El resquicio legal que puede salvar a los políticos investigados por boletas falsas
Un artículo de la ley electoral dice que los delitos de este tipo prescriben al año, lo que en estos casos ya ocurrió. Si el SII no presenta nuevas denuncias sobre la base de los datos que han estado apareciendo, los casos Penta y SQM no tendrán sancionados en su arista política.
Es posible que las investigaciones, al menos en los casos Penta y SQM, no signifiquen sanciones penales para los políticos involucrados. A las diferencias de criterio entre el SII y el Ministerio Público, respecto de ampliar la indagatoria hacia nuevas aristas, como las filiales de Soquimich o la empresa de Giorgio Martelli, Asesorías y Negocios SpA, se suma un salvavidas contenido en la ley.
El artículo 55 n.º5 de la Ley 19.884 de Transparencia, Límite y Control dice que los delitos a la ley electoral prescriben en un año. Señala textual: «El plazo de prescripción para las faltas, infracciones o delitos establecidos en esta ley, incluidos los delitos conexos a ellos, será de un año contado desde la fecha de la elección correspondiente”.
En la práctica, aunque la Fiscalía logre acreditar infracciones a la ley electoral, los delitos están prescritos desde fines de 2014. Fuentes del Gobierno consignadas por revista Qué Pasa afirman que hay claridad respecto de que el rango de acción para el Ministerio Público se restringe. Si no puede investigar delitos electorales, y el SII no presenta denuncias a la Fiscalía, el caso llega a su fin.
Aunque la Fiscalía busca demostrar que los delitos tributarios son el delito principal, y no uno conexo a infringir la ley electoral.
Por ahora, el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner sería el que arriesga más sanciones, si se determina que es culpable de cohecho. Supuestamente aceptó pagos de Penta mientras estaba en el Gobierno anterior.
