Patricio Contesse fue gerente general de la minera no metálica
El abogado Samuel Donoso, que defiende al ejecutivo de la minera, argumentó que su cliente nunca tuvo la intención de evadir impuestos y que sólo autorizó pagos que podrían haber servido para aportes políticos, al tiempo que aseguró que, de haberse cometido estas faltas que están incluidas en la ley electoral, ya estarían prescritas. La suma de los documentos cuestionados supera los cinco mil millones de pesos.
Durante la mañana de este jueves, en dependencias del Octavo Juzgado de Garantía, partió la audiencia de formalización contra los primeros imputados por el caso SQM. La jueza Ely Rotheld determinó que Patricio Contesse, mano derecha del ex presidente de Soquimich, Julio Ponce Lerou, quedara con arresto domiciliario total y arraigo nacional, un revés para la Fiscalía, ya que el equipo del Ministerio Público que lleva el caso había solicitado prisión preventiva, para el tiempo que dure la investigación.
“Resulta que no se configuran –en el criterio de esta juez– los estándares de necesidad de cautela que justifiquen decretar la prisión preventiva por los señores fiscales o la querellante. Por falta de necesidad, por falta de proporcionalidad con la pena posible, por no existir fundado temor de fuga”, indicó la jueza, según consigna Radio Bío Bío.
“Siendo la prisión preventiva la medida cautelar de mayor entidad, por los fundamentos expuestos y en consonancia con lo manifestado por la defensa, se estima satisfacen la necesidad de cautela las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional”, agregó.
Los tres imputados eran el abogado Roberto Guzmán Lyon, el ejecutivo Luis Saldías Varas y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, quien fue parte de la operación de bloqueo a la Fiscalía, que lideró Julio Ponce Lerou, con el fin de que el Ministerio Público no pudiera tener acceso a la información contable de la minera correspondiente al periodo comprendido entre 2009 y 2014, la que fue solicitada por Sabas Chahuán el 6 de marzo y, finalmente, entregada al SII.
En cuanto a la resolución de las medidas cautelares en contra del abogado Roberto Guzmán Lyon y el ejecutivo Luis Saldías Varas, ambos quedaron con arresto domiciliario parcial entre las 22 y las 6 horas, y arraigo nacional mientras dure la investigación en la que se les acusa de delitos tributarios asociados a la utilización de documentos tributarios falsos.
La audiencia fue transmitida en vivo por el canal online del Poder Judicial y por diversos medios de comunicación, luego de que la jueza Ely Rotheld, autorizara su publicación, por considerar «educativo e ilustrativo» para la ciudadanía conocer la información respecto a estos casos.
La encargada de formular la imputación fue la fiscal Carmen Gloria Segura, la cuarta persecutora que se unió al equipo liderado por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien estaba acompañada de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. La Fiscalía, para basar su imputación, incorporó 891 boletas y 222 facturas, por un total de 5 mil 430 millones de pesos.
En la primera parte de la audiencia, que entró en receso a las 12:40 horas y se retomó pasadas las 13:00 horas, la Fiscalía exhibió como prueba boletas falsas, los documentos ligados a los hijos del senador Jorge Pizarro (DC), Jorge y Sebastián, por medio de la empresa Ventus Consulting. También exhibió los documentos de la administradora Bancorp, vinculada a Sebastián Piñera, y otras correspondientes a los hijos del ex senador UDI Pablo Longueira.
El fondo de la acusación es que Patricio Contesse, ex gerente general de la minera, sería quien autorizó con su firma estos pagos, que eventualmente no están asociados a servicio real alguno. En ese contexto, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para Contesse, al igual como lo hizo en marzo en la formalización de los diez primeros imputados del caso Penta, que terminó en la prisión preventiva –durante 46 días– de los controladores del Grupo Penta, mismos que actualmente se encuentran con arresto domiciliario total.
En el caso de Administradora Bancorp, Contesse recibió pagos por $340 millones por una asesoría, en circunstancias que el vicepresidente de finanzas Ricardo Ramos afirmó que nunca hubo asesorías para la empresa, según leyó el fiscal Carlos Gajardo durante la audiencia.
Durante la tarde, desde las 16:50 y luego de otro receso, se retomó la audiencia con la intervención del abogado defensor Samuel Donoso, quien llevó a cabo, por mandato de Contesse, la acción para frenar el accionar de la Fiscalía por medio de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, el que finalmente fue rechazado.
Donoso, en un alegato muy elocuente, argumentó que «aunque las boletas sean ideológicamente falsas, en este caso no se puede invocar el derecho penal». El abogado, que en medio de este caso renunció al PPD, admitió que su cliente ayudó a financiar campañas políticas, pero añadió que pagó los impuestos correspondientes y que en su conducta no existía la intención de evadir impuestos.
Sobre la exposición de los fiscales, Donoso sostuvo que «nada hemos escuchado de cómo se acredita la malicia. El actuar de Contesse ni remotamente tenía intencionalidad de evadir impuestos. Sería ridículo que evadiera impuestos pagando cinco veces más de lo que se ahorraba», enfatizó.
El abogado aseguró que «podrá configurarse la intención de financiar campañas políticas, pero no la malicia de evadir impuestos. En el caso de los eventuales delitos de financiamiento de partidos, esa conducta está prescrita», aclaró, citando el artículo 54 de la ley electoral, dando con ello una señal de lo que puede ocurrir en relación a la defensa de los políticos involucrados en este caso.
Finalmente, cerca de las 23:00 horas, la jueza Ely Rotheld decidió que Patricio Contesse quedaría con arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras dure la investigación.
