Al respecto, señalan: «El millaje, por sí solo, no afecta la probidad, en la medida que se use para el fin público propio del organismo».
Doble viático, «Bancongreso» y acumulación de kilómetros Lanpass son algunos de los beneficios que por largo tiempo han beneficiado a los parlamentarios. Hoy, todos ellos, son cuestionados por la ciudadanía.
Respecto a esta última práctica, la Cámara resolvió a fines del año pasado terminar con la acumulación de millas aéreas en los viajes pagados por el Congreso.
Tal como consigna La Tercera, la idea era evitar que los kilómetros obtenidos se utilizaran con fines particulares, como por ejemplo vacaciones.
Para tales fines, la Corporación concretó un convenio con LAN en enero pasado.
En el Senado, la situación fue distinta. En una circular emitida el 14 de marzo y firmada por el secretario general del Senado, Mario Labbé, se informó sobre la nueva “regulación del uso del millaje”.
A diferencia de lo resuelto en la Cámara de Diputados, en la Cámara Alta no se prohibió la acumulación de millas, sino más bien se limitaron (tanto para senadores como para su personal de apoyo y asesores externos). Y se fijo que los traslados deben tener relación «con el ejercicio de la función parlamentaria».
En síntesis: los senadores podrán seguir acumulando kilómetros -en viajes nacionales e internacionales-, y sus asesores podrán hacer lo mismo cuando viajen con los pasajes de libre disposición de los parlamentarios.
Eso sí, el uso de ese millaje deberá justificarse ante el Departamento de Finanzas de la corporación. Para ello, se dispondrá de un formulario donde se deberá indicar el millaje usado, la fecha en que se utilizó, los viajes o el itinerario, el nombre del pasajero y su RUT (en caso de que sea alguien distinto al senador), y el propósito del viaje en relación al ejercicio de la función parlamentaria.
En el Senado justifican la decisión señalando que “el millaje, por sí solo, no afecta la probidad, en la medida que se use para el fin público propio del organismo”.
Y dicen que lo resuelto se ciñe a lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de bases de la Administración, y a los dictámenes que ha emitido la Contraloría en materias ad hoc.
