Ramiro Mendoza: “El financiamiento irregular de la política puede pavimentar la irrupción de prácticas de cohecho”

El ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, asegura que actualmente el país se encuentra en una crisis de confianza donde los casos de corrupción son una de sus facetas, añadiendo que el financiamiento irregular de campañas electorales puede pavimentar la irrupción de prácticas de cohecho que buscan capturar las decisiones políticas.

Así lo expone en una entrevista con El Mercurio, en donde explica que la frase utilizada en su última cuenta pública en cuanto a que la “corrupción ya llegó”, no es la primera vez que la emplea, afirmando que no hay país en el mundo donde este flagelo no exista, ya que “es un fenómeno que acompaña la naturaleza caída del hombre. Lo importante es cuánto más corruptos son los países”.

En ese sentido, Mendoza advierte que es necesario tener cuidado porque “hemos pasado de cuentas públicas exiguas a unas bastante abultadas”.

“Las contingencias de riesgo han aumentado; lo que antes podía ser una mala práctica irrelevante, hoy puede transformarse en un riesgo mayor. Hace 25 años, la Ley de Presupuesto no tenía más de 12 o 14 páginas; hoy debe ser casi 400 y viene con un instructivo de otras 400. Si en los 90 en Chile regábamos con manguera, hoy lo hacemos con aspersores en las decisiones de gasto público”, menciona.

En cuanto a la seguidilla de casos de corrupción, el ex Contralor precisa que “estamos en una crisis de confianza, los casos de corrupción son una de sus facetas. La crisis de confianza se produce cuando el Estado deja de funcionar bien o introduce una política pública equivocada, como el Transantiago. Al final de cuentas la confianza se basa en cómo te tratan quienes tienen poder; los hechos de corrupción son el corolario del agravio que siente la gente. Esta crisis es mucho más profunda que solucionar el problema de Penta, las Cascadas o SQM. Por eso no se puede tapar el dique con una ley”.

“Hay reformas legales que son urgentes como las modificaciones a la Alta Dirección Pública, regular seriamente las declaraciones de interés y patrimonio, o las puertas giratorias, para impedir que los reguladores accedan a servir al regulado. Pero si la ley que se proponga no logra advertir el tema medular estaremos haciendo nuevamente una arquitectura jurídica que no se sostendrá en el tiempo. Si no logro que la gente vea cambios trascendentes, la cuestión será estéril”, sostiene el ex Contralor.

Sobre la Alta Dirección Pública, Mendoza explica que ésta debe recuperar el valor de la meritocracia en el acceso a la función pública, ya que “se vendió como un cambio, pero no eliminó los cargos de confianza exclusiva y duró hasta que el jerarca de turno decidió ejercer esa confianza. Es como Chilecompras, que es una plataforma transparente y eficiente, pero no significa que en Chile no haya problemas con las licitaciones públicas, porque son complejas y tienen espacios para arbitrariedades”.

Y agrega que “el tema de la confianza no solo dice relación con el Estado y no depende de la definición que pueda hacer una asamblea constituyente, es un problema mucho más profundo que hay en Chile con la dignidad de trato. Hacemos, por ejemplo, una ley para los derechos y deberes del paciente, pero la gente sigue amontonada esperando que la atiendan”.

Mendoza sostiene que la codicia es una conducta individual que tiene efectos sociales y se produce tanto en el mundo privado como en el público y “la acción de un kairóspata en el mundo privado disminuye la ganancia de otros, pero en lo público se relaciona con los conflictos de interés y afecta los beneficios sociales de todos en la función que tiene el Estado en el bien común. Por eso es más grave”.

El ex funcionario público señala que “el financiamiento irregular de la política puede pavimentar la irrupción de prácticas de cohecho que buscan capturar las decisiones políticas y revela una tremenda mezquindad de los financistas que consiguen rebajas en la carga tributaria. Una cosa distinta sería que quienes financiar las campañas electorales se metieran las manos a su bolsillo. Al final de cuentas el estado pierde dos veces: por el riesgo de captura y porque no recibe los impuestos que debería”.

Además, el ex Contralor hace un diagnóstico para que el Estado esté protegido sin inmovilizar o inducir a “atajos” en materia tributaria, afirmando que el “aumentar desmesuradamente los controles es una estupidez. Lo primero es mejorar la calidad del control a través de las competencias profesionales de quienes lo ejercen, aumentar su independencia sin puertas giratorias entre el sector público y el privado, y mejorar la capacitación”.

“Hace mucho tiempo que el Servicio de Impuestos Internos debió haberse “saltado” el aumento de boletas de honorarios y facturas de trabajo que nunca se hicieron. Hay una debilidad institucional también en la superintendencia porque, al final, cuando se trata de sociedades anónimas, están siendo amagados el resto de los accionistas. Hay una pérdida patrimonial para los accionistas, una pérdida moral en el bien común que producen los recursos públicos y una pérdida en los recursos previsionales de los chilenos”, argumenta.

En cuanto al caso Caval, Mendoza señala que este “hasta hoy, no pasa de ser un cuestionamiento a la forma de enriquecimiento de un grupo de personas que pueden impactar por la repercusión que pueda tener el involucramiento del hijo de la Presidenta. El Ministerio Público investiga si efectivamente hay un conflicto de interés o aprovechamiento de circunstancias personales”.