Bernardo Lara hace gallito con la fiscalía y dice que se acabaron acciones «contra quienes resulten responsables»
«El Ministerio Público tiene otra función, que es esencialmente perseguir el delito común. Y este es delito especial. Por alguna razón, se elevó a la condición de delito tributario el fraude común. Si el Ministerio Público quiere perseguir a los señores que dice que no puede perseguir, yo creo que está en un error, porque los puede perseguir por fraude común», sostiene el subdirector jurídico del ente recaudador.
El cuestionado subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Bernardo Lara, reafirmó el criterio restrictivo en las querellas por platas políticas, afirmando que se acabaron las acciones «contra quienes resulten responsables».
En entrevista con La Tercera, Lara señala que «quiero dejar muy en claro que nosotros no somos un organismo investigador y tampoco somos una policía, como tiende a confundirse por algunos fiscales, dándonos órdenes para cumplir diligencias que no nos competen. Nosotros somos un organismo tributario, fiscalizador, que administra las leyes tributarias».
«El SII y el Ministerio Público estamos tratando de cumplir con nuestro deber lo mejor posible para servir al Estado. He percibido últimamente como que el problema es de Impuestos Internos. Y el problema no es de Impuestos Internos, es de los que incurrieron en el delito (…) El que está judicializando fue el que cometió el delito. El problema es de los que defraudan a todos los chilenos que pagamos nuestros impuestos”, sostiene.
Lara también cree que el monopolio de la acción penal tributaria lo debe tener el SII, ya que «así ha sido en los 60 años de existencia del Código Tributario que rige en Chile. Siempre el director del SII, desde 1960 a la fecha, ha sido el titular de la acción penal, en el entendido que la acción penal por delito tributario es una facultad del SII coadyudante a su función principal, que es la fiscalización. Constitucionalmente, la investigación penal está entregada exclusivamente al Ministerio Público y constitucionalmente, la investigación policial está entregada a Carabineros e Investigaciones de Chile. Nosotros no tenemos capacidad de investigar delitos, ni lo deseamos».
En ese sentido, también desestima que la facultad de perseguir delitos tributarios la tenga la fiscalía, puesto que explica que «el Ministerio Público tiene otra función, que es esencialmente perseguir el delito común. Y este es delito especial. Por alguna razón, se elevó a la condición de delito tributario el fraude común. Si el Ministerio Público quiere perseguir a los señores que dice que no puede perseguir, yo creo que está en un error, porque los puede perseguir por fraude común».
Lara aparece vinculado con la Fundación Dialoga, creada tras el primer Gobierno de Michelle Bachelet con el objetivo de preservar su legado, luego que El Mostrador publicara, en septiembre del año pasado, que el subdirector jurídico fue consultado para reducir el acta de escritura pública como para realizar todas las acciones que «fueren necesarias para la total validez de los acuerdos«.
El vínculo del funcionario del SII con la fundación reviste relevancia si algunos miembros del círculo cercano de la mandataria y que pasaron por esta entidad están siendo investigados en el caso SQM-Salar, filial de la minera no metálica a través de Asesorías y Negocios.
Respecto a la posición asumida por el fiscal nacional, Jorge Abbott, en cuanto a formalizar sin querellas, pero bajo ciertas condiciones, el subdirector jurídico del SII menciona que «si yo digo que no se puede iniciar una investigación penal por delito tributario sin acción previa del SII, tampoco podría formalizar, ni acusar ni llevar a juicio penal. No puede hacer todo el proceso. Pero ese es un problema del Ministerio Público. Ellos verán si formalizan, si acusan sin acción del delito tributario. ¿Quién va a resolver? Los tribunales. Si el poder judicial consolida y ratifica esa posición, nosotros nos vamos a ajustar. Lo que yo quiero rescatar es que el Ministerio Público es soberano para ejercer la ley y las acciones como ellos la interpreten. No somos quienes para interpretar; como no es el Ministerio Público quien para venir a interpretar nuestra legislación. Para eso existe en nuestro Estado de Derecho el poder judicial».
«Aquí creo que como han actuado los medios de comunicación, traspasando, con transparencia, el devenir de estos casos a la opinión pública, se ha creado un ambiente de ver, con una especie de morbo, cómo se hace justicia en esto. Y va a ser imposible que todas estas querellas o denuncias que existen actualmente terminen en condena. Yo creo que muy pocas van a terminar en condena y las que terminen en condenas no van a terminar en penas efectivas, sino que, seguramente, con algún grado de cumplimiento alternativo», afirma respecto a los casos en que se han visto involucrado diversos políticos.
Cree que por consecuencia habrá un costo que pagar frente a la opinión pública y «nosotros creemos que debemos seguir en lo que ha sido nuestra tesis histórica. Poner casos fundados, técnicamente robustos y lo que es más importante: que terminen en condena. Nosotros, en conversaciones que hemos tenido con el Ministerio Público, hemos puesto como condición que no aceptamos suspensiones de procedimiento ni tampoco indemnizar a la víctima, porque la víctima no somos nosotros, es el Estado, son las platas del Estado. Nosotros solo aceptamos procedimientos abreviados que signifiquen una condena».
Sobre el costo del que habla, Lara sostiene que obviamente habrá un culpable y es el SII, pero agrega que «tenemos 506 requerimientos, esperamos cumplirlos todos. Pero también puede haber casos en que no vamos a recomendar acción penal. ¿Y qué pasa en un caso en que el Ministerio Público formaliza y nosotros decimos: “aquí creemos que no hay mérito, no hay dolo, no hay perjuicio fiscal”?».
El funcionario anuncia que durante este mes, el servicio presentará sobre «la decena» de querellas vinculadas al caso SQM, todas nominativas.
