Gerente de Aguas Andinas asegura que Joaquín Villarino fue quien ordenó el pago de facturas a ejecutivo de Bancard
Iván Yarur fue interrogado en calidad de testigo por la Fiscalía, por los supuestos pagos irregulares realizados por Aguas Andinas a Inversiones La Música, empresa de Jaime de Aguirre, y también a Inversiones y Servicios Carrizal Limitada, de propiedad de Mario Conca.
En su declaración del 4 de septiembre, en calidad de testigo ante la Fiscalía, Iván Yarur Saifari, gerente corporativo de Finanzas y Abastecimiento de Aguas Andinas, aseguró que fue Joaquín Villarino –entonces vicepresidente de la compañía y hoy presidente ejecutivo del Consejo Minero–, el que le solicitó pagar unas facturas que serían enviadas por Santiago Valdés, ejecutivo de Bancard.
Iván Yarur fue interrogado por los supuestos pagos irregulares realizados por Aguas Andinas a Inversiones La Música, empresa de Jaime de Aguirre –ex director de CHV–, y también a Inversiones y Servicios Carrizal Limitada, de propiedad de Mario Conca.
En 2010 «Villarino tenía el rol ejecutivo dentro de la compañía. Villarino me dice que tiene que pagar unas facturas que me las iba a enviar un señor llamado Santiago Valdés y que me encargue del pago. No me dio ninguna explicación respecto del motivo de dichos pagos. No recuerdo que me haya dicho algo más», declaró Yarur, según indicó La Tercera.
«A los días me llamó Santiago Valdés, me dice había hablado con Joaquín Villarino. Me enteré en esa primera conversación o en una posterior con él, que era ejecutivo de Bancard. Me dijo que me iba a enviar unas facturas de acuerdo a lo conversado con él. Me pidió los datos para facturar y la dirección», agregó.
«En ese periodo (Felipe Larraín Aspillaga, hoy jefe de la firma) era mi jefe directo. No hay ningún documento en que aparezca un visto bueno de Villarino. Todo fue verbal. Tampoco hay algún correo electrónico con la instrucción de autorizar estos pagos».
Entre las facturas rectificadas por Aguas Andinas aparecen tres por $ 45 millones en total entre enero y marzo de 2010, de Jaime de Aguirre, y un documento por $ 22 millones de Conca.
