El Juzgado de Garantía acogió la acción penal del partido de oposición, que además del hijo de la Presidenta apunta a funcionarios municipales de Machalí supuestamente involucrados en negociación incompatible a partir del negocio inmobiliario en Machalí.
Este lunes, el Juzgado de Garantía de Rancagua resolvió acoger a trámite la querella por violación de secreto y negociación incompatible que presentó Renovación Nacional en contra de Sebastián Dávalos Bachelet. Todo en el contexto del negocio inmobiliario protagonizado por Caval, la empresa de su esposa Natalia Compagnon, que compró en $6.50o millones tres terrenos en Machalí con la ayuda de un crédito del Banco de Chile, que se le otorgó después de una reunión entre el hijo de la Presidenta, y el vicepresidente y propietario del banco Andrónico Luksic.
Pero específicamente en la querella se incluye, además de Dávalos, la solicitud de investigar los posibles delitos asociados a las gestiones del Seremi de Vivienda, Wilfredo Valdés, la arquitecta de la Dirección de Obras de Machalí, Cinthia Ross, y Jorge Silva, funcionario de la municipalidad.
Los supuestos delitos están incluidos en el artículo 240 bis del Código Penal que sanciona la negociación incompatible. «Este vínculo de funcionarios públicos con particulares puede implicar una vulneración del deber de todo funcionario público de guardar silencio, sobre todo frente a quien tiene un interés económico en la información que posea ese funcionario público», afirma el texto consignado por Emol.
Con esta resolución, RN a través de los abogados que lo representan tendrá acceso a la investigación que lleva adelante el fiscal Luis Toledo. Algo similar a lo que ocurre con el Partido Socialista, que es interviniente en el caso Penta.
