Partido de Marco Enríquez-Ominami dijo ayer que los gastos fueron justificados por la candidatura y aprobados por el organismo. «Nosotros sólo podemos dar fe de lo que se nos presenta», aseguró Patricio Santamaría.
El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, salió al paso de la versión dada ayer por Marco Enríquez-Ominami a través de su cuenta en Twitter y del Partido Progresista (PRO) sobre el uso de un jet privado de la empresa brasileña TAP, durante la campaña presidencial. Según MEO y la colectividad, esos gastos fueron justificados por la candidatura y aprobados por el organismo.
“Mal podríamos haber aprobado algo que no se nos declara”, respondió Santa María, precisando que hasta el 2013 el Servel no tenía atribuciones para fiscalizar más allá de lo que declaraban los propios candidatos como ingresos y gastos.
De igual modo, explicó que el Servel está obligado por ley a hacer pública toda la declaración de ingresos y gastos de los candidatos, junto a los documentos de respaldo que presentan los comandos.
“De tal manera que si ahí no aparece un gasto, es porque éste no se declaró. Nosotros sólo podemos dar fe de lo que se nos presenta”, recalcó.
“Hay personas que están ejerciendo cargos que reconocieron que recibieron aportes y que no los declararon ante el Servicio Electoral; obviamente, si no conocimos esos aportes es imposible que pudiéramos haberlos aprobado o rechazado, puesto que eran desconocidos”, insistió el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral.
El vicepresidente del PRO, Camilo Lagos, aseguró en La Tercera que el pago de la aeronave de la empresa de Taxi Aereo Piracicaba fue incluido en la rendición de gastos ante el Servel.
“El avión fue parte del paquete que ofreció la agencia brasileña (…). Ellos vinieron a Chile a hacerse cargo de la campaña, de las principales tomas, imágenes. En enero de 2014, cuando se rectifican algunas facturas que fueron observadas por el Servel, fuimos muy transparentes (…). Tuvimos que explicarle al Servel lo que significaban esas facturas de publicidad y lo que implicaba, entre ello, contratar una agencia brasileña de publicidad”, afirmó Lagos.
Según el dirigente, esto se encuentra demostrado en la factura 27, por un monto de $ 170 millones, que entregó la empresa consultora en marketing Cono Sur Resarch, de propiedad de Cristián Warner.
“Legalmente nosotros como campaña no podemos gastar en un servicio provisto por extranjeros, el mismo Servel nos sugería hacerlo a través de agencias chilenas, y lo hicimos a través de una agencia chilena que contrató los servicios de la agencia brasileña, que incluía los servicios del avión, y eso fue aclarado en su momento”, detalló.
Al respecto, Santamaría afirmó: «El Servel no hace sugerencias a las candidaturas sobre el cumplimiento de la ley».
