En la solicitud ante el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias se alude a un mail del jefe de gabinete del senador donde solicita fondos.
El diputado PC Hugo Gutiérrez envió un oficio el viernes pasado al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias con el fin de que investigue dos denuncias en contra del senador PS Fulvio Rossi.
En el documento se solicita: indagar el doble uso de sedes parlamentarias del senador y el posible incumplimiento de las normas que rigen el destino de las asignaciones parlamentarias para financiar sedes y personal de apoyo, como periodistas y abogados.
Según consigna La Tercera, en la solicitud ante el organismo se alude a un correo electrónico de mayo de 2014, en el que Roberto Estay, jefe de gabinete del senador, pide fondos a una serie de funcionarios públicos y autoridades de la zona a la que representa Rossi en el Congreso.
En el mensaje, Estay pide recursos a un grupo de personas que «nuestro senador ha definido como los más cercanos y de confianza».
A cada uno de ellos le solicita el 10% de sus ingresos mensuales: «Acudo a ustedes para solicitar un aporte comprometido y responsable, de carácter mensual, para fortalecer el trabajo de nuestro senador a través de la Corporación Casa Abierta».
Por tal razón, el oficio enviado por Gutiérrez apunta: «Se han dado a conocer, a través de la prensa, correos electrónicos que involucran al senador y a su jefe de gabinete en la petición de un 10% de los sueldos de autoridades del gobierno de Tarapacá ‘para financiar diversas actividades de la oficina parlamentaria’, la que ya cuenta con financiamiento por parte del Estado», agrega.
«Solicito a este consejo investigue estos hechos, que no tan sólo contraponen nuestro ordenamiento, el cual debemos cumplir de manera irrestricta, sino que, aún mas grave, contraponen de manera seria la máxima buena fe de los ciudadanos con sus representantes», sostiene.
Cabe recordar que el septiembre pasado, el directorio de la Corporación Casa Abierta emitió una declaración pública en la que se reconocía el uso de la sede distrital para el trabajo de la corporación, pero desestimaba que eso pudiese constituir una ilícito.
