Proyecto podría ser diluido aún más en el Senado
“Chile aún no está preparado para la negociación por rama”. La frase dicha por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, fue una señal de la postura gubernamental en torno a la iniciativa que para muchos entró al Congreso sin impulsar cambios estructurales y que podría salir aún más demolida de la Cámara Alta. Sobre todo, en medio del nuevo discurso que se ha ido instalando en el Gobierno y que prioriza el crecimiento económico sobre las transformaciones pro equidad prometidas en campaña por Bachelet.
El lunes pasado la Comisión de Trabajo del Senado, liderada por Juan Pablo Letelier (PS), inició la revisión de uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Michelle Bachelet: la reforma laboral.
Es así como durante este periodo se presentaron distintas entidades para entregar sus planteamientos, como la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) o la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Esta última –explican fuentes ligadas al mundo sindical–, apuesta a lograr mayores avances durante la tramitación en la Cámara Alta, como insistir en la negociación ramal.
Pero hay pesimismo al respecto, y –según cercanos a la CUT– “serias dudas de que esta reforma se pueda mejorar. Lo principal es evitar que el Senado se convierta en una cocina donde solo se sirvan los empresarios”.
Desde la propia Nueva Mayoría hay voces que creen que el proyecto de reforma laboral corre un grave “riesgo de retroceder en el Senado”. Y aseguran que “probablemente habrá algunos cambios. Creo que se podría lograr algún mejoramiento pero no muy estructural. La verdad es que un gran flanco abierto es la operación de René Cortázar y compañía”.
Los temores apuntan en dirección a Cortázar y sus “discípulos”, un grupo de abogados laboralistas entre los que se cuentan el ex director de la Dirección del Trabajo (DT), Marcelo Albornoz; el ex diputado y ex subsecretario del Trabajo, Zarko Luksic; el ex Jefe del departamento Jurídico de la DT, Luis Lizama; y el ex subdirector nacional del Trabajo, Sergio Mejía.
Este grupo levantó voces críticas en torno a la reforma laboral durante su tramitación en la Cámara Baja desde distintos espacios, como Icare, seminarios y universidades. Entre otros puntos, rechazan la titularidad sindical y respaldan la mantención del reemplazo de trabajadores en huelga.
[cita] En opinión del profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales (UDP), José Luis Ugarte, “fue como ir por lana y salir trasquilado: el proyecto es una gran derrota del movimiento sindical y principalmente de la CUT, porque ellos levantaron el tema, pero sin estar en condiciones de presionar al sistema político, de manera tal que hoy el proyecto no cumple con las expectativas que se fijaron”. [/cita]
También expusieron ante la comisión político-técnica de la falange en materia laboral, liderada por la senadora Carolina Goic, que en abril pasado finalizó su tarea con la redacción de un documento que buscaba sentar la posición que defenderá el partido con respecto al tema y que entre otros puntos apostó por incluir la negociación ramal.
La semana pasada, según consigna El Mercurio, la bancada de senadores de la DC se reunió con Cortázar, Albornoz y Luksic.
Una señal que se lee positivamente desde el mundo empresarial, ya que Cortázar –hoy presidente del directorio de Canal 13– tiene llegada e influencia en los senadores falangistas Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Desde el Senado, aseguran que esta ascendencia es efectiva, pero como contraparte “ayuda mucho la presencia de Carolina Goic (…)”. Además, detallan que “la necesidad de hacer cambios al sistema laboral se está planteando desde el año 90. Pero lo pararon históricamente personajes como Alejandro Foxley, Edgardo Boeninger y Andrés Zaldívar, que siempre temieron que generaría problemas en el crecimiento. El mismo argumento que se va a dar ahora”.
En esa línea, el senador Andrés Zaldívar señalaba el domingo pasado, en La Tercera, que existen muchos “fantasmas” en torno a las reformas impulsadas por el Gobierno que están afectando la inversión y que deben ser “despejados”. Entre ellos, la reforma laboral.
Pero quizás la mayor sombra que pende sobre la propuesta viene desde el propio Gobierno. Específicamente desde el Ministerio de Hacienda, desde donde su titular, Rodrigo Valdés, ha liderado la opción de licuar el tema de la reforma lo más posible con el fin de no hacer demasiado ruido en medio de las malas cifras económicas que enfrenta el país.
Una frase que alertó sobre cómo se venía la mano y para algunos transparentó la verdadera posición del Gobierno, fueron los dichos del secretario de Estado en ‘Tolerancia Cero’, donde aseguró que “Chile aún no está preparado para la negociación por rama”.
Independientemente de los cambios que la reforma laboral podría enfrentar en la Cámara Alta, hay distintas voces que señalan que en la práctica la iniciativa enviada por el Ejecutivo en diciembre pasado “nunca apuntó a lograr cambios estructurales”.
Según el diputado Gabriel Boric, que votó en contra del proyecto, “no hay diferencias sustantivas en la forma como entró el proyecto al Parlamento a como salió de la Cámara”.
Los albores de la iniciativa, impulsada desde el mundo sindical, se dieron durante la elaboración programática del Gobierno de Bachelet. Allí fueron actores clave tanto quien fuera su ministro de Hacienda, Alberto Arenas, como también Roberto Godoy, asesor jefe del Ministerio del Trabajo mientras era titular Javiera Blanco, y el diputado Osvaldo Andrade (PS).
Andrade –según diversas fuentes– tuvo un rol clave a la hora de promover la iniciativa y alinear las votaciones en la Cámara Baja. En tanto, Godoy, que fue su jefe de gabinete mientras el parlamentario fue ministro del Trabajo, fue el encargado de la redacción del proyecto. “Una vez instalado el Gobierno, Blanco solicitó la colaboración de Roberto Godoy y lo designó como jefe de asesores para este efecto. Yo fui en más de alguna ocasión objeto de consulta y participación. En paralelo conversaba permanentemente con dirigentes de la CUT y de la CPC”, explica Andrade, que trabajó codo a codo con la ex titular de la cartera laboral para sacar adelante la iniciativa.
Desde el Gobierno señalan que Andrade no ha salido de escena, ya que por estos días ha mantenido encuentros con Rodrigo Valdés en los que han tratado el tema.
La propuesta, que se presentó como un hito que saldaría “una deuda con los trabajadores”, no fue recibida como se esperaba por el mundo sindical, que se suponía estaba entre sus aliados más fuertes.
Tampoco tuvo buena acogida en círculos académicos.
En opinión del profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales (UDP), José Luis Ugarte, “fue como ir por lana y salir trasquilado: el proyecto es una gran derrota del movimiento sindical y principalmente de la CUT, porque ellos levantaron el tema, pero sin estar en condiciones de presionar al sistema político, de manera tal que hoy el proyecto no cumple con las expectativas que se fijaron”.
La histórica ex directora del Trabajo, María Ester Feres (PS), ha rechazado públicamente la iniciativa, tildándola de “pro empresarial”. Feres asegura que “objetivamente este proyecto no aporta ni como entró ni como salió de la Cámara Baja hacia el gran norte declarado del programa, de avanzar desde todas las líneas para bajar la desigualdad”.
En su opinión, “todo el cambio actual del escenario político fuerza a los partidos a tener que tomar opciones y la opción de los partidos de la Nueva Mayoría es no abrir nuevos flancos para el Gobierno. Y como desde el mundo empresarial nunca es suficiente, se continúa con la estrategia política que se da desde el 90 a la fecha, de rechazar la propuesta como parte del tejemaneje de la negociación, incluso aquellos puntos que son retrocesos en los derechos de los trabajadores y los que mantienen los empresarios. Pero a fin de cuentas los empresarios mejoran su posición con este proyecto”.
Para Ugarte, la iniciativa, que recibió alrededor de 800 indicaciones durante su tramitación en la Cámara Baja, “es una consolidación definitiva al Plan Laboral de José Piñera, ya que mantiene el nivel de la negociación en la empresa y sin necesidad de negociar por área o por rama. Y ese es el corazón del Plan Laboral”.
La exclusión de este tema primero fue justificada por el Gobierno bajo el argumento de que era inconstitucional, lo que se fue diluyendo en el tiempo. La última argumentación al respecto, dada por Valdés, apuntaba a que los chilenos no están preparados para ella.
Las críticas al proyecto no se limitan a puntos no incluidos en la iniciativa.
Según detalla Ugarte, “el gobierno prometió –lo dijo Javiera Blanco cuando llegó al Ministerio del Trabajo– que iba a haber un antes y un después en términos de derechos colectivos. Los trabajadores iban por eso y lo que el Gobierno les devuelve es un agujero de flexibilidad que va a ser incontrolable: los pactos de adaptibilidad”.
En términos simples, esto implica que se puedan pactar jornadas excepcionales de trabajo en una negociación colectiva con un sindicato que represente al 30% de los trabajadores de una empresa.
Con esto, explica el abogado laboralista César Toledo, “se admite la posibilidad de que lo acordado en términos de jornada ordinaria, jornada extraordinaria y derechos que hoy son considerados mínimos, van a ser negociados. Además, el empleador puede extenderlo unilateralmente al resto de los trabajadores de la empresa. Esto es un tremendo retroceso para los trabajadores”.
Para el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, los pactos de adaptabilidad “permiten negociar jornadas especiales de trabajo distintas a las que establece la ley. Contra eso peleamos por 25 años. Es sinónimo de flexibilidad”.
Una de las grandes preocupaciones que genera esta propuesta, está relacionada con la existencia de “sindicatos amarillos”, que son aquellos que en la práctica están controlados por el empleador. Un gran temor es que se potencie la creación de este tipo de asociaciones con el único fin de lograr este tipo de pactos.
En mayo pasado, Osvaldo Andrade manifestaba, durante una sesión en la Comisión de Trabajo, que “sin duda existe un riesgo” en torno a estos pactos, pero aseguró que “los sindicatos deben atreverse a negociar, siendo ese el paso esencial y necesario en el proceso de modernización de las relaciones laborales”.
Según el informe financiero de la Reforma Laboral presentado en la Cámara de Diputados, esta implicará un costo adicional de casi 4 mil millones de pesos para el Estado. De este total, casi 2 mil millones (1.800) están destinados al ítem “calificación de servicios mínimos”, cuyo fin sería realizar estudios para cada uno de los subsectores económicos del país.
Justamente este es otro punto que ha generado reparos desde el mundo laboral: los servicios mínimos, que se leen como la letra chica del que para muchos es el mayor avance del proyecto: el término del reemplazo en huelga.
Esto implica que, si bien ya no habrá reemplazos de los trabajadores que opten por la huelga, el sindicato tendrá la obligación de prestar servicios mínimos a la empresa para garantizar su funcionamiento, llevados a cabo por los mismos trabajadores movilizados, independientemente del rubro. Si no hay acuerdo, un juez debe decidir.
“En el mensaje se dice que este proyecto simplifica la negociación colectiva, pero no solo no lo hace sino que lo hace más enredado porque le agrega etapas que no existen. Una etapa son los servicios mínimos. Ahí se va a armar una batalla judicial. En suma, este proyecto tendrá como efecto nocivo una judicialización de la negociación colectiva brutal”, sentencia Ugarte.
