chahuán aseguró que usará todos los recursos legales para continuar la investigación. “Es lo que vamos a seguir haciendo. Tenemos que investigar los delitos y si para eso hay que empecinarse en conseguir lo que se busca, en vencer obstáculos jurídicos, bueno, habrá que hacerlo”, lo que al parecer hizo eco al interior del SII, que mañana entregará la información contable que involucraría con presunto financiamiento ilegal de campañas a personeros de la Nueva Mayoría y RN, además de los militantes de la UDI ya involucrados por el caso Penta.
