Entre las 15 medidas presentadas, destacan el fin a los aportes reservados para las campañas políticas, la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos en caso de ser condenado por tráfico de influencias, cohecho o financiamiento ilegal de campañas, permitir a los parlamentarios renunciar a su cargo, financiamiento público de partidos y disminución del gasto electoral, entre otros.
Hasta La Moneda llegaron esta mañana representantes de los movimientos Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal, para exponer ante el Consejo Asesor Anticorrupción una propuesta conjunta que busca mejorar la calidad de la política.
Tras la cita, el secretario general de Amplitud, Pedro Browne, explicó que una de las propuestas más novedosas, según la comisión, es la “creación de una oficina de denuncia ciudadanas para casos de corrupción, donde los funcionarios públicos y la gente en general pueda tener la certeza de que será protegido en caso de denunciar”.
Esta propuesta fue elaborada por el Comité Ciudadano de Amplitud, encabezado por Eduardo Yáñez, quien explicó: “Esta oficina genera un mecanismo disuasivo, porque genera que al personaje corrupto le haga mucho ruido involucrar a sus subalternos. Hoy hay mucha gente que sabe cosas, pero no se atreve por temor a las represalias. Queremos poner fin a ese temor”.
Sasha Razmilic, presidente de Red Liberal, dijo que “vinimos a presentar la propuesta que hicimos pública en noviembre del año pasado más otras ideas que seguimos elaborando”.
En ese sentido, Robert Funk, de Fuerza Pública, dijo que las propuestas buscan “fortalecer nuestros partidos políticos, fortalecer la transparencia”.
Junto con destacar el trabajo conjunto, Browne, Razmilic y Funk reiteraron la intención de seguir buscando coincidencias programáticas y profundizar el trabajo para conformarse como un bloque político de centro liberal.
Entre las 15 propuestas presentadas, destacan el fin a los aportes reservados para las campañas políticas, la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos en caso de ser condenado por tráfico de influencias, cohecho o financiamiento ilegal de campañas, permitir a los parlamentarios renunciar a su cargo, financiamiento público de partidos, y disminución del gasto electoral, entre otros.
