“Chile atraviesa un período histórico de transformación para reconocer a la educación como un derecho y no como un bien de consumo”, señaló el Sr. Singh al término de su visita* oficial a Chile, en la que alabó los esfuerzos por deshacer 30 años de políticas educativas basadas en las fuerzas del mercado y adoptadas en nombre de la libertad de enseñanza, que han conducido a altos niveles de segregación y estratificación escolar.
“El Estado sigue siendo el guardián del derecho a la educación en todas las circunstancias”, dijo hoy el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Kishore Singh, al exhortar a las autoridades chilenas a destinar a la educación la mayor cantidad de recursos posible sobre una base sostenible.
“Chile atraviesa un período histórico de transformación para reconocer a la educación como un derecho y no como un bien de consumo”, señaló el Sr. Singh al término de su visita* oficial a Chile, en la que alabó los esfuerzos por deshacer 30 años de políticas educativas basadas en las fuerzas del mercado y adoptadas en nombre de la libertad de enseñanza, que han conducido a altos niveles de segregación y estratificación escolar.
Para el Relator Especial, la libertad en la enseñanza no da libertad a cualquier proveedor de la educación para socavar la educación como un bien público o para subordinarlo al interés privado en detrimento de la responsabilidad social en la educación. “El Estado es la autoridad legítima en el ejercicio de la potestad reglamentaria que cubre todos los aspectos del sistema educativo”, recalcó.
“Chile ha emprendido el proceso de implementación de la Ley de Educación Inclusiva de junio de 2015, con el compromiso de erradicar progresiva y completamente la educación con fines de lucro antes de que termine el 2017”, el experto de la ONU indicó. “Las reformas históricas promovidas por el Gobierno actual no tienen precedente.”
El experto felicitó al Chile por adoptar leyes en varias áreas clave tales como la Ley que crea el Plan de formación ciudadana. Otros proyectos de ley como el que crea el Sistema Nacional de Educación Pública, la Ley de garantías de derechos de la niñez y la reforma en la educación pública para incrementar capacidad institucional se están considerando. “En el espíritu de las reformas, no se debería seguir permitiendo los intereses corporativos en las universidades”, agregó.
El Relator Especial urgió a las autoridades chilenas a adoptar una ley sobre la financiación de la educación, recalcando que la educación no es sólo un derecho en sí mismo, sino que también es esencial para el ejercicio de los demás derechos humanos. “Un marco jurídico para la financiación de la educación haría posible dedicar el máximo de recursos a la educación sobre una base sostenible”, dijo.
“Un marco regulatorio estricto es esencial para garantizar que no se permita a ningún proveedor privado reducir la educación a un negocio, la trate como un bien de consumo y disfrute del fraude financiero y la corrupción en la educación”, enfatizó el Relator Especial.
“Estas prácticas deben ser investigadas rigurosamente con transparencia y completa rendición de cuentas, y aquellos que sean hallados culpables deben ser llevados ante la justicia”, concluyó el experto en derecho humanos.
