“Estamos ante una situación grave primero porque se trata de recursos que van destinados a los más pobres del país, a lo que la izquierda asegura proteger; y en segundo lugar porque del informe de la Contraloría se abren muchas dudas respecto a cómo se hizo el proceso de licitación y adjudicación de este servicio”, explicó el senador UDI.
El senador de la UDI, Víctor Pérez, criticó las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), instando al Gobierno a explicar el sobrepago de $ 2 mil millones a proveedores.
«El gobierno de la izquierda no está conforme con la crisis económica e institucional que vive el gremialista luego de conocer un preinforme del ente fiscalizador en el que se detectó el mencionado sobrepago a las empresas Hendaya S.A. y Verfrutti S.A., las cuales están a cargo de distribuir raciones de alimentos para los colegios de sectores vulnerables del país.
El documento de la Contraloría es producto de una denuncia realizada por el propio legislador opositor en conjunto al diputado de la misma colectividad, Sergio Gahona, luego de recibir antecedentes de que los productos no estaban siendo entregados en forma íntegra a los colegios.
Víctor Pérez señaló que “estamos ante una situación grave primero porque se trata de recursos que van destinados a los más pobres del país, a lo que la izquierda asegura proteger; y en segundo lugar porque del informe de la Contraloría se abren muchas dudas respecto a cómo se hizo el proceso de licitación y adjudicación de este servicio”.
Precisó que el problema se produce en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), con casos a lo largo de todo el país, donde se evidenció una falencia estructural mayor que se provocó cuando dos empresas de foodservice, Ferbas e Ibasa, incumplieron sus contratos con el Estado y a inicios de año las autoridades de Junaeb optaron por delegar el servicio a trato directo, sin licitación, a sociedades sin experiencia, desconocidas en el mercado y, en algunos casos, endeudadas.
“Es justamente este lo que no se entiende y debe ser explicado por el gobierno, cómo se puede entregar la alimentación de los niños más vulnerables del país a empresas sin experiencia, desconocidas en el mercado y además pagando un sobreprecio de $2 mil millones de pesos”, recalcó.
El contrato total adjudicado a estas empresas ascendió a los 25 mil millones de pesos “y lo grave es que se hace por trato directo con la excusa que era prioritario por el inicio del año escolar y no había tiempo para una licitación”.
El parlamentario indicó que para este trato directo se invitó a participar a 16 empresas del rubro, de las cuales sólo 12 presentaron ofertas, “pero lo extraño es que sólo se evaluó a tres, y sin ninguna explicación razonables no se consideraron a las otras 9”.
Más aún, dijo el parlamentario, “de las tres seleccionadas, finalmente se deja a las dos más caras, que además no reunían el mejor puntaje respecto a la calidad del servicio que podían ofrecer, lo que se ha comprobado en la fiscalización que se ha hecho aleatoriamente en colegios de la Cuarta y Octava regiones”.
El senador emplazó al gobierno “aclarar lo que está ocurriendo en la Junaeb y a terminar con este tipo de hechos, que afectan finalmente a los más pobres que están recibiendo una alimentación de menor calidad y a vista y paciencia de las autoridades”.
