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Más de 100 indultos en la mesa del ministro Rabat: predominan casos ligados a 1973
El titular de la cartera de Justicia precisó que las peticiones vinculadas al 18-O son “muy reducidas”, descartó que el Ejecutivo impulse una amnistía general y aseguró que cada caso será resuelto individualmente, sin plazos autoimpuestos y con una decisión fundada en derecho.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que su cartera tiene más de 100 solicitudes de indulto presidencial para estudiar, las que están siendo sometidas a un proceso de ordenamiento y evaluación técnica antes de ser presentadas al Presidente José Antonio Kast.
Según expresó Rabat en una entrevista con el programa “Mesa Central” de Canal 13, varias de estas peticiones se encuentran pendientes desde antes del inicio de la actual administración.
“Solicitudes (de indulto presidencial) son bastantes, son más de 100 hoy día. Carpetas (el expediente físico o digital que reúne los antecedentes para que el Mandatario tome una decisión) se han ido ordenando y hay un número importante también en mi escritorio para analizar”, aseguró el ministro en la entrevista.
Foco en hechos de 1973 y pocas peticiones por el 18-O
Al abordar el origen de los requerimientos, el ministro precisó que las solicitudes corresponden mayoritariamente a hechos ocurridos en 1973, vinculados a violaciones a los derechos humanos. En contraste, aclaró que las peticiones relacionadas con causas derivadas del estallido social del 18 de octubre de 2019 representan un número “muy reducido” dentro del universo total.
En este contexto, Rabat descartó de manera categórica que el Ejecutivo esté promoviendo o enfocado en impulsar leyes de indulto general o amnistía. La autoridad enfatizó que la prioridad actual de la cartera de Justicia está centrada en la agenda de seguridad y en el combate contra el crimen organizado.
Análisis sin plazos autoimpuestos y búsqueda de convicción
Consultado sobre los tiempos de resolución, el titular de Justicia señaló que no existe un plazo establecido en la ley ni se ha fijado un límite autoimpuesto para concluir la revisión de los antecedentes.
Rabat explicó que la evaluación exige un examen riguroso para alcanzar la convicción jurídica necesaria —un proceso que definió como intrínsecamente lento—, independientemente de si la determinación final es favorable o desfavorable para la solicitud presentada.
Evaluación ministerial, criterio “caso a caso” y resolución fundada
El secretario de Estado aclaró que actualmente las peticiones están siendo estudiadas en su cartera y que el Presidente de la República aún no las ha revisado.
Sin embargo, confirmó haber conversado previamente con el Mandatario para definir el procedimiento. En esa instancia, acordaron que cada solicitud será abordada de manera individual y caso a caso, sobre la base de los antecedentes contenidos en cada expediente administrativo.
Finalmente, Rabat enfatizó que toda petición dirigida al Jefe de Estado debe culminar, tras su tramitación formal, con una resolución debidamente fundada y ajustada a derecho.
Impulso a la nueva Agencia de Bienes Decomisados
Por otro lado, el titular de Justicia detalló el proyecto para crear la Agencia de Bienes Decomisados, una entidad diseñada para afectar directamente la estructura financiera del crimen organizado.
El organismo asumiría la administración de inmuebles y vehículos incautados, con el objetivo de evitar que los delincuentes continúen obteniendo ingresos de esos bienes durante el proceso penal, además de establecer un mecanismo expedito para su remate.
Los fondos recaudados mediante estas liquidaciones se destinarían a financiar tecnología e infraestructura policial, además de constituir un fondo para la reparación de las víctimas.
