Confech critica propuesta de «impuesto al profesional» de Mineduc: «Demandamos educación gratuita sin letra chica»

Revuelo ha causado la filtración de algunas iniciativas que contendría el proyecto de Reforma Universitaria, que según lo establecido por el último comité político de La Moneda se presentaría luego de que se envié al Congreso la ley de Carrera Docente.

La iniciativa, que tiene como objetivo financiar la gratuidad para el 70% más vulnerable de nuestro país, se financiaría con un 2% del 3% que recaude la Reforma Tributaria. Monto que no alcanzaría el financiamiento necesario para cumplir la promesa de campaña, de la Presidenta Michelle Bachelet.

Frente a dicha problemática, según La Tercera, los asesores del Mineduc habrían establecido un «sistema mixto», el que consistiría en aplicar un impuesto a los estudiantes, ya titulados, que hayan optado a la gratuidad y que tengan altas remuneraciones.

Ante la posibilidad de que se integre dicha medida, la presidenta de la Fech, Valentina Saavedra, aseguró que como Movimiento Estudiantil, «demandamos educación gratuita sin letra chica», junto con agregar que les «parece bien preocupante» que hace una semana se hayan reunidos con el ministro Eyzaguirre y no les haya dicho nada sobre esta posibilidad dentro de la reforma. «Nos parece poco serio y poco claro», sostuvo.

Según la líder estudiantil, dicha información «nos da luces de que el Gobierno sigue improvisando». Además, en cuanto a la falta de una fecha clara para la presentación de la reforma universitaria, Saavedra recordó que el mismo ministro Eyzaguirre les dijo que «mientras fuera de este año está bien».

A juicio de la dirigenta, la falta de transparencia y unificación del discurso por parte del Mineduc en cuanto a la Reforma Universitaria demuestra que «no tienen claro las bases que sustentan su proyecto o ni siquiera existe un proyecto».

Respecto a la forma de participación de los diversos actores de educación en la reforma, la presidenta de la Fech aseguró que los «espacios bilaterales son insuficientes» y que por ello es necesario generar una incidencia directa de los actores de la educación en la Reforma Universitaria.

Por ello, «lo de hoy reafirma el llamado a movilizarnos», aseguró Saavedra, al tiempo que reiteró su llamado a la movilización del 16 de abril, para demandar la educación gratuita «sin letra chica».

Por otra parte, la presidenta de la Feusach, Marta Matamala, afirmó que están en contra de la medida, «creemos que esta es una medida parche, frente a una reforma tributaria superficial» y agregó que hay una falta de interés en relación a generar una reforma más profunda.

Calificó a la propuesta como «desesperada» y aseguró que es «un sistema crediticio encubierto».

Según la dirigenta, esta medida «deviene de la necesidad de intentar sacar las platas necesarias para que no recaiga en los más ricos, sino por medio de los que se endeudan (…) tratando de pasarlo por un derecho» y lo calificó como un Crédito con Aval del Estado (CAE) 2.0.

Agregó que, si se busca un objetivo de retribución social con la medida, se debiera establecer un mecanismo en que abogados, ingenieros trabajen en el sistema público.

Desde el punto de vista de la universidades privadas, Iñaki Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado (Feuah), dijo que una vez más la información sobre la Reforma «sale muy rápido y no por medio de canales formales». De acuerdo al dirigente, implementar un impuesto para los estudiantes ya titulados significa que «la gratuidad que se prometió se esta tirando a una deuda a largo plazo» para los estudiantes.

En cuanto a la falta de plazos y claridad de la propuesta por parte del Mineduc, Martínez aseveró que «eso es parte del conflicto que mantiene el gobierno desde 2014». Además, dijo que no hay seguridad de «que se saque al mercado y se consolide la gratuidad y la concepción de la educación como un derecho».

Se espera que el proyecto de Reforma Universitaria –que según lo comunicado por el Mineduc a la Confech consistiría en gratuidad asegurada al 70% de la población más vulnerable, a partir del 2016, y además la sustitución del aporte fiscal indirecto por un sistema de financiamiento basal a las universidades tanto estatales como privadas, que cumplan una serie de requisitos– sea presentado luego de que ingrese el proyecto de Plan de Carrera Docente al Congreso, lo que ha sido anunciado por el Ejecutivo para abril.