El abogado Juan Pablo Mañalich sostuvo que los delitos contra la propiedad afectan principalmente a los sectores menos acomodados y recalcó que la solución que propone la iniciativa que impulsa el gobierno es «inadecuada».
El jueves pasado, se llevó a cabo en el auditorio Arturo Alessandri de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el seminario Robo, hurto, receptación, ¿es necesaria una nueva reforma?, organizado por el Centro de Estudios de la Justicia y ONG Leasur.
En la instancia, y ante un público de más de cien personas, los académicos y asesores del gobierno, Juan Pablo Mañalich y Jean Pierre Matus debatieron acerca del proyecto de ley del Gobierno que busca imponer penas privativas de libertad obligatorias para los denominados delitos de mayor connotación social.
La importancia del encuentro radica, además del carácter de asesores del gobierno de ambos exponentes, en que la llamada agenda antidelincuencia es un proyecto de ley que refleja en intención el discurso oficial del gobierno y la política legislativa de los últimos años, tanto de izquierda, como de derecha, y que sobre la base del eslogan de la seguridad ciudadana, por una parte, impulsa reformas de carácter punitivo respecto de los denominados delitos de alta connotación social (robo, hurto y lesiones) y, por otra, no se ocupa o se muestra recelosa de castigar de modo más intenso la criminalidad empresarial, la funcionaria o estatal, y la nueva criminalidad.
En este plano, uno de los aspectos más destacables del seminario fue que los penalistas hicieron gala de su capacidad para traspasar la discusión meramente legislativa y develar los verdaderos fundamentos que animan no solo al proyecto, sino también al modelo que lo promueve.
En este sentido, ambos se mostraron de acuerdo en que el postulado de que la criminalidad es un fenómeno discursivamente construido por los medios de comunicación es inadmisible. Pero mientras Matus argumentó que esto demuestra que la seguridad ciudadana es un problema real, y que es necesario castigar más efectivamente los delitos contra la propiedad, Mañalich destacó lo perjudicial que ha sido ese lugar común para quienes rechazan el modelo de intervención securitaria. A su juicio, es precisamente este hecho, el que ha socavado la adhesión que podrían tener los enfoques estructurales y la idea de que la sociedad tiene una corresponsabilidad respecto al fenómeno de la delincuencia.
Jean Pierre Matus justificó la pertinencia del proyecto argumentando que la idea de que «los delitos contra la propiedad los comete la gente por ser pobre es ofensivo contra los pobres». A su juicio, la mayoría de estos ilícitos son obra de un grupo reducido y afectan a la población más carenciada, por lo que si uno quiere que las políticas públicas tengan algún efecto, lo más racional es hacer reformas tendientes a evitar que estas personas sigan delinquiendo y regular la aplicación de las penas para asegurar que los jueces no desvirtúen aquellas que ha fijado el legislador.
Juan Pablo Mañalich, en tanto, coincidió en que los delitos contra la propiedad afectan principalmente a los sectores menos acomodados, pero señaló que la solución que propone el proyecto es inadecuada. El académico citó a Radbruch para recordarle a la audiencia que el fundamento al castigo de esta clase de delito es la hipótesis de que existe un contrato ficticio en el cual los individuos, tal como se garantizan recíprocamente la libertad en el contrato social, suscriben la obligación de hacerlo respecto a sus bienes. El problema, destacó, es que el que carece de acceso a la propiedad no puede tener un interés racional en adherir a esa clase de contrato.
En este sentido, a juicio del académico, «la pregunta que uno tendría que hacerse es si un modelo social que distribuye de una manera tan desigualitaria el acceso al disfrute de la propiedad puede pretender obtener reconocimiento de vinculatoriedad desde el punto de vista de aquellos para quienes el costo de oportunidad de respetar la propiedad ajena es demasiado alto».
Por este motivo, criticó la hegemonía del modelo securitario que expande la legislación hacia los delitos que cometen estas personas y no hacia aquellos que intensifican la desigualdad, como los tributarios, los de colusión y los ambientales. Finalmente, Mañalich sostuvo que el esfuerzo de quienes denuncian la impunidad de la delincuencia para socavar los proyectos de ley encaminados a criminalizar esos delitos demuestra el doble estándar que gobierna el debate público institucional en Chile.
Y sin temor a la polémica, terminó su exposición abordando el problema del narcotráfico y preguntando si es razonable esperar que alguien que solo tiene la posibilidad de trabajar por el sueldo mínimo se abstenga de emprender una actividad que sí le ofrece la oportunidad de acceder el sueño que promete el sistema.
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