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En la Fiscalía sus actuaciones generan división interna

Raúl Guzmán: el candidato a Fiscal Nacional apuntado por favorecer a detective involucrado en caso de torturas

por 24 septiembre, 2015

Raúl Guzmán: el candidato a Fiscal Nacional apuntado por favorecer a detective involucrado en caso de torturas
Es uno de los hombres que más tiempo ha invertido en su campaña para suceder a Sabas Chahuán a la cabeza de la Fiscalía Nacional, en un claro interés por el puesto. La candidatura de Guzmán genera división al interior de Ministerio Público, en especial por su actuación en una causa en que se le atribuye haber favorecido a un policía acusado de apremios ilegítimos. Esto es descartado desde la Fiscalía Regional: “No es efectivo que se haya intervenido para solicitar rebaja de las medidas cautelares”, dice el jefe de la unidad de Asesorías Jurídicas, Marcos Pastén.
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El viernes 11 de este mes, el abogado de la Universidad de Chile entregó sus antecedentes a la Corte Suprema. Y si bien hay quienes respaldan su trayectoria –antes de ingresar a la Fiscalía de Chile Guzmán fue director del Proyecto Defensa Jurídica para Menores Inimputables e Infractores de Ley Penal del Servicio Nacional de Menores (Sename) y desde 2011 es jefe de la zona Metropolitana Sur– hay otros que no miran con buenos ojos su eventual llegada a tan alto cargo.

Quienes lo apoyan aseguran que su carisma y redes políticas forman parte de su fuerte. De hecho, es uno de los pocos candidatos a suceder a Sabas Chahuán que ha logrado “sortear con éxito” el “besamanos” en la Corte Suprema, pese a existir Ley del Lobby. Sin embargo, en boca de sus críticos está su excesivo protagonismo y una cuidada imagen que dibujaba hace tiempo las ansias de llegar al cargo más importante del Ministerio Público y que –según distintos persecutores– lo han llevado a buscar una excesiva figuración, por ejemplo, en materia de incautación de drogas. Un estilo heredado del antiguo jefe regional de Fiscalía Metropolitana Sur, Alejandro Peña.

Es por este motivo que en noviembre del año pasado el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, abrió un sumario debido a su precipitada actuación –detención e incautación– en una causa de drogas que estaba llevando adelante otra Fiscalía y que pudo haber puesto en riesgo. Pese a haber sido catalogada esta gestión por el propio Guzmán como una “descoordinación en un procedimiento por tráfico de drogas”, lo cierto es que la situación molestó a varios fiscales, debido a la “irresponsabilidad del procedimiento”. Los mismos que aseguran que como se trataba de un caso importante, tras la estrategia estaba, una vez más, la necesidad de Guzmán de destacar e ir asegurando estrellas en su camino hacia la Fiscalía Nacional. La Fiscalía Sur investiga con frecuencia importantes casos de narcotráfico y a cargo de Guzmán también estaba la investigación de una serie de artefactos que explotaron en el país hace dos años.

De los ocho imputados, solo había cinco presentes, a quienes se solicitó prisión preventiva. La sorpresa se la llevó el fiscal cuando al revisar la orden, que daba pie a la formalización, solo estaba dirigida contra siete de los ocho involucrados. El que no aparecía individualizado era el efectivo policial Daniel Miranda. Una cuestión insólita, ya que en la descripción de los hechos su participación estaba acreditada.

Pese a que, en una resolución de marzo de este año, se aprobó la investigación sumaria que sobreseyó a Guzmán, hay otra investigación que también ha levantado una polvareda de críticas en contra del fiscal de la zona Sur.

Torturas en San Ramón

El caso más emblemático respecto de la actuación del Fiscal Regional Raúl Guzmán se remonta a una serie de apremios ilegítimos, acaecidos durante el 2012 y 2013, cuya responsabilidad recaería en 8 funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en San Ramón.

Uno de estos casos ocurrió el 3 de enero de 2012, cuando el imputado S.A.Z. fue detenido por los funcionarios Juan Cares Gutiérrez y Daniel Miranda Quintana en su domicilio ubicado en Pasaje 4 Poniente Nº 8086, de la Población San Gregorio, comuna de La Granja, “donde se encontraba junto a su esposa y sus hijos, por una denuncia de amenazas en VIF realizada momentos antes por una hermana, siendo trasladado a dependencia de la Bicrim San Ramón, ubicada, en ese entonces, en Avenida La Bandera 9840, comuna de San Ramón”. En el lugar habría sido fuertemente golpeado.

Otro hecho similar tuvo lugar la tarde del 16 de enero de 2013 cuando M.G.C. (38) al volver en bicicleta desde el trabajo a su casa de la población Yungay se percató que funcionarios de la Brigada de Investigación Policial de San Ramón, de la PDI, realizaban un control de identidad a unos sujetos que estaban en un vehículo estacionado en el lugar. Y como pasaba por ahí, MGC corrió la misma suerte. Él accedió voluntariamente y fue trasladado al cuartel de la Bicrim San Ramón.

Según consta en la formalización los funcionarios Pablo Muñoz Chipoco, Omar Astorga Jofré, Jonathan Velásquez Corales, junto a los funcionarios Juan Cares Gutiérrez –quien estaba a cargo de la guardia de dicho recinto policial– y Sebastián Gajardo Rojas, “lo agreden reiteradamente con golpes de pie y puño en la cabeza y en distintas partes del cuerpo, siendo mojado con agua de una manguera por el detective Pablo Muñoz”.

“Además, los funcionarios policiales Pablo Muñoz Chipoco y Omar Astorga Jofré, lo cuelgan de brazos a una viga del techo del estacionamiento de vehículos que hay en el lugar, usando las esposas que M.G.C., tenía puestas en sus muñecas, siendo agredido, mientras se encontraba colgado, por Pablo Muñoz Chipoco, Omar Astorga Jofré y Jonathan Velásquez Corales, y una vez que lo bajaron Juan Cares Gutiérrez, lo levanta tomándolo de sus muñecas, estando esposado, ocasionándole diversas contusiones en su mano izquierda, y una fractura escafoides en su muñeca izquierda, siendo nuevamente agredido por el funcionario Jonathan Velásquez Corales, quien lo golpea con su placa de servicio en la mejilla izquierda y su cabeza, momentos en que le decía a González Castro: ‘Mira la placa, conchae’tumare, nosotros somos choros, nosotros robamos millones, quien soy voh conchae’tumare’”.

Este último hecho –como otros de igual envergadura– fue denunciado por Francisco Ros Torres, oficial profesional de la misma policía, que calificó los hechos como inadmisibles.

Obstáculos en la investigación

Las actuaciones irregulares que vinculan al jefe regional de la Fiscalía Sur comenzaron desde el momento en que se comenzó a solicitar la orden de detención en contra de ocho funcionarios policiales.

Después de que –de acuerdo a fuentes cercanas al caso– hubo una dilación de tres meses, se definió al interior de la Fiscalía que la formalización de los imputados sería después de las Fiestas Patrias de 2014. La investigación ya acumulaba 15 archivadores.

Estando con permiso por las fiestas, el fiscal Venegas tomó conocimiento de que en su ausencia la Fiscalía Regional había solicitado la órdenes de detención el 17 de septiembre, de modo que la Audiencia de Control de detención quedara para el 18 del mismo mes, a la misma hora (16:00) y el mismo tribunal 15 de garantía, donde se llevaría a cabo la formalización por el bombazo en la estación Escuela Militar del Metro.

Venegas suspendió su permiso y regresó para llevar adelante personalmente la audiencia. Como había dos casos a la misma hora, a petición de la Fiscalía Regional, la audiencia de los detectives emigró al 12 Tribunal de Garantía.

De los ocho imputados, solo había cinco presentes, contra quienes se solicitó prisión preventiva. La sorpresa se la llevó el fiscal cuando al revisar la orden, que daba pie a la formalización, solo estaba dirigida contra siete de los ocho involucrados. El que no aparecía individualizado era el efectivo policial Daniel Miranda. Una cuestión insólita, ya que en la descripción de los hechos su participación estaba acreditada.

Pero no solo eso. Cuando la jueza quiso escuchar la declaración de una de las víctimas claves en el caso, el fiscal se percató de que no estaba en la carpeta investigativa. Tiempo después la encontró suelta en otra oficina.

La jornada de ese día terminó además en una batahola mayor. Los familiares de los detectives lanzaron zapatos a la magistrada y le profirieron insultos, que motivaron investigaciones sumarias, incluso contra Gendarmería, por falta de seguridad.

Días después, se solicitó una nueva de orden de detención contra Daniel Miranda. Esa noche, según fuentes cercanas a las investigación, Guzmán habría llamado al fiscal a cargo del caso para cuestionarlo por la orden de detención que había solicitado, con el argumento de que el detective estaba en servicio activo y para mayor sorpresa que, además, era funcionario del Departamento V de Investigaciones, encargado paradójicamente de investigar las irregularidades de funcionarios policiales. Finalmente le solicitó que no pidiera prisión preventiva para él.

Uno de los abogados presentes en la audiencia señala que “el fiscal Guzmán ordenó a través del fiscal que llevaba la causa que no se pidiera prisión preventiva por tratarse de un funcionario activo”.

Otro profesional que estuvo presente en la audiencia, también confirma el hecho: “El fiscal Guzmán pidió que a uno de ellos no se le pidiera prisión preventiva, sino que solo arresto domiciliario, por lo que los abogados de otros imputados pidieron el mismo trato. A lo que Guzmán, por medio de una llamada telefónica, accedió”.

Lo anterior es descartado totalmente por el jefe de la unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Sur, Marcos Pastén Campos: “No es efectivo que se haya intervenido para solicitar rebaja de las medidas cautelares”. Además, agrega que al momento de la denuncia, entre marzo de 2013 y hasta junio de 2014, “la causa presentaba un claro retraso en la investigación siendo que ni siquiera se había citado a la víctima. Es a partir de esa fecha y de las instrucciones que se le entregan al fiscal de la causa que se concreta una serie de diligencias que derivan en la formalización de la investigación, donde recién se solicitan las medidas cautelares”.

Pastén explica que estas consistieron “para la gran mayoría de los imputados en la prisión preventiva, arresto domiciliario y firma diaria, es decir, la única intervención de la Fiscalía Regional tuvo por objeto agilizar una investigación que se encontraba en un evidente atraso y falta de diligencia”. Finalmente, agrega que la materialización de esas instrucciones es responsabilidad de la unidad de la que él es jefe.

La situación de torturas fue considerada un hecho de tal gravedad que motivó que tanto el Instituto de Derechos Humanos como el Consejo de Defensa del Estado se querellaran.

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