La Moneda resolvió no sacar por ahora a los cercanos a Peñailillo
Cuando salió el ex ministro del Interior, junto con él se fueron Pérez, Candia y Cucumides, pero a los pocos días en el círculo del ex ministro se comenzó a hablar de una suerte de “razia” contra la G90, sin que se registraran más ajustes. Así, Correa sigue de jefe de gabinete del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, a pesar de que en estas semanas se encuentra con licencia médica; se mantienen también en sus puestos, entre otros, el jefe de gabinete de Minería, Adolfo Galindo, lo mismo que Gabriel Sepúlveda en Energía, además del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, y la gobernadora de Colchagua, Carolina Cucumides.
No todos están de acuerdo con que sigan activos en las filas de la administración bacheletista, más aún cuando semana a semana se conocen más y nuevos antecedentes sobre el papel que cumplió el núcleo duro de Rodrigo Peñailillo en la precampaña y sus vínculos con el operador Giorgio Martelli, que habría distado harto de la versión original respecto a la realización de informes profesionales. Sin embargo, varios rostros de la llamada G90 siguen en sus puestos en el Gobierno, de donde no saldrán por ahora –recalcan en La Moneda– debido a que están blindados por el factor de las boletas que también emitió en ese entonces la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz, a la empresa del operador político.
“Si la Presidenta saca a los G90 que tienen boletas, está obligada a sacar a Estela Ortiz y eso ella no lo va a hacer”, sentenció una alta fuente de La Moneda ayer. Ese factor, agregaron, es la explicación de por qué, desde el cambio de gabinete y hasta la fecha, se ha protegido, literalmente, a los amigos de Peñailillo y no se ha tomado la decisión de sacarlos de sus actuales puestos de trabajo, a pesar de que su permanencia es un foco de tensión permanente para el Gobierno, impidiendo que La Moneda logre separar aguas del espinudo caso SQM y tomar control de la agenda con las reformas del programa.
Si bien el 20 de abril salió la primera información sobre las boletas de Peñailillo, Ortiz y varios de sus cercanos a la empresa Asesorías y Negocios SpA, de Martelli, durante el 2012, ayer The Clinic insistió en el vínculo, al difundir las confesiones del operador político a la Fiscalía: “Peñailillo, definió valores y funciones de un grupo de personeros, a los que él contrató y que no rendían cuentas y en algunos casos tampoco informes a Martelli, dueño de la empresa. Eso a pesar de que el geógrafo firmaba los contratos”, reza la nota y agrega que el ex ministro “tuvo otra injerencia” en la contratación por parte del geógrafo de figuras como Ortiz; de Ximena Albornoz; “el asesor de gabinete, Claudio Mauricio Santis Acosta; Jorge Cristian Rodríguez Cabello; y los G-90 Flavio Candia, Héctor Cucumides, Robinson Pérez, Cristian Manríquez, Harold Correa y Gabriel Sepúlveda, aunque este último trabajó bastante”.
[cita]“Si la Presidenta saca a los G90 que tienen boletas, está obligada a sacar a Estela Ortiz y eso ella no lo va a hacer”, sentenció una alta fuente de La Moneda ayer. Ese factor, agregaron, es la explicación de por qué, desde el cambio de gabinete y hasta la fecha, se ha protegido, literalmente, a los amigos de Peñailillo y no se ha tomado la decisión de sacarlos de sus actuales puestos de trabajo, a pesar de que su permanencia es un foco de tensión permanente para el Gobierno, impidiendo que La Moneda logre separar aguas del espinudo caso SQM y tomar control de la agenda con las reformas del programa. [/cita]
Las boletas de Ortiz a A&N correspondieron a 1 millón cada una, por informes sobre políticas públicas de infancia, tema en el cual es especialista. Cuando en abril salió dicha información, la amiga de Bachelet declaró que nunca supo que parte importante de esos dineros provenían de una de las filiales de SQM, cuyo controlador es el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou; que para ella lo más grave de todo es que «las platas que yo recibí tengan que ver con el yerno del asesino de mi padre y mi compañero», al tiempo que recalcó que jamás ha entregado una boleta que no esté respaldada por un trabajo, razón por la cual no tiene nada que esconder.
Eso fue en abril, ayer El Mostrador trató de contactar a Ortiz sobre el tema, pero no hubo respuesta.
Cuando salió Peñailillo del Gobierno, junto con él se fueron Pérez, Candia y Cucumides, pero a los pocos días en el círculo del ex ministro se comenzó a hablar de suerte de “razia” contra la G90, sin que se registraran más ajustes. Así, Correa sigue de jefe de gabinete del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, a pesar de que en estas semanas se encuentra con licencia médica; se mantienen también en sus puestos, entre otros, el jefe de gabinete de Minería, Adolfo Galindo, lo mismo que Gabriel Sepúlveda en Energía, además del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, y la gobernadora de Colchagua, Carolina Cucumides.
Correa está citado a declarar ante la Fiscalía, Riquelme fue vinculado a la compra de unos terrenos en Peñalolén, de los cuales Peñailillo fue el codeudor solidario, en tanto que Galindo ha sido cuestionado por su desempeño en el ministerio y se le relacionó con el negocio que el ex ministro y la G90 tenían con el litio.
En el caso de Sepúlveda, si bien ha sido mencionado con boletas, transversalmente en el Gobierno hacen una distinción entre él y el resto de la G90. En La Moneda, en distintos ministerios, autoridades y asesores dicen que es el único de ese grupo que realmente desempeña bien su trabajo como jefe de gabinete, que “no se dedicaba a operar como los otros”, que está muy bien valorado, que ha hecho una buena gestión, motivos por los cuales cuenta con el respaldo irrestricto del ministro Máximo Pacheco.
Del resto, en Palacio insisten en que el “factor Estela Ortíz” los está protegiendo, aunque no se descarta que ese criterio varíe a futuro, a la luz de nuevos antecedentes.
En La Moneda buscan poner paños fríos a este tema, lo que es coincidente con lo que se señala desde el Ministerio del Interior. Peñailillo no es santo de la devoción de su sucesor, el ministro Jorge Burgos; es más, no lo ha defendido en ninguna instancia, sin embargo, recalcan que eso no significa que comulgue con la idea de “hacer leña del árbol caído”. Por el contrario, afirman en Palacio que el secretario de Estado considera que es necesario “cuidar” a quien fue por una década el hombre de confianza de la Presidenta.
Así, todos los días La Moneda trata de sortear y esquivar el tema de Peñailillo, sus redes con Martelli, las citaciones a declarar de la G90, el papel que desempeñó Ortiz, etc. El ministro vocero, Marcelo Díaz, dijo ayer –igual que las semanas anteriores– que las investigaciones deben seguir su curso, que el Gobierno será extremadamente respetuoso de eso y que “las citaciones por parte del Ministerio Público no constituyen una presunción de culpabilidad, en eso hay que ser sumamente responsable, no nos vamos a dedicar a comentar ni el fondo ni los alrededores de una investigación de una institución como la Fiscalía”.
Esa estrategia de los paños fríos no es casual, si se considera que todas las semanas por la prensa hay mensajes dirigidos a La Moneda desde la G90. Basta recordar el titular en rojo del vespertino La Segunda a principios de mes, donde se precisaba que Peñailillo no sería el “chivo expiatorio” del financiamiento irregular de las campañas, lo que fue visto en el oficialismo como una “amenaza brutal” a Palacio y que llevó a que se buscara reconstruir algunos puentes con el ex ministro y su entorno.
Este fin de semana no fue la excepción, aunque el efecto en el Gobierno fue distinto. En el diario La Tercera se publicó que el entorno de Peñailillo tenía mails entre el ex ministro y personas que se hallaban en Nueva York con Bachelet el 2012, mientras estaba a cargo de ONU Mujeres, lo que pondría en tela de juicio el argumento presidencial de que no ordenó ni instruyó ninguna precampaña, como tampoco un sistema de recaudación de recursos en ese período.
En Palacio coincidieron en que el mensaje entre líneas “está teledirigido”, que detrás de ello se encuentra la mano del estratega Enrique Correa, que está asesorando a Peñailillo, y que busca fomentar el nerviosismo en las filas oficialistas ante la incapacidad política de “cerrar la arista SQM” definitivamente y evitar que escale el asunto.
Pero en La Moneda precisaron que los últimos mensajes no cumplieron el efecto deseado, menos después de conocer el contenido de la declaración de Martelli, donde el geógrafo precisa –destacaron– que Bachelet nunca autorizó ni supo de lo que se hacía en Santiago. En su declaración, Martelli precisó que los recursos generados por su empresa “iban destinados a que un grupo de profesionales se financiaran, es decir, que tuvieran ingresos propios, para poder dedicarse a la política. Algunas de estas personas recibieron, además dineros en periodo de campaña. La Presidenta Michelle Bachelet, en la versión de Martelli, no estuvo al tanto de las operaciones de su empresa”.
“No es La Moneda ni la Presidenta la que se encuentra contra las cuerdas en estos momentos”, recalcaron en Palacio.
