Filtración periodística incluye a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta
El Servicio de Impuestos Internos (SII) reportó en 2015 la existencia de US$11.200 millones, declarados por 408 contribuyentes con inversiones en Panamá, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. [Actualizada]
Este lunes, Ciper Chile publicó una extensa nota donde revela los nombres de las figuras políticas, deportivas y empresariales chilenas que salieron salpicadas a través de una filtración periodística a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta, sobre paraísos fiscales.
De acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la filtración incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas «offshore» en más de 200 países y territorios.
La investigación, que se realizó en conjunto con 109 medios de todo el mundo, «dejó al descubierto los nexos ocultos que el bufete panameño ha mantenido históricamente con gobernantes, políticos, celebridades y empresarios en distintos países. También con un sinnúmero de ‘clientes’ incluidos en listas negras internacionales, entre los que se cuentan estafadores, sospechosos de financiar el terrorismo, traficar drogas y proveer de armas a países azotados por guerras internas», señala Ciper.
En lo que se refiere al capítulo chileno, se menciona que Mossack Fonseca abrió oficinas en Chile en diciembre de 2012 de la mano del abogado Juan Cristóbal Recart Salas. Desde fines de los 70 a la fecha, la firma ha sido vehículo para la creación de cerca de 200 entidades offshore vinculadas a chilenos o a extranjeros con inversiones en Chile, en jurisdicciones como Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles y Nevada (USA).
Según el reportaje, en algunos casos son sociedades instrumentales con un directorio de pantalla, conformado por ejecutivos de la misma firma Mossack Fonseca o testaferros. La idea es una sola: resguardar la identidad de los reales propietarios de los dineros que administran.
Al respecto, Ciper consigna que en el caso chileno «no se sabe con certeza el total de capitales invertidos en paraísos fiscales. La única aproximación posible es a partir de las declaraciones realizadas por contribuyentes chilenos con dineros alojados en esas jurisdicciones».
El Servicio de Impuestos Internos (SII) reportó en 2015 la existencia de US$11.200 millones, declarados por 408 contribuyentes con inversiones en Panamá, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
Entre los beneficiarios chilenos de las sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca aún activas, figuran el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y socio del ex jefe financiero de la DINA, el abogado Alfredo Ovalle Rodríguez; el empresario Isidoro Quiroga Moreno,quien ha hecho millonarios negocios con la venta de derechos de agua entregados por el Estado; el dueño de la empresa El Mercurio S.A.P., Agustín Edwards Eastman; el ex ministro de Hacienda, candidato presidencial y hasta hace poco director de Soquimich, Hernán Büchi Buc; la familia Calderón Volochinsky, controladora de la empresa de retail Ripley; y los empresarios de las apuestas y juegos de azar, Luis y Lientur Fuentealba Meier, entre otros.
Entre los abogados que aparecen en estos registros actuando como intermediarios, figura el presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau Swett. El profesional gestionó a través de Mossack Fonseca la administración de una serie de sociedades offshore con domicilio en Bahamas, desde las que se controla un millonario proyecto minero e hidroeléctrico en la V Región.
De igual modo, Ciper aclara que la información disponible «no arroja evidencias de ilegalidades. Para romper ese cerco, se necesitaría contar con la información bancaria completa de esas sociedades y cruzar esos registros con bases de datos del SII y del Banco Central, pero esa información por ley se encuentra bajo secreto».
Felipe Lyon respondió a Ciper en calidad de apoderado de Agustín Edwards Eastman, dueño de El Mercurio S.A.P. y beneficiario de la sociedad offshore Aladin Marine Corporation, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas desde mayo de 1994.
Lyon explicó que la sociedad era “una sociedad holding de inversiones”, que la totalidad de sus activos están radicados en Estados Unidos y que las inversiones de la sociedad en el extranjero se habían financiado “con fondos tributados en Chile” y con ingresos provenientes de “su trabajo en una empresa norteamericana, durante la época en que debió abandonar el país por razones de seguridad personal y de su familia”.
Esto, en referencia a Pepsico Inc., compañía de la cual Agustín Edwards fue vicepresidente entre 1970 y 1975. Archivos desclasificados en mayo de 2014 por Estados Unidos revelaron una reunión el 14 de septiembre de 1970 entre el empresario chileno y el jefe de la CIA, Richard Helms.
Aquella mañana Edwards tomó desayuno en Washington con Henry Kissinger, en ese tiempo asesor de Seguridad del presidente Richard Nixon. Entonces, Kissinger le pidió al jefe de la CIA que se reuniera con Edwards para que lo informara de la situación en Chile. Junto a ellos, estuvo el presidente de Pepsi Cola, Donald Kendall.
La cita fue clave en la estrategia desestabilizadora emprendida por el gobierno de Nixon en contra de Allende.
El ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alfredo Ovalle Rodríguez, también aparece vinculado con Mossack Fonseca.
El empresario creó en 1976, junto su socio Raimundo Langlois Vicuña, la primera de una serie de empresas con el jefe del Departamento Financiero de la DINA, Humberto Olavarría Aranguren, ex oficial de Armada y amigo de Manuel Contreras.
Ovalle fue el nexo entre Olavarría y el ex presidente panameño entre 1990 y 1994, Guillermo Endara Gallimany, a quien había conocido en Nueva York en la década de los 60. Este último constituyó varias sociedades pantalla para la DINA en Panamá destinadas a financiar la Operación Cóndor.
En 1987 Ovalle creó la sociedad Sierra Leona, con domicilio en Panamá. Parte de las acciones de esa sociedad se emitieron al portador y otro tanto a nombre de otras dos compañías también registradas en ese país: Thames Global Corporation y Blue Hill Group Incorporated.
En octubre de 2008 todas las acciones de Sierra Leona fueron traspasadas a una nueva estructura creada en Panamá por el ex timonel de la CPC: la Fundación Bello Amanecer.
Según consigna Ciper, Alfredo Ovalle ha tomado todas las precauciones para mantener su identidad lo más desconectada de las entidades offshore que controla. La administración de Sierra Leona está en manos de un “directorio pantalla” conformado por ejecutivos de la propia Mossack Fonseca.
El ex ministro de Hacienda de Pinochet, ex candidato presidencial y director de Soquimich, Hernán Büchi, también aparece en la filtración periodística. Aparece como accionista de Compton Investment Inc., sociedad registrada en Seychelles en enero de 2011 y cuya directora es la abogada argentina y esposa del ex ministro, María Eleonora Urrutia.
La sociedad se abrió a través de las oficinas de Mossack Fonseca en Montevideo, Uruguay y, según los registros, aún se mantiene activa. En octubre de 2012, la mitad de las acciones de Compton fueron absorbidas por la sociedad Deleo International Corp., con domicilio en Islas Vírgenes Británicas, a la que los archivos de Mossfon identifican como “propietaria de inmuebles fuera de Uruguay”.
“No soy ciudadana chilena y, dado mi estatus, no me ha correspondido tributar en Chile en base a mi renta global”, dijo la abogada Urrutia, agregando que la sociedad de Seychelles no tiene cuentas bancarias en ninguna jurisdicción offshore.
También hay registro de una serie de otras sociedades offshore vinculadas a empresarios y abogados chilenos. En este capítulo, figura el presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau Swett.
El abogado mantiene una relación con la firma panameña desde al menos 2006, cuando integraba el estudio jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz.
Delaveau, socio del estudio Honorato-Delaveau, es también director de la minera Andes Copper, compañía de capitales canadienses y titular del proyecto Vizcachitas para la extracción de cobre y molibdeno en Putaendo (V Región). El proyecto –que contempla la instalación de una hidroeléctrica de pasada– tiene en pie de guerra a la comunidad local por el uso intensivo que hará la minera de los recursos hídricos de la zona.
Mossack Fonseca aparece como el agente de al menos cinco sociedades offshore con domicilio en Bahamas vinculadas a Andes Copper y en las que el abogado Delaveau ha tenido un rol clave en calidad de director o secretario de algunas de ellas: Turnbrook Corporation (mayo de 2006), DK Corporation (mayo de 2011), Heatlhey International Inc. (agosto de 2011), Turnbrook Mining Ltd. (diciembre de 2011) y Vizcachitas Ltd. (existe desde 2006, pero fue incorporada en diciembre de 2013 a los registros de Mossfon).
Según información financiera de Andes Copper, Turnbrook Mining Ltd. posee el 51,6% de la minera, en la que también participa como director el empresario chileno Eduardo Covarrubias Noé.
Mossack Fonseca registró, en agosto de 2002 y abril de 2012, en Islas Vírgenes Británicas las sociedades Jorad Trading Inc. y Woodfell International Corp. Ambas están ligadas a los hermanos Andrés, Lázaro, Michel y Verónica Calderón Voloshinsky.
A través de Inversiones R Matriz Limitada y de Inversiones International Funds S.A., la familia Calderón controla el 53% de las acciones de la empresa de retail Ripley Corp., la que en 2014 obtuvo utilidades cercanas a los $44.600 millones.
Ripley Corp. es, a su vez, propietaria del 40% de Woodfell International, sociedad que comercializa la marca de ropa Forever 21 en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá. Los registros de Mossfon indican que Jorad Trading se dedica al negocio de la exportación e importación en Chile, Perú y China.
Tal como consigna el reportaje, el SII se querelló contra Alberto Calderón Crispín, uno de los fundadores y accionistas principales de Ripley por una serie de operaciones que tuvieron lugar en 2008.
Se le acusa de haber constituido una sociedad acogida a un régimen simplificado de tributación, pese a que no cumplía con los requisitos, con el fin de no pagar los impuestos a utilidades generadas durante la venta de un paquete de acciones. En su primera denuncia, de 2014, el SII calculó que se habían evadido US$22,3 millones. La querella incluye a Jorge Andrés Saieh y Pilar Dañoboitía, ambos directivos del Grupo Saieh (principal financista de Ciper), que fue el que compró las acciones de Ripley Corp.
En los registros de Mossack Fonseca también aparece con una sociedad inactiva desde 2008, Luis Enrique Yarur, presidente y controlador del Banco de Crédito e Inversiones (BCI). Yarur fue el beneficiario de la sociedad Westhill Investment, creada en agosto de 1994 en Panamá. En los archivos de Mossfon hay registros que dan cuenta de una serie de millonarios préstamos realizados (uno por US$6 millones y otro por US$59,5 millones) en 1996 por el Chase Manhattan Bank (hoy JP Morgan Chase Bank) a Westhill Investment y en los que actuó como aval Inversiones Petro S.A., el brazo a través del que históricamente los Yarur han controlado su holding familiar.
Dos años antes, coincidentemente con la creación de Westhill, Luis Enrique Yarur había iniciado la toma de control del BCI comprando acciones, según versiones de prensa, a un precio 50% inferior al valor de su transacción en Bolsa.
Según El Mostrador Mercados, la operación habría sido concretada fuera del país, evitando así el pago de impuestos en Chile.
