«Es evidente la existencia de inhabilidades para ejercer el cargo, hecho es que inaudito», sostuvo al respecto el diputado Felipe Ward.
El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, y el abogado Enrique Rajevic -propuesto por la Presidenta Michelle Bachelet para ser el nuevo Contralor General de la República- firmaron un contrato el pasado 20 de mayo.
En el documento se especifica que es para brindar servicios en “Estudios y Asesoría Técnica en Materias Referidas a Empleo Público para el Cumplimiento del Protocolo de Acuerdo entre la Mesa del Sector Público y el Gobierno de Chile año 2015”.
Según consigna hoy The Clinic, en la resolución Exenta N° 135, de fecha 30 de abril, se explicita que el pago a Rajevic será de un total de $24 millones y se concretará cuando se vayan cumpliendo distintos hitos, cada uno de los cuales recibirá un pago de $3 millones.
De igual modo, quedó establecido la proyección de labor es hasta diciembre de este año. En otras palabras, el contrato estaba vigente cuando la Mandataria lo postuló como Contralor.
Para el diputado Felipe Ward este contrato es una traba que impide que Rajevic sea ratificado por el Senado ya que se está ante un contrato “personal e intransferible, es decir que no se puede delegar o subcontratar y la ley orgánica establece de Contraloría estable que las remuneraciones de que goce el personal de la Contraloría serán incompatibles con cualquiera otra que correspondan a servicios al Estado».
«En resumen, además de las incompatibilidades, es evidente la existencia de inhabilidades para ejercer el cargo, hecho es que inaudito», agregó el parlamentario.
En ese sentido, dijo que “la persona que se está proponiendo como Contralor, lamentablemente para él y para el país tiene una serie de temas pendientes con el Estado. No es la persona más idónea, no genera consenso ni siquiera al interior de la Nueva Mayoría y fue otro error del Ejecutivo”.
