«Muchas veces hay antecedentes que no están en el país y pueden estar en la Fiscalía de Estados Unidos. Si hay información que revista ese carácter, la derivaremos a la fiscalía regional que corresponda. En principio, en Chile no se habían cometido delitos, pero si hay antecedentes en Estados Unidos, se puede abrir una causa acá», explica Sabas Chahúan.
El Ministerio Público junto con el resto de los miembros del Merecosur acordaron solicitar información a la fiscalía de Estados Unidos por el caso FIFA para aclarar si existen chilenos involucrados.
La información fue confirmada por el fiscal nacional Sabas Chahúan, quien explicó que se presentó una moción para que todos los ministerios públicos pidieran antecedentes a la justicia estadounidense sobre eventuales delitos en el escándalo que sacude al ente rector del fútbol mundial.
En declaraciones a El Mercurio, Chahúan dijo que la petición «fue aprobada por unanimidad», añadiendo que «como fiscalía, no estamos exentos a la realidad nacional y, en ese sentido, anda dando vueltas una serie de imputaciones que señalan que podría haber algún tipo de delito en Chile y queremos precisamente aclarar eso. Estamos obligados, si hay un hecho que revista caracteres de delito que se pone en conocimiento de la fiscalía, a abrir una investigación de oficio».
En ese mismo sentido, explicó que «muchas veces hay antecedentes que no están en el país y pueden estar en la Fiscalía de Estados Unidos. Si hay información que revista ese carácter, la derivaremos a la fiscalía regional que corresponda. En principio, en Chile no se habían cometido delitos, pero si hay antecedentes en Estados Unidos, se puede abrir una causa acá».
El fiscal nacional precisó que puede haber delitos económicos, tributarios o de lavado de dinero proveniente del extranjero y «eso sí son delitos. Igualmente, la convención de la ONU contra la corrupción consagra la eventualidad de un soborno a un funcionario internacional, y eso sería juzgable acá en Chile».
Explicó que no existen plazos en esta diligencia y que se basa en el principio de reciprocidad internacional, agregando que «queremos saber si hay información que implique a un chileno».
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa que nueve de diez asociaciones sudamericanas recibieron de la empresa Datisa un total de US$40 millones en sobornos durante 2013.