Brandon Judd: mucha prensa y nada de diplomacia

¡Hola a todos! Llegó septiembre y se viene recargado. En este Dieciocho, como en tantos otros, la parrilla informativa no falla. Y si bien hay noticias que llegan tarde, más vale conocerlas que pecar toda la vida de ingenuos: aunque la Fiscalía recontrajuró que no podía formalizar a Andrés Chadwick en el caso Audios, acaban de conocerse tres maniobras a favor de Parque Capital cuando era ministro del Interior.

• Y si de decisiones se trata, la determinación del Presidente Kast de no permanecer en La Moneda este 11 de septiembre y tampoco realizar alguna actividad conmemorativa generó críticas en diversos sectores, por anteponer un sesgo ideológico a una mirada de Estado. La medida tomada es histórica: ninguna administración anterior había pasado por alto este día.
• En este caso el silencio de La Moneda no fue solo la ausencia de homenajes o falta de un discurso conmemorativo; una decisión pragmática para evitar conflictos o una intención deliberada por echarle tierra a la memoria. El silencio del Gobierno, quiéranlo o no, retumbó como un grito sordo que la decisión política de ignorar la fecha no pudo contener.

En el Senado, en tanto, ya comienzan a sentirse los efectos de la guillotina de la dupla Longton-Squella sobre la agenda de seguridad. A lo Robespierre los parlamentarios han reducido drásticamente la reforma constitucional de seguridad enviada por el Ejecutivo, evitando que el proyecto naufrague en su totalidad. De los ocho puntos planteados, hoy solo sobreviven tres. Más que una “reorganización técnica”, dicen, la iniciativa busca algo mucho más pedestre: no exponer al Gobierno a una derrota contundente en sus primeros seis meses.

• Lo que viene es de película…Vinko Fodich pasó de exfiscal a protagonista de una trama que mezcla secuestros, policías y negocios bajo sospecha. ¿Fue el fiscal que se corrompió o un mafioso que se coló en el Estado? Lo más inquietante es que el nombre del abogado ya aparecía en otra historia del clan Chen, en Iquique, donde una investigación de contrainteligencia sobre cuatro detectives terminó convenientemente archivada. Ahora, con nuevos policías detenidos y Fodich bajo la lupa, aquel expediente vuelve a mirar desde el cajón, mientras se rumorea que existirían todavía más detectives involucrados en el caso.

Nuevamente el embajador Brandon Judd vuelve a la palestra. Esta vez, luego de asegurar que la inteligencia de Estados Unidos había confirmado que la violencia del estallido social provenía de organizaciones de izquierda. Tras confesar la mentira en una cita con el ministro Pérez Mackenna en Cancillería, Judd volvió a entrometerse en la contingencia nacional en una entrevista en El Mercurio. Mucha prensa y poca diplomacia, dicen los expertos sobre el estilo del exguardia fronterizo de Trump.

• No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Las auditorías prometidas por el Gobierno terminaron finalmente convertidas en algo bastante menos épico de lo planteado en un comienzo: 1.529 hallazgos, 53 sumarios y cuatro casos derivados a Fiscalía. Aunque las cifras revelan problemas concretos y abundantes, no demuestran corrupción a destajo como se especulaba. La realidad –como suele ocurrir– resultó bastante menos estridente que las consignas.

Para cerrar, la semana tampoco resultó cómoda para el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien además de enfrentar un 9,5% de desempleo –el nivel más alto en cinco años–, tuvo que lidiar con un micrófono abierto en el Congreso, luego de exclamar “qué desastre, hueón”, tras sufrir un nuevo traspié en la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal. Mención aparte: el bochornoso speach de la senadora Vanessa Kaiser (PNL) respecto a que el Estado podría terminar quitándoles los hijos a sus padres. Anuar Quesille, defensor de la Niñez, tuvo que salir a explicar la iniciativa con peras y manzanas.

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Squella-Longton pasan guillotina a reforma constitucional de seguridad

Fotos: archivo

Para varios legisladores del oficialismo y de la oposición, la “mutilación” de 5 de los 8 puntos de la reforma constitucional de seguridad pública del Presidente José Antonio Kast, más que una “reorganización técnica”, es una fuerte derrota política generada por la aritmética de votos del Congreso. Para muchos, a la reforma le pasaron la guillotina a lo Robespierre.

• El 17 de agosto, el Ejecutivo irrumpió en el Senado con un proyecto ostentoso de ocho modificaciones constitucionales. La joya de la corona era el polémico “quinto estado de excepción”, una atribución presidencial que permitía extender controles de seguridad hasta por 240 días sin un contrapeso legislativo.

¿El problema? Necesitaban 29 votos en el Senado para aprobar la idea de legislar y el oficialismo solo sumaba 26. Y peor aún: ni siquiera sus propios aliados en Renovación Nacional, Evópoli o la UDI estaban dispuestos a dar luz verde al Presidente, sino más bien a exponerlo a una derrota legislativa en sus primeros 6 meses en Palacio.

• Ahí entraron en escena los grandes “podadores” de esta historia: los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (PRep), los dos representantes de la derecha en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, quienes ante un inminente colapso de la iniciativa prefirieron asestar un duro golpe de realidad al Ejecutivo: tijeretear el proyecto hasta salvarlo.  

Entre los componentes excluidos del texto constitucional figura la creación del denominado “quinto estado” de excepción Constitucional de Seguridad Pública, el que se descartó por completo para optar únicamente por reforzar el Estado de Excepción de Emergencia vigente.

Asimismo, se suprimió la facultad presidencial unilateral para catalogar organizaciones como terroristas o criminales, la interceptación de telecomunicaciones privadas, la restricción de derechos fundamentales, la inclusión de “la seguridad pública como deber del Estado” y la suspensión de derechos sociales para condenados por crimen organizado. A falta de quórum, se sumaron el rechazo a un exceso de atribuciones presidenciales y a la reducción de contrapesos democráticos.

¿Qué quedó en pie tras la poda legislativa de los senadores y qué cambió? Tres puntos:

• Constitucionalizar el crimen organizado, dándole el mismo rango y tratamiento severo que la Carta Fundamental le otorga al terrorismo.
• Proteger constitucionalmente el régimen penitenciario diferenciado, para que los jueces no sigan frenando con recursos de amparo el aislamiento de los criminales más peligrosos en las cárceles.
• Reforzar el Estado de Excepción de Emergencia, manteniendo siempre el control periódico y la soga corta en manos del Congreso.

La trastienda de este giro tuvo su punto de quiebre entre el 28 de agosto y los primeros días de septiembre, cuando los ministros Claudio Alvarado, José García Ruminot y Martín Arrau le hicieron entender al Mandatario que no tenía los votos, aunque este transmitía públicamente que el Estado de Excepción era “irrenunciable”.

• Aunque el cambio de opinión refleja el poder parlamentario para enmendar el traspié del Ejecutivo, la oposición todavía considera “cosmética” la medida que busca reformular la reforma constitucional de seguridad de Longton y Squella. Parlamentarios del sector afirman que el proyecto original está “muerto” y que el recorte de cinco de sus ocho puntos solo busca “salvar los muebles” del Ejecutivo.

Pese a los reparos, algunos senadores opositores apoyarían dos de los tres ejes sobrevivientes. Por una parte, darían respaldo constitucional a Gendarmería para fijar regímenes de segregación y cárceles de alta seguridad, frenando así las acciones judiciales en favor de imputados peligrosos. También respaldarían la constitucionalización del crimen organizado, aunque la consideran una “declaración de principios” inútil en la práctica y sin efectos operativos.

Lo ocurrido revela bastante los primeros meses de la relación de Kast con el Congreso. El Presidente lanzó una reforma muy identificada con su programa y comenzó defendiéndola prácticamente en sus propios términos. El Senado demostró después que el presidencialismo no elimina la necesidad de construir pactos parlamentarios, especialmente cuando se modifica la Constitución.

Vinko Fodich, el clan Chen y la caída de una ministra

Foto: Agencia Uno. Composición elaborada por IA.

Hacía varias semanas ya que el nombre del exfiscal y actual abogado defensor Vinko Fodich estaba en el ojo de la tormenta, luego de que “Informe Especial” diera a conocer que estaba siendo investigado por lavado de activos.

• Las revelaciones que se han conocido a partir de su detención, junto a varias otras personas (algunas de ellas, funcionarios de la PDI en servicio activo) no han parado, y a las acusaciones de estar implicado en forma activa en el secuestro de dos ciudadanos chinos, que fueron recluidos en un falso cuartel policial, se suma el primer delito, derivado de las actividades de la casa de cambios EPanda, en la cual es socio con un sujeto  condenado por lavado de activos en el marco de la investigación realizada en contra de la organización criminal “La Empresa”, un grupo colombiano, de carácter sectario, que prestaba dinero a través del sistema del “gota a gota”.

Clan Chen x 2. No hay que olvidar que la caída de Trinidad Steinert comenzó justamente a raíz de la exigencia de información que ella hizo respecto de cuatro detectives que investigaban al clan Chen en Iquique. A su vez, esos cuatro oficiales eran investigados por la contrainteligencia de la PDI, la cual sospechaba que estos querían apoderarse de una gran cantidad de dinero que los extranjeros almacenaban en una de las viviendas que serían allanadas por la policía civil en un gran operativo que se realizó en enero pasado.

• Fue por eso que la entonces jefa de inteligencia, Consuelo Peña, cambió el orden de los equipos destinados a los allanamientos y luego sacó de Iquique a todos los oficiales respecto de quienes existían dudas, lo que motivó la furia de la entonces aún Fiscal Regional de Iquique y Tarapacá, Trinidad Steinert.

Blindados como tanque ruso de la Segunda Guerra. Sin embargo, luego de que esta  asumiera como ministra de Seguridad, el 11 de marzo pasado, le exigiera dos días después explicaciones de los traslados a la prefecta Peña y el director de la PDI cursara la baja de esta, esos cuatro oficiales se convirtieron en “los ratis más blindados del país”, como dijo una fuente policial a El Mostrador. La indagatoria de contrainteligencia se detuvo, nunca existió sumario y menos denuncia penal. Si efectivamente andaban en malos pasos o no, es algo que quedó en el cajón de las investigaciones sepultadas por motivos extrajurídicos.

• A dos bandas. Ahora, sin embargo, se sabe que otros oficiales de la PDI, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) La Pintana, secuestraron a miembros del clan Chen, en Santiago, para sacarles dinero. Parece un guion conocido, sobre todo porque en ambos casos aparece un nombre en común: Vinko Fodich, que era el abogado de los Chen en Iquique (de hecho, hace poco logró revertir el traslado de estos a otras cárceles, ordenado por el Gobierno), y que en la investigación actual se hizo pasar por abogado o fiscal, sugiriendo a los cautivos que accedieran a pagar el dinero que les pedían, a fin de quedar en libertad.

Y ojo. Fuentes de +Política dicen que la investigación del Ministerio Público no se agota solo en los detectives que fueron detenidos esta semana, sino que en la investigación de la Fiscalía Supraterritorial hay más nombres de funcionarios públicos con placa y pistola.

Brandon Judd: el embajador que no golpea la puerta antes de entrar

Foto: Archivo

Resulta inevitable hablar de Brandon Judd sin referirse a Donald Trump. Hay algo en el embajador en Chile que remite al presidente de Estados Unidos y que ambos comparten como impronta de su gestión: un estilo directo y confrontacional, sin concesiones, al límite del intervencionismo político. Aunque para otros, esa frontera ya fue traspasada hace rato.

• A diferencia de la exembajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, famosa por hacer videos probando los famosos completos mojados en Talca, Brandon Judd llegó “pateando la puerta”, coinciden algunos analistas. Antes incluso de recibir sus cartas credenciales por parte de La Moneda, ya había criticado la “permisología” en materia de inversión extranjera y el proyecto de cable submarino entre Chile y Hong Kong.

En menos de un año en el país, el exagente de patrulla fronteriza norteamericana acumula una colección de imprudencias. La última de ellas fue esta semana, luego que comentar en CNN Chile que la inteligencia estadounidense había confirmado que la violencia del estallido social de 2019 provenía de organizaciones de izquierda. Al día siguiente, frente al canciller Francisco Pérez Mackenna, Judd tuvo que bajar varios cambios y reconocer que las conclusiones provenían de fuentes abiertas.

• Su retroceso, sin embargo, fue apenas circunstancial. Menos de 24 horas después del “raspacachos” del canciller, quien comentó tras el incidente que “los embajadores no debían opinar sobre la política de los países en que están”, Judd volvió a generar polémica asegurando –en El Mercurio– que Chile era un país “vulnerable al crimen organizado”. Esta conducta, aseguraron analistas a +Política, es un rasgo permanente de su estilo: llevar los conflictos por la prensa y no por canales diplomáticos.

En menos de tres meses en el cargo, Judd ya había provocado dos notas de protesta de Cancillería durante la administración de Boric, una tras señalar que el entonces Presidente “está dañando a los chilenos” y la otra luego de la controversia por el cable chino que terminó con el entonces ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y dos asesores acusados de comprometer la seguridad regional. En febrero de este año, en cambio, declaró sentirse “entusiasmado” con la llegada de Kast, asegurando que “ya estamos trabajando con ellos”.

• Pero con Kast en La Moneda la incomodidad tampoco ha desaparecido. En julio, después de que los ministros Fernando Barros y Jaime Campos criticaran los nuevos aranceles estadounidenses, Judd les respondió públicamente que no creía que hubieran leído el Tratado de Libre Comercio. “Siempre es bueno que se informen sobre lo que el acuerdo realmente dice”, les espetó. Pérez Mackenna tuvo que salir a ordenar la casa y llamó a negociar “con la cabeza fría”.

La disputa con Barros escaló en agosto, cuando Judd hizo público un documento hasta entonces desconocido: la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, firmada por el ministro de Defensa el 12 de marzo, apenas un día después de asumir. La publicación funcionó en código de amenaza. “Si tú hablas, yo también hablo”, explica un analista internacional sobre la reacción del embajador. Barros respondió entonces con una cita de manual: “Nosotros no somos el patio trasero de ningún país”.

• Esta última frase, nuevamente, fue puesta a prueba por Judd en el Foro Madrid, cuando comentó que la denominada “Doctrina Donroe” –la versión trumpista de la vieja Doctrina Monroe– se aplicaba de manera distinta en cada país, pero que en Chile bajo la administración del Presidente Kast se volvía “algo muy fácil” de implementar, poniendo en aprietos otra vez a la Cancillería.

La secuencia de intervenciones de Brandon Judd tampoco puede entenderse solo como un problema de estilo, hay algo más profundo que hace rato incomoda al círculo diplomático y cercano al mundo de las relaciones internacionales: ¿hasta dónde llega la diplomacia de Washington y dónde comienza el tutelaje? El embajador no solo fue incapaz de golpear la puerta antes de entrar, sino que tampoco se ha preocupado de cerrarla. Y eso en Chile es imperdonable: siempre es mejor cerrar la puerta que terminar con el cuello torcido por una corriente de aire.

Auditorías no muerden: del “Boric preso” a cuatro casos en Fiscalía

Foto: Presidencia

“Boric preso”, gritaban adherentes de José Antonio Kast frente a La Moneda la noche del 11 de marzo. El Presidente acababa de hablar de corrupción y de quienes “roben el dinero de los chilenos” cuando debió frenar a la multitud: “Les pido respeto (…), primero vendrán auditorías”.

Seis meses después, las auditorías llegaron. Boric, no.

La llamada Inspección Total cerró con 1.529 hallazgos, sumarios en 53 servicios y cuatro organismos cuyos antecedentes fueron enviados a Fiscalía. Un resultado fue distante del cuadro de corrupción generalizada que llegó a instalarse alrededor de la revisión.

El propio Gobierno clasifica los 1.529 hallazgos como “desviaciones, debilidades o incumplimientos” de diferente naturaleza y gravedad. De ellos, 118 ameritaron recomendar procedimientos disciplinarios. Siete casos llegaron a Contraloría, cinco al Consejo de Defensa del Estado y cuatro al Ministerio Público.

Estos últimos son Junaeb, Dirección del Trabajo, Subsecretaría de la Mujer y Subsecretaría del Deporte. Son el costado más delicado de la auditoría, pero hay una diferencia fundamental: que los antecedentes hayan sido entregados a Fiscalía no significa que exista corrupción acreditada. Ahora corresponde a los fiscales determinar si hubo delitos.

• En Junaeb se denunciaron pagos superiores a $14 mil millones asociados a raciones escolares que, según la institución, no habrían sido efectivamente entregadas. El período investigado va de 2021 a 2023 y, por tanto, atraviesa los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
• En Mujer, la lupa cayó sobre las obras de Agustinas 1269, que acumularon retrasos y un fuerte incremento respecto de su estimación inicial.
• En Deporte, sobre las rendiciones rechazadas y el cierre de la Corporación Santiago 2023.
• La Dirección del Trabajo sigue siendo el caso más opaco: el Gobierno informó su derivación a Fiscalía, Contraloría y el CDE, pero no ha detallado públicamente con igual precisión qué hecho concreto provocó esa decisión.

El contraste con los primeros meses de la auditoría es evidente. La Moneda llegó a informar US$ 9.200 millones en “riesgo fiscal” y luego $ 1,4 billones en transferencias a organizaciones sin fines de lucro cuya rendición no aparecía acreditada.

Las cifras alimentaron la artillería política. Desde la derecha se habló incluso de “saqueo sistemático” y de una “red de corrupción”. La oposición respondió acusando al Ejecutivo de inflar administrativamente los números para convertirlos en munición contra Boric.

• El cierre terminó siendo bastante menos cinematográfico.

En el caso de las fundaciones, por ejemplo, el propio Ejecutivo terminó describiendo una “dificultad estructural” del Estado para seguir las rendiciones, con información desperdigada entre servicios y plataformas. Dinero cuya rendición no aparece acreditada en los registros revisados no equivale, por sí solo, a dinero robado o desaparecido.

Camila Vallejo había acusado una operación de “marketing” político. Desde el FA, PC y PPD exigieron durante el proceso separar las eventuales ilegalidades de errores, atrasos y problemas de gestión. El Gobierno, en cambio, reivindica que la revisión permitió precisamente detectar las fallas y enviar los antecedentes más graves a organismos externos.

• Ambos tienen parte del argumento.

La auditoría no encontró “nada”: encontró bastante. Controles débiles, rendiciones pendientes, incumplimientos, anomalías administrativas, decenas de sumarios y cuatro casos suficientemente delicados para tocar la puerta del Ministerio Público.

La pesada mochila que carga Tomás Rau

Foto: Archivo

La semana deja a Tomás Rau con una mochila bastante más pesada de la que esperaba cargar al frente del Ministerio del Trabajo. El último dato de desempleo, que llegó al 9,5%, su nivel más alto en cinco años, no solo tensiona las promesas económicas del Gobierno, sino que también convierte al ministro en uno de los principales rostros llamados a responder por una crisis que comienza a adquirir una dimensión política.

Como un “elefante en la habitación” se ha descrito la situación del mercado laboral. En el oficialismo se multiplican las voces que exigen medidas de corto plazo, desde incentivos a la contratación hasta mayores subsidios laborales. El propio Rau reconoció que está conversando con Hacienda, el Segundo Piso y el Presidente para reforzar los recursos.

El problema es que, mientras a Trabajo se le exige mostrar resultados, Hacienda ha instalado una vara particularmente ambiciosa para el término del mandato: reducir el desempleo hasta el 6,5%. Una meta que el ministro Jorge Quiroz volvió a defender esta semana, luego de que Rau tomara distancia de esa proyección y señalara que él habría sido “bastante más cauto”.

El cruce de declaraciones volvió a dejar expuesta la descoordinación entre ministerios. Rau, doctor en Economía y especialista en asuntos laborales, chocó de frente con las exigencias y complejidades de la política, incluso al interior de La Moneda.

Y como si fuera poco, este martes el ministro sufrió un nuevo traspié con la tramitación de Sala Cuna Universal. Aunque el Senado aprobó el proyecto y logró despacharlo por primera vez a segundo trámite constitucional, la iniciativa llegará a la Cámara sin financiamiento.

La fórmula del Ejecutivo –una cotización de 0,35% a cargo de los empleadores, compensada con una rebaja equivalente en el Seguro de Cesantía– fue rechazada en Sala. Rau anunció que buscarán reponerla durante la discusión en la Cámara.

La frustración del titular del Trabajo fue víctima de un micrófono abierto durante la votación. “Qué desastre, hueón”, se le escuchó decir.

Mención especial. A la escena se sumó la polémica protagonizada por la senadora Vanessa Kaiser, quien difundió información falsa sobre una de las normas aprobadas, que establece la titularidad del derecho a sala cuna en niños y niñas, y no en los trabajadores. “Se acaba de aprobar un artículo que permite al Estado quitarles a los niños a los padres desde los 0 a 2 años”, afirmó en X.

La afirmación fue rápidamente desmentida por el defensor de la Niñez, Anuar Quesille: “Tener derecho a acceder a una sala cuna no significa estar obligado a asistir, y mucho menos significa que el Estado pueda separar a un niño o una niña de su familia”.

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