«Encontramos inconcebible que cuando la ciudadanía ha sido víctima de la corrupción en el vínculo de lo público y lo privado, derivando en el quiebre de confianzas, no se haya incluido en la agenda de probidad la propuesta de Fundación Multitudes, entre otras organizaciones, para reformar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública», señaló.
Fundación Multitudes, enfocada en trabajar para avanzar hacia un Estado más abierto y transparente, valora «los esfuerzos del Gobierno y del Consejo Asesor Presidencial para escuchar e integrar en este nuevo marco regulatorio las opiniones y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil».
«Especialmente la eliminación de los aportes reservados, anónimos y de empresas a campañas políticas; la regulación de la puerta giratoria entre servicio público y empresas, y el registro público obligatorio de lobistas en el país. Asimismo, el término de la reelección indefinida de cargos públicos, la creación de la Defensoría Ciudadana y el proceso ciudadano que antecederá a la redacción de una nueva Constitución», aseguraron por medio de un comunicado de prensa.
Agregan que si bien apoyan que se aumenten las exigencias y la fiscalización en el uso de recursos públicos en el Poder Ejecutivo y en municipios y que se regule de mejor manera a aquellos que prestan servicios al Estado, «encontramos inconcebible que cuando la ciudadanía ha sido víctima de la corrupción en el vínculo de lo público y lo privado, derivando en el quiebre de confianzas, no se haya incluido en la agenda de probidad la propuesta de Fundación Multitudes, entre otras organizaciones, para reformar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública».
«La ley 20.285 ha sido una herramienta ejemplar para que la ciudadanía acceda a información sobre el uso y manejo de sus recursos. Su extensión al sector privado que maneja bienes públicos es indispensable para aspirar a una transparencia efectiva en Chile y al restablecimiento de las confianzas, pues ello se logrará solo abarcando al círculo completo de actores, Estado, ciudadanía y sector privado», finaliza el comunicado.
