PAÍS
Foto: AgenciaUNO (archivo, 2018)
El día en que el exministro José Antonio Gómez rechazó 500 rebajas de penas y terminó investigado
En 2015, durante el Gobierno de Bachelet, su enfrentamiento con la Corte Suprema derivó en una denuncia penal respaldada por los entonces diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson. El episodio resurge en plena controversia por los 56 beneficios concedidos bajo la administración Kast.
La polémica por las rebajas de condena concedidas por el Gobierno de José Antonio Kast tiene un antecedente que se remonta a 2015. Ese año, el entonces ministro de Justicia José Antonio Gómez (PR) se negó a firmar cerca de 500 decretos que beneficiaban a condenados por delitos graves, incluidos homicidas, violadores y abusadores sexuales de menores. Su decisión desató un enfrentamiento con la Corte Suprema que terminó con el exsecretario de Estado investigado penalmente.
Según relató a La Tercera, Gómez consideraba que las rebajas constituían un beneficio sujeto al cumplimiento de requisitos legales y no un derecho automático. Sin embargo, los tribunales sostenían que correspondía a las comisiones de reducción de condena resolver las solicitudes y al ministerio ejecutar sus decisiones.
El exministro se negó a firmar los decretos y defendió su postura ante la justicia, aunque los recursos de amparo terminaron favoreciendo a los condenados.
“No porque una corte diga que algo es blanco, es blanco”, afirmó Gómez, quien aseguró que volvería a actuar de la misma manera.
El conflicto escaló hasta la entonces Presidenta Michelle Bachelet, mientras desde la Suprema surgieron advertencias de un eventual procedimiento por desacato, según el relato del exministro.
La ONG Leasur presentó una denuncia ante la Fiscalía, respaldada públicamente por los entonces diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, quienes acudieron a La Moneda para cuestionar la actuación de Gómez. Boric incluso lo acusó de prevaricación.
El Ministerio Público abrió una investigación y Gómez quedó en calidad de imputado, aunque la causa posteriormente fue cerrada. Según el exministro, la Fiscalía no encontró conductas constitutivas de delito.
Once años después, el episodio vuelve a escena por los 56 decretos firmados bajo la gestión de Fernando Rabat. Gómez cuestionó que el actual ministro concediera directamente los beneficios, en lugar de defender los rechazos ante los tribunales.
En declaraciones a Radio BíoBío, calificó esa decisión como un error, aunque valoró que Rabat busque una solución legislativa para restringir las rebajas. También advirtió que, a su juicio, los beneficios ya otorgados y notificados no podrían revertirse.
