Programa inspectivo se hace en conjunto con sindicatos de trabajadoras que han denunciado a jardines infantiles, colegios y liceos donde hay más vulneraciones a sus derechos.
Durante 54 días la Dirección del Trabajo (DT) fiscalizará en todo el país las condiciones laborales y de higiene y seguridad de las manipuladoras de alimentos a cargo de las raciones que consumen diariamente los escolares de enseñanza pre escolar, básica y media.
Es un programa de control elaborado a partir de denuncias presentadas por los sindicatos de estas trabajadoras favorecidas desde octubre del año pasado por la Ley N°20.787. Las nuevas normas obligan a las empresas a prolongar los contratos durante diciembre, enero y febrero de aquellas manipuladoras con contrato vigente a noviembre. También imponen el pago de indemnizaciones a aquellas desvinculadas por necesidades de la empresa.
Las empresas de este sector postulan a licitaciones abiertas por el Programa de Alimentación de Párvulos y Escolares de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Por ello la nueva ley favorece en las licitaciones desde marzo pasado a las que ofrezcan mejores salarios y condiciones generales de empleo a sus trabajadoras, calculadas en 40 mil a lo largo del país.
Pese a este avance, las manipuladoras denuncian la persistencia de algunas prácticas indebidas, principalmente centradas en aspectos contractuales y de higiene y seguridad.
Por ello la DT decidió repetir un programa fiscalizador efectuado el año pasado con 530 fiscalizaciones en todo el país, 100 de las cuales culminaron con la aplicación de multas por un valor total de $426.639.417.
Esta vez la fiscalización se practicará entre el 6 de julio y el 28 de agosto en 427 establecimientos educacionales por ser allí donde se verifica el trabajo de las empresas de manipulación de alimentos.
Los establecimientos objeto de estas fiscalizaciones pertenecen a los sectores particular subvencionado, de corporaciones de desarrollo municipal y propiamente municipales.
Christian Melis, director del Trabajo, dijo que “nuestro Servicio ha estado muy pendiente de este sector porque se trata de trabajadoras con una organización sindical más bien reciente y poca experiencia; de allí que las hemos ayudado a organizarse, capacitado a sus dirigentas y también acogido sus denuncias, desarrollando programas nacionales de fiscalización”.
Por ello, explicó, junto con aplicar las sanciones que sean necesarias se procurará hacer funcionar mesas de trabajo donde empleadores y trabajadoras puedan acordar mecanismos para asegurar el cumplimiento legal en el marco de una cultura de diálogo.
Durante la fiscalización se abarcará aspectos laborales y de higiene y seguridad.
En los primeros se pedirá la acreditación del pago de remuneraciones de diciembre 2014, enero y febrero 2015, como lo establece la nueva ley. También se exigirá la escrituración de contratos y el funcionamiento de registros de asistencia apegados a la legalidad. En cuanto a seguridad y salud en el trabajo, se demandará de las empresas la existencia de un reglamento interno de higiene y seguridad y la constitución de comités paritarios.
