El fiscal que investigó a un grupo de planteles de Educación Superior afirmó que se encontró la evidencia de «pagos importantes» a los controladores de esas instituciones, desde las universidades a través, en su mayoría, de inmobiliarias.
El fiscal Carlos Gajardo, a cargo de dos investigaciones en torno posibles irregularidades en la industria de universidades, por un lado en la Comisión de acreditación y paralelamente en el «lucro en las universidades», se refirió particularmente a esta última indagatoria, donde no pudo aplicar sanciones concretas.
«Esas conductas no encuadran en ninguna figura penal que pudiera ser actualmente perseguible por parte de la fiscalía», dijo Gajardo a radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso. De todas maneras, el fiscal confirmó que durante su trabajo en este caso si se acreditó «la existencia de pagos importantes», desde las universidades a los controladores a través en su mayoria de inmobiliarias.
«El hecho que fondos de una universidad sirvan para pagar servicios prestados por una institución relacionada no es constitutivo de delito en nuestro país», aclaró Gajardo.
Los centros de estudio investigados fueron las universidades «Andrés Bello, de Las Américas, de Viña del Mar, Santo Tomás, San Sebastián, Central, del Desarrollo, SEK, UNIACC, Pedro de Valdivia, del Mar y la Universidad Autónoma.
