Sus accionistas eran socios minoritarios de la distribuidora peruana antes que la empresa nacional asumiera su propiedad
Así lo estableció una investigación realizada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del país vecino. Lipigas está ligada al grupo Yaconi SantaCruz y a un grupo de inversionistas locales, entre ellos Andrónico Luksic y Leonidas Vial.
Una investigación realizada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (Indecopi) detectó una colusión de gas licuado.
Entre las empresas concertadas aparece Lima Gas SA, filial de la chilena Lipigas, ligada al grupo Yaconi Santa Cruz y un grupo de inversionistas locales, entre ellos Andrónico Luksic y Leonidas Vial.
En el caso de Luksic, el empresario habría llegado a la firma incaica en 2012, en forma indirecta a través de LarrainVial.
Según consigna Diario Financiero, las otras firmas coludidas son Repsol Gas del Perú SA, Zeta Gas Andino SA, Llama Gas SA y Forza Gas E.I.R.L.
Varios de los accionistas participaban de la propiedad de la distribuidora peruana con anterioridad a 2013, año en que Lipigas adquirió Lima Gas.
Entre ellos, sociedades ligadas a Pablo Noguera Gorget, Manuel Santa Cruz López, Pola M. Pía, Jaime y Juan Pablo Santa Cruz Negri e integrantes de la familia Vinagre.
El organismo de libre competencia peruano aseguró que estas empresas se coordinaron para realizar incrementos simultáneos de los precios del GLP, especialmente en los cilindros de 10 kilos (los de mayor consumo de la población).
Además, habrían coordinado incrementos de precio de entre US$ 14,28 y US$ 16,69 por tonelada métrica en el caso de la venta a granel y otros envases.
Asimismo, las firmas habrían acordado no traspasar a los consumidores una reducción de los impuestos asociados al hidrocarburo, ni tampoco la baja del 1% en el IVA (IGV) decretada por la autoridad.
De acuerdo al diario de color salmón, el proceso está en su etapa inicial y las firmas acusadas no han tenido acceso a las pruebas con las que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú elaboró la acusación.
Se espera que el proceso dure cerca de tres años y luego las firmas podrían recurrir a tribunales si son sancionadas.
