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Socio y director de Banmerchant es hermano de senadores DC

Proyecto inmobiliario de Francisco Walker Prieto amenaza sitio para la conservación de la biodiversidad en Maitencillo

por 6 noviembre, 2015

Proyecto inmobiliario de Francisco Walker Prieto amenaza sitio para la conservación de la biodiversidad en Maitencillo
El empresario se reunió durante una hora y media con el director regional del SEA, según lo indica la obligación de informar por la Ley del Lobby. El proyecto amenaza gravemente a la colonia reproductiva del Piquero Común más austral en Chile Continental que llega a anidar en el sector de Los Acantilados de La Quirilluca.
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Preocupación existe respecto del rápido y cuestionado avance que ha presentado el proyecto de urbanización El Alto, perteneciente a la Inmobiliaria Banmerchant, cuyo socio y director general es Francisco Walker Prieto, hermano de los senadores Ignacio Walker –por la misma zona–; Patricio Walker, presidente de la Cámara Alta, y Matías Walker, diputado por Coquimbo. Esto, a pesar de que se estaría incumpliendo la normativa vigente con respecto a la planta de tratamiento de aguas servidas, emplazamiento que se contrapone a las exigencias contempladas en el Plano Regulador Intercomunal de Puchuncaví y a los esfuerzos del Gobierno Regional y La Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso que han puesto en valor esta zona como uno de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad en la región y lo proponen como Santuario de la Naturaleza.

“Estamos preocupados por la intención de forzar la aprobación de un proyecto, que presenta serias irregularidades que vulneran los instrumentos de ordenamiento territorial y que significa un serio atentado al medio ambiente de un sector que, como Consejo Regional, hemos querido proteger financiando un estudio que alcanzó un inversión de 25 millones de pesos para que La Quirilluca sea declarado como Santuario de la Naturaleza”, señaló el Consejero Regional de Valparaíso, Manuel Millones.

En este contexto, fuentes  cercanas han confirmado que el director regional del SEA, Alberto Acuña,  quien se ha reunido con Francisco Walker Prieto, según lo indica la obligación de informar por la Ley del Lobby, habría realizado llamados a otras autoridades señalando que hay que evaluar bien este proyecto porque existen muchas presiones.

El SAG y la Seremi de Medio Ambiente se encuentran defendiendo en el SEA a la colonia reproductiva del Piquero Común, la población más austral de esta especie en Chile continental, que alberga a más de 12.000 aves en estado reproductivo, las que se encuentran gravemente amenazadas por el proyecto. Para ello, ambos organismos  realizaron estudios generando indicaciones tendientes a la conservación de la colonia reproductiva, los que fueron realizados por la CODEFF y la Universidad Católica de Valparaíso, solicitando al titular del proyecto inmobiliario, a través del SEA, adecuarse a las condiciones de conservación propuestas en las respectivas licitaciones.

Ambos estudios proponen al menos dos criterios de distanciamiento que superan los 80 metros desde el acantilado, mientras que el proyecto Inmobiliario el Alto, a través de la consultora Sustentable S.A., también de profesionales ligados a la DC, solo considera 12 metros. Lo sorprendente es que esta recomendación se realiza con una sola visita a terreno, según consta en el expediente del EIA.

“Los antecedentes presentados por el titular no subsanan las observaciones planteadas y no permiten establecer el real impacto y evaluar la presencia o generación de los efectos características o circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300, en particular lo señalado en el literal d) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”, aclaró la Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, Tania Bertoglio.

Respecto a las zonas protegidas, consultada la inmobiliaria, aseguró que el proyecto contempla poner en valor el ecosistema, deja libre y no toca las zonas protegidas de los Piqueros Juveniles, señalando que “la normativa territorial vigente exige una distancia de no edificación de aproximadamente 30 m desde la zona de nidificación de Piqueros. El proyecto en cambio propone aumentar esta distancia de no edificación a 120 metros en esa zona e incorpora procedimientos de contingencia y monitoreos a cargo de profesionales biólogos especializados para supervisión del área”.

Según los expertos consultados, que prefirieron mantenerse en el anonimato debido a los comportamientos de la empresa, señalaron que la mitigación propuesta en el proyecto no resguarda adecuadamente la colonia de piquero común que llega a anidar todos los años en temporada estival.

En esa misma línea y en relación con la revisión de la Adenda del proyecto, la Seremi de Medio Ambiente realizó una serie de observaciones cuyas conclusiones revelan que es imposible establecer si las medidas de compensación y mitigación son suficientes y apropiadas de acuerdo al potencial impacto generado por el proyecto.

“Los antecedentes presentados por el titular no subsanan las observaciones planteadas y no permiten establecer el real impacto y evaluar la presencia o generación de los efectos características o circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300, en particular lo señalado en el literal d) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”, aclaró la Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, Tania Bertoglio.

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Por su parte, el ingeniero en recursos  naturales y presidente del Grupo de Acción Ecológica Chinchimén, Javier Trivelli, explica que las medidas para proteger a la colonia reproductiva de Piquero común, propuestas por los servicios de gobierno, son las adecuadas y distan mucho de las presentadas por la inmobiliaria. “El titular del proyecto ha debido abandonar el proceso en dos oportunidades previas y hoy, en su tercer intento ya van en su cuarta adenda, lo que demuestra que nunca han tenido voluntad real de proteger este patrimonio de la naturaleza”.

En otro ámbito, la planta de tratamiento de aguas servidas propuesta por la empresa sanitaria, se emplaza en una zona donde el Plano Regulador Intercomunal no lo permite, tal como lo manifiesta el MINVU mediante Oficio Nº 2631. A pesar de este incumplimiento, el servicio se pronuncia conforme con el estudio.

Desde la inmobiliaria que desarrolla el proyecto de urbanización, señalaron: “El Alto no está evaluando la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en la zona y que  la factibilidad de poder construir o no Plantas de ese tipo en el lugar, es  una discusión mucho mayor que excede al proyecto y que hoy en día se vincula a la V Región y está en el ámbito del Ministerio de la Vivienda y la Contraloría General de la República”.

Al respecto, Trivelli es enfático en señalar que le ha llamado profundamente la atención el comportamiento del SEA: “Solicitamos al director del SEA se tenga presente la impugnación ante la Contraloría General de la República del decreto n.205 del MOP que otorga concesión sanitaria a la  empresa que emitió el certificado. Es muy cuestionable que un servicio como el SEA esté omitiendo este tipo de impactos en una comuna que ya presenta variados problemas medioambientales”.

En este sentido, desde la Municipalidad de Puchuncaví, ratificaron que el proyecto no cuenta con factibilidad de agua potable y alcantarillado, ya que el sector no dispone  de sistemas de saneamiento básico, lo que hace imposible la implementación de una planta de tratamiento.

“En el Estudio de Impacto Ambiental se declara la  factibilidad para abastecimiento de agua potable y alcantarillado a cargo de la empresa El Molino Uno y Compañía limitada, aún cuando no puede proveer los servicios sanitarios que certifica. Solo Horcón es abastecido por Esval, por lo tanto no es factible llegar con una red hasta el terreno donde se va a ejecutar este proyecto”, enfatizó la geógrafa de la Oficina Municipal de Medio Ambiente de Puchuncaví, Catalina Olivares.

Banmerchant es un banco de inversiones especializado en finanzas corporativas, desarrollo y gestión de proyectos inmobiliarios, Asset Management y servicios financieros, cuyos socios son Enrique Huidobro Augier, Agustín Larraín Campbell, Marcelo Silva Rossi, Julio Jaraquemada Ledoux, Eugenio Díaz Candia, Rafael Wilhelm Matthei, Germán Ilabaca Schiaveati y Francisco Walker Prieto, quien representó en calidad de  “gestor de intereses” a la inmobiliaria, Don Lionel Ltda, empresa propietaria del terreno donde sería emplazado El Alto.

De acuerdo a una investigación publicada por Ciper el 15 de marzo de 2010, respecto de las constructoras e inmobiliarias de los edificios más dañados en Santiago tras el terremoto del 27 de febrero, Banmerchant habría iniciado sus actividades el 10 de septiembre de 1998, cuando la Junta extraordinaria de Accionistas de la Inmobiliaria Rancal S.A. decidió cambiar su razón social por Banmerchant S.A. y ampliar su rango de actividades (RUT 96.785.840-0). En diciembre de 2000 ingresa a BNF Ingeniería y Construcción Limitada, (BNF Constructora Ltda.), que posee un capital social de $350 millones, asociándose a Inversionista e Inmobiliaria Roca Limitada y a Felipe Eugenio Maturana Zamora.

En julio de 2002, Inversiones BMC S.A. y Banmerchant S.A. constituyen la sociedad anónima cerrada Inmobiliaria Banmerchant con $ 18 millones de capital social, a través de la cual se relaciona con las sociedades Dual S.A. (diciembre 2002), Bancer S.A. (julio 2003). El 31 de diciembre de 2003 aumenta su capital a 228 millones y medio de pesos. El 2 de enero de 2006 nace Banmerchant Servicios Financieros S.A. con un capital de $ 10 millones, la que da paso en noviembre de 2009 a Inversiones y Rentas Universitarias S.A. en sociedad con Inversiones y Asesorías Doble L Limitada, Asesorías Muñoz y Holscher Limitada, Inversiones Cinco L Limitada.

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