Se trata de más de 1.200 millones de dólares que se entregarán en dos tramos de aquí a 2022. La mitad será para el Transantiago y para que Metro se refuerce con servicios de buses.
La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado, a cumplir su segundo trámite, el proyecto que aumenta el subsidio estatal al sistema del transporte público remunerado de pasajeros.
La propuesta legal busca incrementar el aporte fiscal en dos tramos: de hasta $120.000 millones en los años 2015, 2016 y 2017; y de $260.000 millones el año 2018 y siguientes, hasta 2022. Un 50% de estos recursos se destinarán para el sistema capitalino y el otro 50% para el resto del país. En total, los recursos suman más de 1.200 millones de dólares.
En regiones, el subsidio se destinará al financiamiento de iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo local; en tanto que en Santiago los nuevos recursos estarán dirigidos a financiar déficit y, por esta vía, evitar alza de tarifas.
El proyecto también fija un nuevo mecanismo de reajustabilidad del subsidio, aparte del IPC ya existente. Este nuevo sistema, que sería definido por los ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda comprendería las proyecciones de variaciones de los costos del sistema e incluiría entre sus referentes el precio del petróleo diésel, el dólar observado y el índice de pasajeros por kilómetro (IPK).
La propuesta también considera un fortalecimiento del transporte público, permitiendo a Metro S.A. la prestación de servicios de transporte público remunerado de pasajeros en superficie mediante buses o taxibuses. Además, permitirá que la empresa pueda reaccionar en casos de emergencia, contingencias u otro que contribuya a dar redundancia al sistema; y constituirse como una referencia para evaluar temas como los costos versus eficiencia del sistema, así como la calidad de servicio.
También introduce como nuevos modos de transporte público susceptibles de recibir subsidios los tranvías, teleféricos o ascensores, que complementen los servicios actuales; incluye un beneficio específico para taxis-colectivos; y determina medidas para que el Ministerio de Transportes pueda adquirir, instalar, administrar, arrendar y operar los terminales de buses e intermodales que se requieran para la prestación de servicios de transporte público y sus servicios complementarios, entre varios otros puntos.
Finalmente, entre otros aspectos, la iniciativa permite reforzar los principios de la prestación del servicio de transporte; conceptualiza los servicios complementarios (servicios tecnológicos; administración financiera); asistencia operacional; información y atención de usuarios; provisión de buses para que sean prestados por un tercero; y otros necesarios para cumplir su finalidad; extiende y fortalece los bienes afectos a la prestación de los servicios (permite su aplicación no sólo en caso de concesión sino en otras formas de regulación, como los perímetros de exclusión, por ejemplo); refuerza la continuidad de servicio (ajustes a la nueva ley de quiebras); y perfecciona normas en torno al Panel de Expertos del sistema.
