Defensa del ex ejecutivo de SQM contradice a emisores de boletas
El fiscal Carlos Gajardo dio cuenta de la existencia de un «centro de costos; o sea, una caja que dependía directamente» del gerente general, basando su argumentación en las dos empresas que trabajaron para la campaña senatorial de Pablo Zalaquett: Asosorías Cristina Zúñiga Paredes E.I.R.L. y Reactor SpA.
Uno de los fiscales que investiga el caso Penta-SQM, Carlos Gajardo, dio cuenta de una nueva arista en el pago irregular a campañas políticas, afirmando que el ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, no solo generaba boletas ideológicamente falsas, sino que para darle una especie de respaldo, los imputados se proveían de un acuerdo artificial.
Según señala El Mercurio, a Contesse se le formularon cargos por incluir boletas y facturas ideológicamente falsas a la contabilidad de la empresa durante los años 2009 y 2014, lo cual implicó la rebaja indebida de su base imponible y el pago de menos impuestos.
De esta forma, Gajardo dijo en la audiencia de formalización del ex ejecutivo que existen 891 boletas y 222 facturas ideológicamente falsas por un total de $5.430.342.885, lo que generó un perjuicio fiscal de $2.026.792.319.
La información sostiene que los 1.113 documentos fueron emitidos por 160 contribuyentes y 19 sociedades.
En su exposición, el fiscal dio cuenta de la existencia de un «centro de costos; o sea, una caja que dependía directamente» del gerente general, basando su argumentación en las dos empresas que trabajaron para la campaña senatorial de Pablo Zalaquett: Asosorías Cristina Zúñiga Paredes E.I.R.L. y Reactor SpA.
Sobre el primer caso, Gajardo leyó parte de la declaración del asesor político que trabajo en Pecado Kapital, cuya socia es Cristina Zúñiga, Alejandro Chaparro, explicando que «se envió un contrato tipo para que lo firmara Cristina, que venía vacío».
De esta forma, el persecutor sostuvo que «para darle una especia de respaldo a esta falsedad (…) los imputados se proveían de un contrato también falso».
También existía un acuerdo firmado con el gerente general de Reactor SpA, Sebastián Correa, los cuales fueron firmados el 1 de mayo de 2013, siendo que fueron enviados por mail el 23 del mismo mes.
Estos nuevos datos fueron integrados a la carpeta investigativa el 22 de abril, luego que fueran entregados por el abogado del actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, Carlos Cortés.
En tanto, el abogado de Contesse, Samuel Donoso, durante su exposición se dedicó a explicar que su cliente no tuvo la intención de defraudar al fisco, sino, a lo más, financiar campañas políticas.
Así lo expone La Tercera, indicando que “en los casos que se le ha imputado a Patricio Contesse de haber financiado actividades políticas, podrá configurarse la intención de aquello, pero no es posible construir la voluntad de que mi defendido pretendía evadir impuestos”.
Esta declaración contradice a lo que han expuesto varios emisores de boletas y facturas, quienes en su mayoría han esgrimido que los servicios fueron prestados y que los dineros no fueron destinados a políticos.
Además, tal afirmación complica a aquellos imputados que han preferido guardar silencio al momento de ser requeridos por la fiscalía para entregar su testimonio.
Donoso también explicó que 18 personas, de un total de 181, eran quienes habían afirmado haber prestado servicios a SQM y que un gran porcentaje de estas no se sabe nada porque guardaron silencio.
Sin embargo, el abogado de Contesse hizo una excepción con Marcelo Rozas, a quien Sebastián Pizarro dijo ante el SII, que le entregó asesorías verbales al ex embajador, indicando que «Marcelo Rozas sí trabaja para SQM».
Además, la defensa del ex gerente general de la minera no metálica advirtió que hubo algún financiamiento político no contemplado por la ley, la cual se encontraría prescrita.
“En el caso de los eventuales delitos de financiamiento de partidos, esa conducta está prescrita”, explicó el abogado.
