Exigimos un Acuerdo Social y Político en el que los distintos actores de la sociedad participemos activamente en la reformulación de las instituciones que han sido dañadas con estos hechos. Entendemos y compartimos el papel fundamental del Poder Legislativo en una democracia representativa. Sin embargo, en la discusión de estas reformas no pueden participar únicamente los parlamentarios, es necesario que la democracia representativa sea reforzada con una real participación ciudadana.
Una conjunto de 20 organizaciones firmaron una declaración pública en la que exigen un «Acuerdo Social y Político», como una forma de salir de la crisis política que vive nuestro país, en medio de los Penta, Caval y SQM.
En dicho documento aseguran que:
Ante los últimos hechos conocidos por la opinión pública relacionados a graves actos de corrupción, conflictos de intereses, y financiamiento ilegal de la política en Chile, en las que se han visto involucradas personas del ámbito público y privado y ante las noticias de que los partidos políticos estarían buscando un acuerdo para hacer frente a los casos Penta, SQM y Caval, los abajo firmantes declaramos:
No a la impunidad: llamamos a todos los actores políticos y sociales a manifestar su rechazo categórico a cualquier tipo de práctica que implique un punto final a las causas judiciales, actuales o futuras, relacionadas con actos de corrupción que se hayan cometido por parte de cualquier ciudadano y particularmente por parlamentarios o funcionarios públicos en los últimos años. Es esencial que en nuestro país impere el Estado de Derecho y los principios de igualdad ante la ley y debido proceso, sin ningún tipo de exclusión ni distinción fundado en la posición social, económica o de poder que ostenten determinadas personas.
No sin nosotros, no a nuestras espaldas: dada la actual y creciente desconfianza de gran parte de la ciudadanía frente a las instituciones y autoridades, sólo un Acuerdo Social y Político creado de cara a la opinión pública será capaz de restaurar la confianza y obtener la legitimidad necesaria. Este acuerdo debe perfeccionar la relación entre dinero y política, fortaleciendo la transparencia, el control social y una efectiva rendición de cuentas de carácter público. Este acuerdo debe considerar a la ciudadanía en su totalidad. Por el contrario, un acuerdo privado entre la clase política –la principal afectada y cuestionada estos días–, sólo lograría agravar la situación y restarle fortaleza a nuestro sistema democrático.
Exigimos un Acuerdo Social y Político en el que los distintos actores de la sociedad participemos activamente en la reformulación de las instituciones que han sido dañadas con estos hechos. Entendemos y compartimos el papel fundamental del Poder Legislativo en una democracia representativa. Sin embargo, en la discusión de estas reformas no pueden participar únicamente los parlamentarios, es necesario que la democracia representativa sea reforzada con una real participación ciudadana.
Convocamos a una mesa de trabajo, abierta a todos los actores sociales, con el objeto de participar en la creación de propuestas legislativas, en el debate de las reformas y en la fiscalización de la implementación de estas. Una mesa de trabajo con acciones y plazos concretos de cara a las reformas que estamos viviendo como país.
Atentamente:
América Solidaria, Amnistía Internacional, Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales – ACCIÓN, Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto Hurtado, CODEFF, Corporación Humanas, Casa de la Paz, El Sobre Azul, Fundación Biobioproyecta, Fundación Chile Movilizado, Fundación Ciudad Emergente, Fundación Ciudadano Inteligente, Fundación Crea, Fundación Equitas, Fundación Pro Acceso, Fundación Superación para la Pobreza, Greenpeace, Marca tu Voto “AC”, Nosotros Ciudadanos, ONG PAICABI, ONG Yo Reciclo, Sur Maule.
