La jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Gajardo, acogió la solicitud del Ministerio Público que argumentó que 17 víctimas aún no han sido notificadas del acuerdo alcanzado con las defensas.
Para el próximo 4 de abril quedó fijada la audiencia donde se decidirá si suspende o no el proceso judicial en el denominado caso Tsunami.
La jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Gajardo, acogió la solicitud del Ministerio Público que argumentó que 17 víctimas aún no han sido notificadas del acuerdo alcanzado con las defensas.
Desde temprano comenzaron hoy a llegar al Centro de Justicia familiares de víctimas tras la fallida alerta de tsunami el 27 de febrero de 2010.
«Llegamos todos de Constitución a las 06:00 horas parta darle a demostrar a este juez que no estamos de acuerdo con lo que (la Fiscalía) está planteando, nos sentimos pasados a llevar como familia y queremos una respuesta que ojalá sea para el bien de los familiares de las víctimas del 27-F», indicó María Contreras, quien perdió a su hijo Felipe Sáez, de nueve años, en la tragedia.
«A nosotros no nos tomaron en cuenta», agregó la mujer.
«No estamos en ningún momento de acuerdo, lo único que queremos es que el señor juez haga oído a los familiares de las víctimas y nos escuche, porque ese es un acuerdo al que llegó solamente el fiscal con la parte en contra que tenemos. Acá se están pasando a llevar los derechos humanos (…) Nuestro familiares cuestan menos que un par de zapatos en este momento», dijo por su parte Sofía Monsalve.
El acuerdo implica que el subsecretario del Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende deberá pagar 80 millones de indemnización; la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández 40 millones de pesos; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett cinco millones de pesos; y los marinos del SHOA, Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina, deberán pagar un total combinado de 40 millones de pesos.
Asimismo, tendrán que leer una carta en la que no tendrán que pedir necesariamente perdón y también financiar un seminario sobre terremoto.
Los abogados querellante anunciaron que van a recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago.
